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Foto: www.fgajedrez.org
En nuestro país, la actividad política se encuentra inmersa en un creciente desprestigio por parte de la opinión pública. En general, la población no sólo manifiesta una permanente incredulidad sobre las ofertas que los políticos realizan en campaña sino que, peor aún, reduce año tras año su confianza en las instituciones. En la Encuesta 2008 sobre confianza en las instituciones políticas, la empresa Consulta Mitofsky encontró que mientras las Universidades, la Iglesia y el Ejército mantienen una reputación razonablemente buena entre la vasta mayoría de los mexicanos, las instituciones con “confianza baja” son -en el siguiente orden- los Senadores, la policía, los sindicatos, los diputados y por último los partidos políticos.
No obstante, esta opinión que tienen los mexicanos sobre la actividad política no es gratuita. Se ha forjado a pulso con la ineficacia para atender adecuadamente las demandas ciudadanas, con el gasto excesivo y la opacidad que se registra en el uso de los recursos públicos, así como a base de escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito y -en el caso más extremo y lamentable- con episodios de la vida política que demuestran sus vínculos con el crimen organizado y concretamente con el narcotráfico.
Recientemente, en medios impresos se informó de la investigación que la Procuraduría General de la República emprendió para determinar la responsabilidad de Cándido y David Monreal Ávila, hermanos del Senador perredista Ricardo Monreal, en el hallazgo de más de 14 toneladas de mariguana en bodegas de la deshidratadora de chiles de su propiedad en Fresnillo, Zacatecas. Por su parte, no hace mucho que el ex presidente Miguel de la Madrid hiciera reveladoras declaraciones sobre la administración del presidente Salinas y lo que, según su testimonio, fueron los abusos, la corrupción, los negocios ilícitos y los vínculos con cárteles del narcotráfico del ex presidente y su hermano Raúl. En una palabra, la política de la impunidad que caracterizó al gobierno mexicano durante décadas.
En este contexto, y tomando en cuenta que estamos inmersos en una campaña electoral competida para la renovación de la Cámara de Diputados así como de autoridades legislativas y ejecutivas de algunos estados de la Federación, la ciudadanía necesita comprobar la honorabilidad de quienes aspiran a ser sus representantes. De ninguna manera basta con la promesa de ser personas de bien, sin vínculos con el crimen, sin problemas de adicciones, sin antecedentes penales, sin propiedades y recursos de inexplicable origen. Los partidos y los candidatos tienen el deber de poner a disposición de la opinión pública toda la evidencia que garantice su probidad. Sólo así, la población comenzará gradualmente a recuperar la confianza en los políticos y en la democracia y habrá mayor participación política.
Por ello, en un hecho inédito, el candidato del PAN a diputado local por el Distrito 30 de Naucalpan, Luis Gustavo Parra, se sometió el 20 de mayo pasado a una prueba antidoping para mostrar que se encuentra libre del consumo de drogas. En efecto, una vez concretada la prueba, que resultó negativa, el candidato, la dirigencia estatal del partido y una servidora nos manifestamos a favor de que los candidatos de todos los partidos políticos, a lo largo de la República, se realicen esta prueba y hagan públicos sus resultados.
No hay que olvidar que en México vivimos un grave problema de aumento en el consumo de droga –especialmente entre nuestros jóvenes- y por tanto es indispensable enviar un mensaje al electorado sobre las dimensiones de este reto así como hacer un firme compromiso con la prevención y el combate a las adicciones.
Esta actitud para mostrarse con la mayor transparencia ante la sociedad debería permear en el resto de los Partidos que participan de la contienda. Y no sólo para frenar el descrédito de la política sino, además, para generar incentivos a fin de que los ciudadanos hagan pleno uso de sus derechos cívicos y con ello disminuya el abstencionismo que acecha la elección del próximo 5 de julio.
Artículo publicado el pasado 23 de mayo de 2009 en el diario Milenio – EdoMéx




