Foto: informador.com.mx

Después de un proceso legislativo que comenzó en 2009, y en el que los Senadores participamos activamente, el Presidente Calderón firmó, el pasado 12 de enero, el decreto de reforma de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( ). Mediante esta reforma, todos los trabajadores pensionados bajo el régimen de 1973 de la ley del Seguro Social, que no hayan ejercido su crédito de vivienda, podrán recuperar esos ahorros y permitirá que aquellos que hayan liquidado su primer crédito puedan adquirir otro. Finalmente, se atiende así una vieja demanda de los trabajadores que, con justa razón, tramitaban amparos para obtener la devolución de un dinero por el que trabajaron durante muchos años y al que, sin duda, tenían derecho de acuerdo con la Constitución. En ese sentido, la ley se origina en la necesidad de generalizar para todos los trabajadores un procedimiento que les permita recuperar su ahorro sin necesidad de presentar un recurso de amparo directo de acuerdo con las jurisprudencias que sobre el particular dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio pasado.

Aproximadamente 2 millones 200 mil pensionados comenzarán a recibir desde 20 mil pesos, en una sola exhibición, por concepto de devolución de los recursos no utilizados de su subcuenta de vivienda. Para dar agilidad al proceso, el INFONAVIT publicó una serie de reglas diferenciadas para cuatro grupos de pensionados. El primer grupo es para aquellas personas que se pensionarán después de la entrada en vigor de la ley. Todas ellas podrán entregar su solicitud, a partir del 13 de febrero próximo, en un Centro de Servicio INFONAVIT que les indicará la fecha del pago. El segundo grupo lo constituyen personas que tienen en proceso una demanda y aún no cuentan con una resolución del juez. Ellos podrán presentar sus solicitudes a partir del 16 de enero, desistirse de su demanda o amparo y al poco tiempo obtener su dinero. También a partir de esa fecha el tercer grupo -formado por quienes tienen en proceso una demanda laboral o un juicio en trámite todavía sin una resolución judicial-podrá presentar su solicitud de devolución y en el propio Centro de Servicio les especificarán el monto y el día del pago que se efectuará. Finalmente, un cuarto grupo está destinado a las personas que no han solicitado aún su devolución o para que aquellas que ya demandaron y cuentan con una resolución judicial en contra. Todos ellos tendrán que esperar un mínimo de seis meses para que la Secretaría de Hacienda emita las reglas para la devolución de sus ahorros.

En conjunto se trata de un esfuerzo de devolución de 19 mil millones de pesos, mismo que constituye por su dimensión una iniciativa sin precedentes.

Y es otro botón de muestra de la eficacia de las políticas que en materia de vivienda ha venido impulsando el Presidente Felipe Calderón. Son ya casi 6 millones de créditos los otorgados por este gobierno – prácticamente el doble con respecto a la administración anterior- para la adquisición o mejoramiento de la vivienda, y grandes expectativas las generadas por la Agenda de Impulso a la Vivienda que contempla en 2012 el lanzamiento de un programa que permitirá comprar o mejorar la casa a trabajadores que no están afiliados a instituciones de seguridad social. Junto con las reformas a la Ley del INFONAVIT, y la construcción de 255 mil viviendas para 1 millón de mexicanos en el curso de este año, constituyen la mejor demostración de que en esta materia, tan importante para el desarrollo socioeconómico de las familias mexicanas, vamos por muy buen camino.

Artículo publicado el pasado 21 de enero en Milenio Diario, estado de México

Intervención en tribuna, 11 de enero

En lugar de que los gobiernos del Distrito Federal y el estado de México diseñaran con toda oportunidad un programa metropolitano para hacer frente a la inminente clausura del Bordo Poniente, uno de los tiraderos de basura al aire libre más grandes del mundo, tomaron decisiones precipitadas y ominosas.  En principio, clausurar el Bordo Poniente, y canalizar buena parte de los deshechos que ahí se depositaban al reciclaje, la elaboración de composta, y el aprovechamiento energético de los mismos, es un objetivo encomiable para proteger el medio ambiente y la salud en la capital de la República. No obstante, la negligencia que les impidió prever donde depositar 2 mil 600 toneladas de basura –de las más de 12 mil 600 que se tiraban a diario en el Bordo- abrió el paso a un episodio lamentable cuyas peores implicaciones están aún por verse. No obstante el clamor de cientos de miles de mexiquenses, cansados de vivir en áreas aledañas a tiraderos que a todas luces violan las normas oficiales, el Gobierno del estado de México autorizó que los desechos del Distrito Federal se depositaran en los tiraderos de Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli, Tecámac y Xonacatlán.

Para tomar esta decisión el Gobernador Eruviel Ávila no consultó a las autoridades municipales –precisamente las encargadas de este rubro- ni se ocupó de analizar, entre otros elementos, el previsible impacto ambiental y el deterioro de los rellenos sanitarios que operan esas demarcaciones. Tampoco se ocupó de informar qué tipo de apoyos estarían recibiendo las comunidades afectadas, qué medidas se tomarían para evitar que la sobreutilización de los rellenos sanitarios –su vida útil tan sólo se extiende por ocho años según la opinión de expertos- y tiraderos provoque la propagación de enfermedades, qué clase de programas se implementarían para impedir daños irreversibles a las aguas subterráneas y mantos acuíferos del estado así como qué acciones se adoptarían para la preservación del equilibrio ecológico. Por un lado, está claro que 2 mil 600 toneladas diarias de basura –repartidas caprichosamente entre estos cuatro rellenos sanitarios- rebasa por mucho la capacidad real de operación de los mismos. Por el otro, que si no se toman pronto medidas de contención, los deshechos cumplirán su periodo de descomposición cerca de espacios habitacionales provocando toda clase de efectos negativos para la salud especialmente para las personas de la tercera edad y los niños pequeños. Por ello el miércoles pasado presente un exhorto, que fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, al Gobierno del estado de México para que establezca nuevos rellenos sanitarios, observe escrupulosamente las normas ambientales y de protección de la salud pública en la operación de los mismos y diseñe un programa de compensación a las comunidades afectadas. Además, le solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizar una inspección a fin de evaluar la observación de estas normas durante la operación de depósito de basura proveniente del Distrito Federal.

No obstante, esta actitud poco solidaria de parte de nuestros vecinos metropolitanos y al mismo tiempo negligente de parte de nuestras autoridades, tiene otro botón de muestra. Mientras el estado de México envía agua al Distrito Federal a través del sistema Cutzamala –aproximadamente nueve mil litros por segundo, el Distrito Federal nos devuelve basura. En definitiva, esta situación es ya insostenible y exige un nuevo entendimiento para resolver, de manera equitativa, justa y transparente,  los problemas comunes de la zona metropolitana.

Artículo publicado hoy 14 de enero en Milenio Diario, estado de México

Gráfico: canada.informationplanet.com

Hace poco menos de cuatro décadas que México y Canadá pusieron en marcha un programa pionero a nivel mundial en materia de movilidad laboral al aprovechar la complementariedad entre el capital canadiense y la mano de obra mexicana. Mediante el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales,  cientos de miles de mexicanos han podido trabajar en el sector agrícola canadiense acumulando una gran experiencia y consolidando un patrimonio que les permite mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. El éxito de este Programa ha sido reconocido internacionalmente y se le considera ya una especie de modelo de mejores prácticas para estimular y ordenar la migración legal y temporal de trabajadores del campo.

No obstante, existe otro modelo para obtener resultados similares en el ámbito universitario y profesional. Se trata de los denominados programas de vacaciones y trabajo o working holiday visa que nuestro país había explorado ya con gran éxito con países como Nueva Zelandia. Si bien México y Canadá firmaron un Memorándum de Entendimiento en el 2010 –similar al que sostiene con España- con el fin de conceder 200 visas para igual número de jóvenes, tanto estudiantes como egresados universitarios, para obtener un permiso de trabajo hasta por 12 meses, esta idea se amplió y se profundizó considerablemente. En efecto, hace algunos días, la Embajada de Canadá en México informó que ha abierto el proceso de recepción de solicitudes para el programa que ahora se titula “Experiencia Internacional en Canadá 2012”. De acuerdo con la Embajada se trata esencialmente de fomentar los intercambios y la movilidad de los jóvenes entre México y Canadá en tres modalidades: trabajo en vacaciones, jóvenes profesionales y prácticas profesionales y cooperación internacional. De acuerdo con la primera categoría –y en donde hay una disponibilidad actual de 210 nuevas visas- jóvenes inscritos en una Universidad o institución de educación superior en México podrán recibir un permiso de trabajo abierto con vigencia de 12 meses para combinar sus vacaciones con un empleo remunerado y útil para su desarrollo profesional. Quienes opten por la segunda categoría –para la que hay 35 visas disponibles-, deberán ser jóvenes graduados de instituciones de educación superior en México, con una oferta o contrato de trabajo previamente acordado en Canadá y que busquen acumular experiencia laboral relevante y de carácter internacional por espacio de un año. Por otro lado, arranca propiamente la categoría de prácticas profesionales donde estudiantes inscritos en una Universidad mexicana podrán acceder a prácticas profesionales y pasantías en Canadá durante un año. Desde luego que se espera que el número de visas disponibles en cada categoría vaya incrementándose considerablemente año tras año. Toda la información relacionada con este programa está disponible en la página web de la Embajada de Canadá en México, a saber: http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/

En un mercado laboral cada vez más competitivo, la experiencia laboral allende nuestras fronteras guarda una importancia fundamental. En este sentido, los programas como Experiencia Internacional en Canadá 2012 hacen una contribución de fondo para mejorar la competitividad de nuestros jóvenes y hacer una apuesta importante por aumentar el conocimiento recíproco entre nuestras sociedades. Pero más importante aún, se trata de invertir conjuntamente en el desarrollo humano de la próxima generación de profesionistas en América del Norte a quienes corresponderá generar las condiciones regionales de bienestar, crecimiento y desarrollo en las décadas por venir.

Artículo publicado el pasado 7 de enero en Milenio Diario, estado de México

Gráfico: gerenciasocial.net

Hace algunos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de España, publicó el informe: El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres. Se trata no sólo de un diagnóstico meticuloso sobre la situación de las mujeres en América Latina sino además un Compendio extraordinario de lo mucho que nos falta por hacer para tomar “la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”. El análisis es desde el principio demoledor. De acuerdo con el informe, “las mujeres tienen menores posibilidades que los hombres de satisfacer sus necesidades básicas, tales como la alimentación el acceso a vivienda y a servicios de salud especializados, siguen particularmente expuestas a formas de violencia física y sexual, y tienen opciones limitadas de obtener un trabajo decente y de incidir en la agenda pública de sus países”. Desde luego, el hallazgo más importante tiene que ver con la identificación de factores estructurales específicos que explican no solo el lento avance que registra la región en materia de combate a la discriminación y la desigualdad sino, incluso, el empeoramiento de condiciones en algunos países. En el diagnóstico resalta, en primer lugar, la pobreza como el origen de esta condición estructural. Aunque afecta a todos, el impacto de la pobreza en las mujeres es mayor al considerar la discriminación de la que son objeto.

Sin embargo, identifica también factores específicos. Entre los más importantes, destacan los del ámbito laboral y concretamente lanza un argumento muy persuasivo al respecto. En una palabra, advierte que buena parte de la discriminación laboral contra las mujeres, la brecha salarial entre sexos, la prevalencia del acoso sexual en el trabajo, entre otros lastres, tienen relación directa con la debilidad del marco normativo para el acceso a la justicia. Es decir, no hay suficientes mecanismos para que las mujeres recurran efectivamente a los tribunales, se impongan sanciones a quienes violen sus derechos y se repare adecuadamente el daño ocasionado. El informe se ocupa además del derecho a la educación y aquí viene otro hallazgo. Aunque advierte que existe un incremento notable en el número de mujeres que completan su educación superior, ello no se traduce en mejores empleos y salarios.  Y esto apunta directamente a otro fenómeno que los países latinoamericanos no han sido capaces de combatir. Me refiero a las políticas para el acceso y control de recursos económicos por parte de las mujeres. Es decir, los límites al ejercicio de sus derechos a la propiedad, la vivienda, la tierra y la herencia, entre otros ámbitos, ha minado gravemente su capacidad para empoderarse. Factores sociales y culturales refuerzan esta condición estructural que las aleja del crédito, la inversión productiva, los servicios financieros, la formación empresarial y un largo etcétera. Sin duda la lectura de este informe y la atención a sus recomendaciones, es tarea obligada de nuestro país y del resto de los países latinoamericanos para cerrar estas brechas en el año venidero.

Foto: elsoldelaflorida.com | "A woman walks past a mural of late former Czech President Vaclav Havel in Prague"

Artículo publicado el pasado 24 de diciembre de 2011 en Milenio Diario, estado de México

En todas sus facetas, que fueron muchas, Václav Havel se preocupó siempre por hacer una reflexión profunda de los distintos fenómenos asociados al poder. Como activista y férreo opositor al brutal régimen pro-soviético así como dramaturgo y escritor, puso siempre el acento en el potencial transformador de los movimientos sociales basados en la resistencia civil y pacífica. Pero, aún más importante, se ocupó de abordar un tema fundamental para entender las transiciones democráticas que, por lo menos desde mediados de los ochenta y hasta el presente, ocupan un lugar protagónico en el acontecer internacional. Me refiero a un largo ensayo de importancia sin precedente -El Poder de los Sin Poder- que Havel publica en 1978 y por el cual es encarcelado durante más de tres años. Su argumento principal -persuasivo y contundente- tiene que ver con que sin importar los mecanismos de control y el armamento con que cuentan los poderosos para reprimir, su capacidad no es comparable con el poder popular siempre que decida retirar su apoyo al régimen y rehusarse pacíficamente a jugar el juego del tirano. Desde luego que fue esta idea la que Havel puso en práctica durante la denominada Revolución de Terciopelo que encabezó en 1989 y que inspiró transformaciones semejantes de carácter pacífico hacia regímenes parlamentarios, de apertura económica y multipartidismo político en Europa del Este en el contexto de la desintegración de la Unión Soviética y la caída del Muro en Berlín.

Pero Havel no interrumpió ahí su cruzada por la libertad. Como último Presidente de Checoslovaquia -siempre mantuvo una opinión en contra de la separación de las dos Repúblicas- y primer Presidente de la República Checa, apuntaló un proyecto de consolidación de la democracia, el estado de derecho, la economía de mercado -sin abogar nunca sin embargo por el ultraliberalismo- y las libertades públicas.  Para afianzar esos cambios, fue el principal promotor del ingreso del país a la Unión Europea y un impulsor de la apertura irrestricta a organismos no gubernamentales para la defensoría de los derechos humanos. Desde que firmó la Carta de los 77 -aquel documento que desató la fallida Primavera de Praga- no hubo político europeo más comprometido con los derechos de quienes llamaba “los sin poder”. Tampoco hubo un líder político europeo de las transiciones del Este más comprometido que Havel con la reconciliación como un valor cívico supremo.  Suya es la frase, que debiera ser un verdadero ideal para muchos movimientos de cambio político hoy especialmente concentrados en el Cercano Oriente: “La verdad y el amor prevalecen sobre la mentira y el odio”.  Que en paz descanse y que el mundo nunca olvide su ejemplo y su ideario.

El pasado jueves, el Senado de la República aprobó el Acuerdo de Integración Comercial entre México y Perú. Con visión de Estado y compromiso con el crecimiento económico de nuestro país los Senadores y Senadoras de la República, haciendo a un lado intereses particulares que tenían secuestrada su aprobación, determinamos que en el interés supremo de la Nación está la apertura de nuevos mercados para nuestros exportadores y la generación de nuevas oportunidades de inversión. Desde luego que los méritos económicos del Acuerdo son sumamente relevantes. Perú es un aliado estratégico con una economía pujante –tan sólo el año pasado creció 9%- que de ninguna manera puede ser considerado una amenaza para la economía nacional. Más aún, las expectativas de crecimiento de las exportaciones mexicanas es que se tripliquen después de cinco años lo cual, según estimaciones de la Secretaría de Economía, terminará generando más de 40 mil empleos, mejores precios para los productores y los consumidores mexicanos así como una derrama económica de enorme importancia para distintos sectores de la actividad económica. Por si esto fuera poco, la negociación entre los gobiernos de ambos países contempló el establecimiento de medidas domésticas para fortalecer a los sectores potencialmente sensibles –concretamente al agropecuario- a fin de fortalecer sus capacidades productivas y  ayudarlos a enfrentar exitosamente la apertura comercial.

Pero hay objetivos de la estrategia comercial de México así como consideraciones de política exterior que hacían aún más imprescindible la aprobación del acuerdo. Me refiero, por un lado, a la diversificación comercial para nuestras exportaciones y, por el otro, al liderazgo de México en la región latinoamericana. Generaciones de diplomáticos mexicanos han venido insistiendo por décadas en la necesidad de diversificar nuestro comercio internacional a fin de reducir la dependencia hacia la economía estadounidense y, en cierta medida, en aumentar el flujo comercial con América Latina, una región que reprocha la concentración de nuestros vínculos económicos en Norteamérica. No habría sido congruente, por lo tanto, rechazar un instrumento que nos permite dar pasos sólidos en ambas direcciones.

Adicionalmente, se habría mermado considerablemente el objetivo de convertir a México en un principal promotor de la integración latinoamericana como herramienta para competir exitosamente en el plano comercial y político frente a otras regiones del mundo. Es el caso, por ejemplo, del liderazgo de México en la Alianza del Pacífico que mantenemos con Perú, Chile, Colombia y Panamá con el objetivo de constituir un bloque comercial con gran proyección hacia la región de Asia Pacífico así como de nuestro activismo a favor del denominado Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica en el que ambos países tenemos un enorme interés. Por si fuera poco, México y Perú compartimos una historia común que se remonta a la prehispanidad y al desarrollo de las culturas más avanzadas de su tiempo en este continente. Somos herederos de una larga tradición de intercambios que comenzaron a rendir frutos algunos años después de nuestros respectivos procesos de independencia y que hoy se consolidan con una visión de futuro. Quizá no haya mejor manera de honrar lo que pronto serán casi 190 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas entre México y Perú que la entrada en vigor de este Acuerdo basado en la complementariedad de nuestras economías, un sólido compromiso con el bienestar de nuestros pueblos y un modelo de integración con rostro humanista.

Foto: ibtimes.com | Firma del Acuerdo Comercial México – Perú

Artículo publicado el pasado 17 de diciembre en Milenio Diario, estado de México

Foto: blogspot.com

A principios del 2010, desde la tribuna del Senado, exigí al entonces gobernador mexiquense eliminar el cobro de la tenencia. El llamado era a eliminarlo tomando en cuenta no sólo que su propósito principal se había cumplido hacía décadas –obtener recursos extraordinarios para la infraestructura deportiva de los Juegos Olímpicos celebrados en 1968- y que se trataba de una carga tributaria especialmente onerosa sino que adicionalmente se trataba de una decisión que el gobierno del estado, tarde o temprano, tenía que tomar. Me refiero a la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de 2007 que, a nivel nacional, difirió la desaparición de la tenencia vehicular a partir del 1 de enero de 2012 para dar oportunidad a que las entidades federativas adaptaran sus presupuestos con el fin desustituir los ingresos que sus arcas reciben por ese concepto o bien asumir la responsabilidad del cobro como facultad local.

En campaña, el gobernador actual ofreció hacer lo primero y, sin embargo, hoy le falló a su electorado. En una nueva maniobra para incumplir su palabra empeñada, el Congreso Mexiquense, con la oposición del PAN, el PRD y el PT, aprobó un nuevo esquema para hacer un cobro diferenciado que a todas luces traiciona a la sociedad, distorsiona al mercado y afecta a los consumidores. El pleno del Congreso aprobó que los dueños de automóviles con placas de la entidad y con un costo superior a los 350 mil pesos deban seguir pagando el impuesto. Con ello, el gobernador incumple su oferta de campaña, demuestra la falta de compromiso con sus promesas y abre la puerta hacía una serie de distorsiones económicas que a la postre generarán nuevas injusticias. En primer lugar, se trata de una de esas decisiones que no asume el reto de ampliar la base gravable y concentrase en los que se denominan contribuyentes cautivos. En lugar de una legislación hacendaria que se ocupara de la evasión, el gobierno del Estado de México decidió tomar una vía fácil y populista. De acuerdo con la opinión de importantes economistas, el cobro de impuestos diferenciado que identifica de manera arbitraria artículos suntuarios o de lujo ha devenido en fracaso especialmente por poner en pugna el interés fiscal con los derechos del consumidor.En segundo lugar, esta nueva decisión generará distorsiones de mercado importantes con consecuencias negativas no sólo desde el punto de vista económico sino de seguridad. Mientras en unos estados no se cobrará la tenencia, en otros habrá subsidios diferenciados. Eso provocará que las personas prefieran comprar y registrar autos en entidades donde la tenencia no se cobrará, como en Morelos, Puebla o Tlaxcala, o en entidades donde el subsidio incluye a vehículos con costos mayores, como Querétaro. En consecuencia, se generará una distorsión profunda en la venta de autos, que afecta a la industria y al mercado interno de producción y distribución automotriz –del que dependen más de 1 millón de empleos en nuestro país, según estimaciones conservadoras-pero también en la seguridad toda vez que no habrá un control de placas adecuado como resultado de esta diferenciación. En tercer lugar esta decisión generó incentivos para homologar la norma en el Distrito Federal convirtiéndola en regla de coordinación metropolitana.

La promesa de Eruviel Ávila fue reiterativa. Fue uno de esos “compromisos” que firmó ante notario público durante su primer acto proselitista de campaña en mayo mientras anunciaba otros seis mil. Ya sabemos que esperar de buena parte de ellos.

Artículo publicado el pasado 10 de diciembre en Milenio Diario, estado de México

Gráfico: oelnu.org

Este es precisamente el título de la campaña que ONUSIDA, con la colaboración de otras instituciones, ha lanzado para comunicar el ambicioso objetivo que aspira a reducir a cero los nuevos casos de infección por el VIH-SIDA, la discriminación así como las muertes relacionadas con esta pandemia. Se trata de un esfuerzo de difusión sin precedentes que, en el contexto del Día Mundial contra el VIH-SIDA, contribuirá enormemente al compromiso asumido por la comunidad internacional en junio pasado durante la Reunión de Alto Nivel sobre el SIDA de la Asamblea General de la ONU. En aquel momento se recordó que en 2011 se cumplen 30 años del descubrimiento del SIDA y que, en ese lapso, esta pandemia se había cobrado alrededor de 25 millones de vidas y el sufrimiento de más de 60 millones de víctimas. Más aún se informó que, a diario, 7 mil personas se infectan con el virus de los cuales mil son niños. Peor aún, las deficiencias institucionales y la escasa financiación de programas en grandes regiones geográficas del planeta han hecho que por cada persona que inicia el tratamiento, dos contraigan la infección. Con todo, el Informe presentado por el secretario general intitulado Unidos por el acceso universal: hacia el logro de cero nuevos casos de infección por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el SIDA subraya la forma en que la tasa mundial de nuevos casos de infección disminuye, el acceso al tratamiento especializado aumenta y la manera en que, en general, el mundo ha venido haciendo progresos importantes en lo que se denomina la reducción de la transmisión materno-infantil. Y es precisamente de este diagnóstico de donde surge este compromiso político de gran envergadura para vencer al SIDA y concretamente para lograr, en 2015, el acceso universal a la prevención, el tratamiento, y la atención al VIH, uno de los elementos fundamentales de las Metas del Milenio.

En México esta declaración con compromisos claros a nivel global se ha convertido en un eje rector de nuestra política de salud. Si bien aún tenemos mucho por hacer, desde 2007 a la fecha México ha invertido prácticamente 8 mil millones de pesos para la compra de medicamentos antirretrovirales para los pacientes que viven con VIH/SIDA y carecen de seguridad social. Esto no sólo es muy superior a la media mundial sino que es superior a la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por otro lado, el número de pacientes que recibieron tratamiento especializado se incrementó exponencialmente al pasar de 20 mil en 2007 a prácticamente 50 mil en 2011. Pero si hay una asignatura pendiente en nuestro país en la prevención y combate al SIDA, ésta tiene que ver más bien con su dimensión estatal y local. El estado de México, por ejemplo, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número de casos de VIH por su altísima tasa de incidencia. Y esto ha venido afectando especialmente a las comunidades más marginadas en algunos de sus municipios más deprimidos económicamente o bien los más poblados. Ya son más de 8 mil quinientos muertos en la entidad desde hace 24 años y la tasa de infección sigue presentando cifras escandalosas. Es hora de hacer conciencia sobre este hecho y emprender una cruzada contra el SIDA en el estado de México, especialmente en Netzahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán y Toluca. En definitiva, una campaña informativa de gran calado, en el contexto de estos esfuerzos globales puede hacer la diferencia. Pero se requiere también de un compromiso mayor para apoyar a las víctimas y respaldar la labor de trabajadores sociales, personal médico, y todos quienes día a día se enfrentan a la letalidad de esta monstruosa enfermedad. Avanzar hacia una generación sin VIH tiene que ser una prioridad de todos y esto exige un deber mayor para los estados que presentan el mayor atraso en la realización de este objetivo.

Artículo publicado el pasado 3 de diciembre en Milenio Diario, estado de México