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Hace un par de semanas un estudiante del Instituto Politécnico Nacional me hizo una entrevista en línea que me gustaría compartir a los blogueros y estudiantes universitarios de carreras afines a las Relaciones Internacionales. Creo que las preguntas planteadas por Eduardo Meneses pueden ser de muchos universitarios. Desde luego ustedes tienen la última opinión y palabra.
Sin mayor preámbulo les dejo la entrevista:
“Mi nombre es Eduardo Meneses estudiante del 6to semestre de la Lic. en Negocios Internacionales en el IPN y quisiera ver la posibilidad de hacerle un pequeño cuestionario de 5 preguntas para un proyecto escolar.
El trabajo que estamos realizando es acerca de cómo la Cámara se pone de acuerdo que es lo que toma en cuenta para un nuevo tratado internacional”
Estimado Eduardo.
Valoro mucho que te hayas acercado a conversar.
Te contesto mi opinión a tus preguntas:
1.Cuales son los medios que la cámara toma en cuenta para la celebración de un tratado internacional?
El Senado de la República tiene facultades constitucionales respecto a la aprobación de los Tratados que el Poder Ejecutivo celebra con sus homólogos de otros países. Por tanto, en principio, su rol más importante tiene que ver precisamente con aprobar los mismos. No obstante, de acuerdo con una reforma constitucional al artículo 76 que entró en vigor el 12 de febrero de 2007. El Senado tiene también facultades para aprobar las decisiones a las que llegue el Ejecutivo Federal con respecto a terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
En ambos casos, el Senado cuenta con asesoría técnica de parte de las Comisiones a las que se turnan los Tratados Internacionales, o cualquiera de estas acciones posteriores a su aprobación, con el fin de evaluar la pertinencia de los mismos no sólo bajo consideraciones estrictamente jurídicas sino en relación directa con el interés nacional, los principios normativos de nuestra política exterior y en general con los beneficios que se espera obtener en distintos rubros. De acuerdo con el artículo 238 del Reglamento del Senado las comisiones cuidan, en cada caso, el cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana, así como el interés y la seguridad nacionales.
2. Cuales son las comisiones que se encargan para el dictamen final de un tratado internacional?
Normalmente, la Mesa Directiva del Senado turna a una o más Comisiones los Tratados Internacionales que remite el Ejecutivo. Actualmente hay 59 Comisiones Ordinarias. En general, es a partir de los temas que aborda cada Tratado como se decide el turno a la o las Comisiones respectivas. Por ejemplo, el reciente Tratado sobre Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos entre México y Estados Unidos fue turnado, por obvias razones, a las Comisiones de Energía y Relaciones Exteriores, América del Norte.
3. Cual es el protocolo que da seguimiento dicha cámara para la aprobación de un tratado internacional?
Las Comisiones sesionan, deliberan y aprueban un dictamen a favor o en contra de la aprobación de ese Tratado. Ese dictamen, que debe ser firmado por la mayoría simple de los integrantes de cada Comisión, pasa a discutirse al pleno del Senado donde también requiere mayoría para su aprobación.
4. Determine si los factores sociales son impedimento para que el estado celebre dichos tratados.
Todas las posibles implicaciones, negativas y positivas de un Tratado, se examinan durante la deliberación respectiva de un Tratado Internacional.
5. Cuales fueron los acuerdos de manera internacional que se llevaron en la cumbre del G20 en relación a tratados internacionales?
El G-20 es un foro de consultas y cooperación que se reúne anualmente en Cumbres de Jefes de Estado y con mayor regularidad a nivel ministerial. Será hasta la próxima Cumbre que se celebrará en Los Cabos, México. en junio próximo cuando sabremos con certeza a que acuerdos llegaron los jefes de Estado de los países miembros.
09 de marzo de 2012 | Sen. Adriana González Carrillo
Gráfico: milenio.com
La divulgación del proyecto que preparó el ministro Arturo Zaldívar, sobre la solicitud de amparo directo promovida por Florence Cassez ante la Suprema Corte, ha provocado un importante debate sobre la importancia del debido proceso, el derecho consular y los derechos de las víctimas de delitos tan graves como el secuestro. Por un lado el ministro Zaldívar presenta, en su proyecto, un caso con severas irregularidades. Sostiene que, durante su detención, Florence Cassez fue privada del derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular. Pero, peor aún, que se violentó su derecho fundamental a ser puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público luego de su detención. Habla de un montaje mediático que deformó la realidad con el fin de exponer a una persona frente a la sociedad como culpable de un hecho delictivo, antes de que los hechos se ventilaran en un proceso judicial. De acuerdo con el ministro Zaldívar, esto tuvo un efecto corruptor en todos el proceso penal y por tanto la evidencia incriminatoria está viciada. Por otro lado, hay numerosas voces que insisten en la necesidad de respetar los derechos de las víctimas, la forma en que la veracidad de sus testimonios se ha venido acreditando y desde luego la necesidad de castigar a quienes hayan viciado el proceso sin que esto se traduzca en la liberación automática de la inculpada. Señalan además que la lucha contra el secuestro en nuestro país se vería seriamente mermada, tanto a nivel procesal como simbólico, con la eventual liberación de Cassez y que, en definitiva, errores y vicios de procedimiento, por graves que sean, no pueden ser usados como único argumento para que el inculpado, sin más, abandone la cárcel y se invalide todo el juicio. Según esta postura. la presencia de indicios que sustentan la veracidad de los testimonios de las víctimas, y que fueron valorados positivamente en las sentencias de primera y segunda instancia, merece que el juicio y sus resultados no se invaliden del todo.
Es claro que hay argumentos de peso de ambos lados y que, en todo caso, conviene encontrar una solución intermedia que se aparte del falso debate entre si es más importante el respeto a los estándares internacionales y nacionales del debido proceso o la protección de los derechos de las víctimas. No hay que hurgar demasiado en la historia del derecho procesal penal para identificar una alternativa que bien podría reunir esta característica. Me refiero concretamente a la revisión y eventual reposición del proceso penal. Ese es finalmente el criterio que han adoptado dos importantes tribunales internacionales fallando a favor de México en distintos casos de violaciones al derecho consular de mexicanos en Estados Unidos. En el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia determinó que la revisión y reconsideración de los juicios y las sentencias, por ejemplo mediante la celebración de nuevos procesos judiciales, era un mecanismo adecuado de reparación del daño cometido por el Estado al violar los derechos consulares de los implicados. Igualmente, ese ha sido el criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos especialmente en su Opinión Consultiva 16/99 cuando determinó que la asistencia consular es un componente esencial del debido proceso y que la reposición del procedimiento está plenamente acreditada por el derecho procesal como una alternativa importante para desagraviar los vicios que pudieran presentarse. En todo caso la primera sala de la Suprema Corte tiene la última palabra y, sea cual sea su decisión final, es motivo de encomio descubrir que ejerce plenamente su potestad en materia de control constitucional y que sin su reciente activismo no puede entenderse la construcción de un estado de derecho cada vez más sólido en nuestro país.
Artículo publicado el pasado 17 de marzo en Milenio Diario, estado de México
Foto: la informacion.mx
En la historia de la migración laboral entre México y Estados Unidos, el Programa Bracero ocupa un lugar muy destacado. Se trató del programa de trabajadores agrícolas más importante entre ambos países mediante el cual, entre 1942 y 1964, prácticamente 5 millones de mexicanos trabajaron el campo en los Estados Unidos durante un periodo determinado. Durante ese tiempo, los braceros no sólo hicieron una contribución extraordinaria al desarrollo del agro estadounidense sino que enviaron remesas que les permitieron mejorar la calidad de vida de sus familias.
El programa, que desde entonces ya reconocía la existencia y pujanza de un mercado laboral binacional, contemplaba la retención, por parte del gobierno estadounidense, de alrededor del 10% del salario de los trabajadores mexicanos con el objetivo de conformar un fondo de ahorro para el retiro. De manera injustificada esos recursos, si bien fueron entregados al gobierno mexicano para que éste a su vez los entregara a los trabajadores al regresar a México, nunca llegaron a manos de quienes trabajaron tanto para obtenerlos. Después de una larga lucha para recuperarlos, en 2005 se creó el Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos. A partir de entonces se asumió el reto, luego de la autorización respectiva de los recursos por parte del Congreso, de entregar un apoyo de 38 mil pesos a cada uno de las personas que participaron en el Programa Bracero así como a sus viudas o hijos en los casos en que los beneficiarios hayan fallecido.
Entre 2006 y 2011 se hicieron los pagos a 85 mil ex braceros y sus familias. No obstante, restaban alrededor de 108 mil beneficiarios pendientes que exigían el pago de este monto y, por ende, de lo que por décadas el Estado mexicano se negó a reembolsar. Felizmente, hace algunos días el Presidente Felipe Calderón anunció que se cuenta con los recursos para saldar, en el curso de este año 2012, esta deuda histórica con todos ellos. De esta manera, a través de un pago en efectivo o de un depósito a una cuenta bancaria, todos los ex braceros que no recibían aún su dinero podrán contar con él de manera gratuita y sin gestión alguna de intermediación. Se trata de un acto de justicia elemental para honrar la palabra empeñada de esta administración, y del Congreso de la Unión en su conjunto.
Artículo publicado el pasado 10 de marzo en Milenio Diario, estado de México
El martes pasado la UNICEF presentó en México su Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012: Niñas y Niños en un Mundo Urbano de la UNICEF. Se trata de un análisis sin precedentes en la medida en que evalúa las implicaciones que el proceso de urbanización, en marcha en prácticamente todo el mundo, tiene para la situación general de la niñez. Según el informe, hay una paradoja que explica bien la falta de políticas públicas orientadas hacia un problema en trepidante ascenso. Mientras el concepto de ciudad se ha venido asociando históricamente con el empleo, el desarrollo y el crecimiento económico, cientos de millones de niños y niñas sufren los embates de un modelo de urbanización que no toma en cuenta sus necesidades y que es completamente omisa frente a la violación de sus derechos esenciales. La UNICEF plantea así la dicotomía entre un porcentaje de la niñez que disfruta las ventajas que ofrece la vida urbana y otro que vive en condiciones infrahumanas de marginación y precariedad. Pero lo peor de su situación, sustenta el informe, es su relativa invisibilidad. Tanto la información estadística, como los programas de desarrollo tienden a poner mayor atención a lo que sucede en las zonas rurales y no hacen lo suficiente para esclarecer las brutales disparidades en las tasas de supervivencia, el estado nutricional, la educación y la salud que se registran entre barrios y asentamientos urbanos al interior de las ciudades. 43% de la niñez global vive en zonas urbanas, gran parte de ellos vive en barrios marginados y una alarmante proporción sencillamente vive en la calle. Todos ellos experimentan altos niveles de vulnerabilidad y de violaciones sistemáticas a sus derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño. El acceso de la niñez a la salud y a la higiene, a la educación y en general a su protección frente a los abusos de todo género está muy lejos de alcanzar una situación satisfactoria en el planeta. A este diagnóstico habría que agregar también el agravamiento de sus condiciones de vida a partir de desafíos que van desde la migración de niños a las ciudades, donde su vulnerabilidad aumenta exponencialmente, hasta los efectos de la crisis económica actual y la violencia urbana.
El Informe promueve no sólo la consciencia pública sobre este fenómeno sino además políticas enfocadas a satisfacer las necesidades y prioridades particulares de los niños que experimentan marginación urbana. Por ello, en voz de su Director Ejecutivo, Anthony Lake, la UNICEF alabó el programa Oportunidades y se refirió a él como un ejemplo que muchos otros países deberían emular en el combate a la marginación infantil de naturaleza urbana. De esta manera se reconoce que, si bien nos falta mucho por hacer en esta materia, México ha hecho un trabajo muy serio y una inversión sin precedentes para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio vinculados a la protección infantil. Vale la pena considerar, al menos, tres aspectos. En primer lugar, en junio de 2011, los legisladores reformamos la Constitución para cumplir con los derechos infantiles que se consagran en los Tratados Internacionales en la materia –dimos rango constitucional al precepto del “interés superior del niño”. En segundo lugar, en los últimos años, se alcanzó la cobertura universal en la educación primaria, se redujo en más del 60% la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años y se avance de manera contundente en las metas referentes al acceso a vivienda, agua y servicios de salud. Finalmente, tal y como lo anunció el Presidente Calderón, México invertirá un monto sin precedentes, 570 mil millones de pesos este año al desarrollo integral de niños y adolescentes. Es desde luego un honor pero también una gran responsabilidad ser sede de la presentación de este Informe Global. Es encomiable el esfuerzo de UNICEF para con este tema y por ello la mejor manera de honrarlo y unirse a él es trabajar incansablemente, como hasta ahora, en lograr un México digno, seguro y justo para nuestra niñez.
Foto: zacatecashoy.com | Firma de Acuerdo México - Estado Unidos relativo a Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México
La semana pasada, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron un Tratado Internacional de la mayor relevancia para la explotación equitativa de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México. Se trata de un logro extraordinario para la política exterior de México y de una reivindicación que abanderó un gran mexicano en el Congreso de la Unión. Fue en 1996 cuando el entonces Senador panista José Ángel Conchello denunció que empresas estadounidenses habían comenzado la exploración y explotación de petróleo en aguas internacionales del Golfo de México. Denunció, además, que mediante el denominado “efecto popote” los Estados Unidos podrían ser capaces de extraer recursos petroleros ubicados allende su mar patrimonial que, en principio, debían estar compartiendo con nuestro país. Después de arduas negociaciones y a partir del compromiso que los Presidentes Calderón y Obama asumieron al respecto en mayo de 2010, ambos gobiernos suscribieron este acuerdo que deja atrás prácticamente década y media en la que no había reglas claras y certeza jurídica. Una vez que el Senado de la República lo ratifique, el Tratado establecerá procedimientos y normas para la extracción justa, responsable, y eficiente del petróleo que subyace en el subsuelo de la frontera marítima entre ambos países. A partir de entonces, México aprovechará los recursos petroleros a los que siempre tuvo derecho y propiciará inversiones conjuntas entre Petróleos Mexicanos y las compañías petroleras estadounidenses para un aprovechamiento mutuo y equitativo de los mismos.
El acuerdo contempla un procedimiento vinculante mediante el cual cualquiera de las partes tiene la obligación de informar a la otra sobre la presencia de hidrocarburos en la zona fronteriza. De lo que se trata, en el fondo, es que cada país explote el petróleo y el gas natural que le corresponde ahí donde los yacimientos de ambos países se entrelazan. En caso de duda o falta de acuerdo, el Tratado establece un mecanismo sólido de solución de controversias con la participación de expertos independientes. Por ello, es un acuerdo que viene a fortalecer la seguridad energética de ambos países, aumentar los ingresos públicos de manera sustancial -al utilizar estos recursos que venían enfrentando restricciones a su explotación y al reducir los costos de estas operaciones- y a robustecer a PEMEX que adquirirá experiencia y tecnología de punta en su esfuerzo incesante por convertirse en una empresa petrolera de clase mundial.
Como lo sostuvo el Presidente Calderón este acuerdo, más que ningún otro, satisface el doble compromiso de, por un lado, ejercer a plenitud nuestra soberanía sobre este recurso estratégico y, por el otro, construir una política exterior que se traduzca en beneficios directos a la sociedad. La derrama de desarrollo y crecimiento que este acuerdo generará apenas puede vislumbrarse así como las múltiples implicaciones positivas que tendrá para incrementar la competitividad y la integración regional en el plano energético. Sin duda, toca ahora el turno al Senado de la República para examinarlo y en su caso aprobarlo en el corto o mediano plazo. Tenemos un compromiso con el desarrollo del país y esta es una forma idónea de honrarlo.
Gráfico: oelnu.org
Este es precisamente el título de la campaña que ONUSIDA, con la colaboración de otras instituciones, ha lanzado para comunicar el ambicioso objetivo que aspira a reducir a cero los nuevos casos de infección por el VIH-SIDA, la discriminación así como las muertes relacionadas con esta pandemia. Se trata de un esfuerzo de difusión sin precedentes que, en el contexto del Día Mundial contra el VIH-SIDA, contribuirá enormemente al compromiso asumido por la comunidad internacional en junio pasado durante la Reunión de Alto Nivel sobre el SIDA de la Asamblea General de la ONU. En aquel momento se recordó que en 2011 se cumplen 30 años del descubrimiento del SIDA y que, en ese lapso, esta pandemia se había cobrado alrededor de 25 millones de vidas y el sufrimiento de más de 60 millones de víctimas. Más aún se informó que, a diario, 7 mil personas se infectan con el virus de los cuales mil son niños. Peor aún, las deficiencias institucionales y la escasa financiación de programas en grandes regiones geográficas del planeta han hecho que por cada persona que inicia el tratamiento, dos contraigan la infección. Con todo, el Informe presentado por el secretario general intitulado Unidos por el acceso universal: hacia el logro de cero nuevos casos de infección por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el SIDA subraya la forma en que la tasa mundial de nuevos casos de infección disminuye, el acceso al tratamiento especializado aumenta y la manera en que, en general, el mundo ha venido haciendo progresos importantes en lo que se denomina la reducción de la transmisión materno-infantil. Y es precisamente de este diagnóstico de donde surge este compromiso político de gran envergadura para vencer al SIDA y concretamente para lograr, en 2015, el acceso universal a la prevención, el tratamiento, y la atención al VIH, uno de los elementos fundamentales de las Metas del Milenio.
En México esta declaración con compromisos claros a nivel global se ha convertido en un eje rector de nuestra política de salud. Si bien aún tenemos mucho por hacer, desde 2007 a la fecha México ha invertido prácticamente 8 mil millones de pesos para la compra de medicamentos antirretrovirales para los pacientes que viven con VIH/SIDA y carecen de seguridad social. Esto no sólo es muy superior a la media mundial sino que es superior a la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por otro lado, el número de pacientes que recibieron tratamiento especializado se incrementó exponencialmente al pasar de 20 mil en 2007 a prácticamente 50 mil en 2011. Pero si hay una asignatura pendiente en nuestro país en la prevención y combate al SIDA, ésta tiene que ver más bien con su dimensión estatal y local. El estado de México, por ejemplo, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número de casos de VIH por su altísima tasa de incidencia. Y esto ha venido afectando especialmente a las comunidades más marginadas en algunos de sus municipios más deprimidos económicamente o bien los más poblados. Ya son más de 8 mil quinientos muertos en la entidad desde hace 24 años y la tasa de infección sigue presentando cifras escandalosas. Es hora de hacer conciencia sobre este hecho y emprender una cruzada contra el SIDA en el estado de México, especialmente en Netzahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán y Toluca. En definitiva, una campaña informativa de gran calado, en el contexto de estos esfuerzos globales puede hacer la diferencia. Pero se requiere también de un compromiso mayor para apoyar a las víctimas y respaldar la labor de trabajadores sociales, personal médico, y todos quienes día a día se enfrentan a la letalidad de esta monstruosa enfermedad. Avanzar hacia una generación sin VIH tiene que ser una prioridad de todos y esto exige un deber mayor para los estados que presentan el mayor atraso en la realización de este objetivo.
Artículo publicado el pasado 3 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
El pasado jueves, el pleno del Senado de la República discutió y aprobó un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, que constituye un posicionamiento integral sobre la cooperación bilateral, o quizá deba decir la ausencia de ella, entre México y Estados Unidos para el control de armas. En primer lugar, los Senadores reconocimos los esfuerzos de la administración del presidente Obama para, en la medida de sus posibilidades frente a un Congreso en el que carece de mayoría, regular y combatir el flujo de armas hacia nuestro país. De acuerdo con fuentes oficiales provenientes de ambos países, entre el 70% y el 80% de las armas que terminan en manos del crimen organizado en nuestro país provienen de armerías estadounidenses. Por ello, saludamos la medida anunciada el 11 de julio pasado por el presidente Obama respecto al establecimiento de una nueva regulación para obligar a miles de armerías a reportar los casos de compradores múltiples o frecuentes. Con esta medida, distintas agencias estadounidenses comienzan ya a detectar y combatir redes de tráfico de armas.
No obstante, acontecimientos recientes nos obligaron a entrar a una reflexión profunda sobre la otra parte de la moneda. Me refiero a los operativos “Receptor Abierto” y “Rápido y Furioso” que, en definitiva, han lastimado gravemente nuestras relaciones bilaterales. Desde luego que celebramos, en el dictamen, los esfuerzos del Senador estadounidense John Cornyn para impedir el financiamiento a estas y otras operaciones de “tráfico controlado de armas”. Pero, por otro lado, reiteramos un enérgico rechazo a estas operaciones especialmente después de la Comparecencia del Procurador General de los Estados Unidos en el Senado de los Estados Unidos, donde se reconoció que estas fueron avaladas e instrumentadas por distintas agencias gubernamentales de ese país. El Senado exhortó también al Ejecutivo Federal a continuar con su exigencia de castigar con todo el peso de la ley a los responsables de estas operaciones que atentan directamente contra los principios de responsabilidad compartida y respeto irrestricto a la jurisdicción de cada país. Sin duda, contamos con poca información sobre los detalles de estos operativos. Sobre el proceso de toma de decisiones y sus participantes. No sabemos a ciencia cierta los detalles de su instrumentación ni la forma en que deliberadamente se dejaron de lado los acuerdos de cooperación con nuestro país. Solicitamos, por lo tanto, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Embajada de México en los Estados Unidos, informes detallados sobre las audiencias y comparecencias que sobre estos operativos han tenido lugar en el Congreso estadounidense. Pero más aún, nos manifestamos a favor de que el Gobierno Mexicano integre la averiguación previa que corresponda y consigne a las autoridades judiciales los hechos constitutivos de delitos que, en su momento, podrían sustentar procesos de extradición.
De ahí la importancia de este dictamen. Reconocer lo avanzado hasta el momento pero repudiar enérgicamente y castigar de manera ejemplar cualquier iniciativa unilateral que tenga efectos violatorios sobre la soberanía nacional e implicaciones nocivas para la seguridad y el bienestar de México. El propósito, más que entrar en una discusión que en Estados Unidos tiene tintes electorales evidentes, es unir esfuerzos para terminar con este lastre. Y, todavía más importante, decirle claro y fuerte a los Estados Unidos que no podemos cruzarnos de brazos y no nos resignaremos al ver la manera en que estas armas terminan nutriendo la violencia que ambos deberíamos combatir sin cuartel.
Artículo publicado el pasado 12 de noviembre en Milenio Diario, estado de México
- Foto: josecardenas.net | Los representantes de los países del G20 en Cannes, noviembre 2011
El día de ayer, nuestro país asumió la presidencia del Grupo de los 20, uno de los mecanismos de diálogo sobre cooperación económica y financiera más importantes entre países industrializados y emergentes. Se trata de un reconocimiento muy importante a nuestro país y al mismo tiempo un desafío que entraña una gran responsabilidad. Se trata del primer país latinoamericano, y al mismo tiempo, el primer país en desarrollo que presidirá este mecanismo desde su creación en 1999. Por lo tanto, se reconoce así también el peso y la relevancia que las economías latinoamericanas tienen en la esfera global y el liderazgo de nuestro país para representar a esta región del mundo. Pero más allá de todas estas consideraciones, hay un elemento que no puede pasar inadvertido. Ya hacía mención a él, hace algunos días, la Canciller Patricia Espinosa cuando argumentaba la manera en que México tiene autoridad moral para conducir los trabajos del G20 en un contexto de profunda crisis financiera internacional. Y es que nuestro país cuenta con las credenciales y la credibilidad suficientes, construidas a lo largo de poco más de una década de intachable disciplina financiera, para encabezar la acción concertada de las economías más poderosas del mundo contra la crisis de la deuda soberana en Europa y a favor de una reforma toral al sistema de supervisión y estabilidad financiera internacional.
Desde luego que la presidencia mexicana del G20 se ocupará, de entrada, de asuntos coyunturales relativos a la denominada guerra de divisas, el resurgimiento de ciertos apetitos proteccionistas en distintos países del mundo y del rescate global a la economía griega. Lo hará como un profundo conocedor de los efectos negativos que producen, por un lado, las crisis de confianza y certidumbre financiera y, por el otro, las recetas inflexibles que terminan lastimando aún más a la población más vulnerable. No obstante, se ocupará también de los grandes temas de la recuperación de la economía global. Y aquí resulta muy importante la reforma a las instituciones financieras internacionales a fin de dotarles de los instrumentos necesarios para evitar nuevos escenarios de crisis en el futuro. Este esfuerzo supone, además, seguir avanzando en la reforma de sus instancias de gobierno, con el objetivo de dar una mayor legitimidad y eficacia al trabajo de estas instituciones a través de una adecuada representación de las economías emergentes.
Son las economías emergentes como la de México las que, gracias a su buen desempeño económico en los últimos años, se han convertido en fuerzas dominantes sin cuya participación cualquier discusión global sobre desarrollo y estabilidad económica carece de relevancia. En este contexto, la presidencia de México constituye una gran oportunidad para introducir una agenda que retome los temas centrales que las economías emergentes han puesto históricamente en la mesa de negociaciones del G-20. Me refiero a la promoción del desarrollo desde una perspectiva que de prioridad a la seguridad alimentaria, la reducción de desigualdades sociales, el combate a la corrupción, la sustentabilidad ambiental y la proliferación de fuentes de energía renovables. Además, supone una gran oportunidad para demostrar el liderazgo que México ejerce sobre muchos de estos temas y desplegar la capacidad negociadora de nuestro país para acercar posiciones que aún hace falta conciliar con el fin de recuperar la estabilidad económica que, por malas decisiones de los países desarrollados, perdimos en 2008.
Artículo publicado el pasado 5 de noviembre en Milenio diario, estado de México
Foto: globalmedia.mx | Unidad móvil del Programa del Cáncer de la Mujer de la Secretaría de Salud
El pasado 19 de octubre, en el contexto de la conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, los mexicanos volvimos a reflexionar sobre la importancia de cerrarle el paso a esta letal enfermedad que se cobra la vida de alrededor de 5 mil mexicanas cada año. Si bien 13 mil mexicanas son diagnosticadas de este padecimiento –aproximadamente 35 cada día- lo cual les permite comenzar un tratamiento médico adecuado, el problema de fondo está en la prevención, la detección temprana y el diagnóstico oportuno. Es esta escasa cultura preventiva un factor fundamental para entender la manera en que se ha convertido en la principal causa de muerte por tumor maligno entre las mexicanas. Si bien es cierto que se trata de un problema global – la Organización Mundial de la Salud estima insuficiente la tasa de detección actual de un caso cada treinta segundos- hace tiempo que el Gobierno Federal en México decidió invertir cuantiosos recursos humanos, económicos y científicos a fin de remontar esta tendencia. Desde el 2007, por ejemplo, el Seguro Popular cubre de manera gratuita el tratamiento de distintos tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama. Con ello, la esperanza de vida de las mujeres, especialmente de escasos recursos, se ha multiplicado exponencialmente. De las 25 de cada 100 mujeres, que antes abandonaban el costoso tratamiento médico por falta de recursos, hoy solo lo abandonan 3. Esto es el resultado de un esfuerzo mayúsculo para difundir la importancia de la detección temprana mediante la puesta en marcha de numerosas unidades móviles de mastografía en el país y también la creación de 43 unidades médicas que, a nivel nacional, se ocupan prácticamente de manera exclusiva de la atención al cáncer de mama.
Sin embargo, a nivel estatal hay un rezago que no hace sino profundizarse. Tristemente este es también el caso del estado de México. En nuestra entidad, tres mujeres mueren por esta causa cada 48 horas lo cual representa 550 mujeres al año. Se trata de más del 10% de las mujeres que en todo el país fallecen por esta causa. Son muertes evitables mediante la inversión en hospitales especializados, campañas de prevención y detección oportuna. Para nadie es un secreto que en el estado de México hay un déficit crónico de infraestructura hospitalaria y cobertura médica que contrasta con nuestra realidad como la entidad más poblada del país. Pero si bien los recursos disponibles para este fin han venido aumentando sistemáticamente año tras año, son las propias autoridades de salud del estado quienes reconocen, por ejemplo, que en los últimos tres años la incidencia de cáncer de mama se ha elevado en al menos un 12%. Es vergonzoso constatar que si bien el Seguro Popular amplía su alcance en entidades como la nuestra, las autoridades estatales y municipales no han cumplido con su obligación de crear la infraestructura complementaria que atienda de manera gratuita y a tiempo a aquellas mujeres para quienes el costo de un examen de mastografía es prácticamente el del sustento semanal o incluso mensual para su familia. Si seguimos así, afirma el Dr. José Luis Barrera, director del Centro Oncológico Estatal, en el 2040 una de cada tres mujeres mexiquenses padecerá la enfermedad. Exigir a las autoridades que pongan atención a este asunto y de sumarse a esta campaña de concientización mundial es la mejor manera de recordar a las víctimas.
Artículo publicado el pasado 22 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
Mientras en estados de la Unión Americana como Alabama, la persecución contra los migrantes se acentúa con el respaldo judicial a disposiciones xenófobas y contrarias a los derechos humanos como las de la denominada ley HB56, el estado de California se coloca a la vanguardia en la aprobación de leyes que amplían los derechos de los inmigrantes indocumentados. Este fin de semana pasado, el gobernador demócrata Jerry Brown ratificó la denominada ley AB131, es decir, la segunda parte del paquete comúnmente llamado Dream Act de California, que autoriza a los estudiantes indocumentados a solicitar becas del estado y, de esa forma, darles la oportunidad de construirse un futuro mejor. Se trata, como afirma su principal promotor, el asambleísta demócrata Gil Cedilllo de Los Ángeles, de enviar un mensaje sobre la manera en que California “está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración”.
A diferencia de la primera parte del Dream Act, aprobada ya hace algunas semanas, que permitía a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para costear su educación universitaria, esta segunda parte estipula que los inmigrantes indocumentados podrán tener acceso a ayuda pública para estudiar en cualquiera de los m{as de 110 planteles universitarios de ese estado. Con esta nueva legislación aproximadamente 25 mil estudiantes indocumentados, que se gradúan de la educación secundaria cada año en California, podrían beneficiarse en alguna medida y recibir la ayuda del estado sin la cual no podrían completar un programa de educación superior.
Más importante aún, podrían acceder a becas como las Cal Grants, que impiden que los mejores estudiantes abandonen la Universidad por falta de recursos económicos suficientes.
Pero esta no es la única legislación que, en fechas recientes, ha aprobado el estado de California a favor de los migrantes. Este fin de semana pasado, el gobernador Brown también firmó la ley AB1236, que impide que ciudades y condados obliguen a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los empleados. También firmó la ley AB207 que unifica los requisitos para ingresar a escuelas públicas dejando fuera el estatus migratorio de los estudiantes y la ley SB126 que autoriza la constitución de sindicatos de trabajadores agrarios, de nuevo sin tomar en cuenta el estatus migratorio de sus integrantes.
Sin duda, la octava economía del mundo está dando una lección muy importante al resto de los estados de la Unión Americana sobre la importancia de reconocer las múltiples contribuciones que los migrantes aportan a la sociedad californiana y de remar contracorriente al enfatizar la inclusión y la integración de un grupo humano tan numeroso, talentoso e industrioso como el de los mexicanos y el resto de las comunidades de origen hispano en California.
Son gestos que no pueden pasar inadvertidos y de ahí mi propuesta, presentada el jueves pasado, para que una delegación del Senado de la República -al más alto nivel político- visite pronto el Congreso de California a fin de reconocer este esfuerzo sin precedentes y estrechar los vínculos de amistad entre ambas instancias legislativas.
Artículo publicado el pasado 15 de octubre en Milenio Diario, estado de México
