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La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Foto: nuovosoldo.wordpress.com
El pasado 9 de octubre, el Comité noruego que determina año tras año a los ganadores del Premio Nobel en distintas disciplinas decidió entregar los galardones correspondientes a la edición 2009 a un selecto grupo de personalidades de la ciencia, la cultura y la política internacional quienes a, su juicio, han hecho contribuciones sobresalientes a la sociedad contemporánea. De esta manera, el Comité decidió otorgar el Premio Nobel de Literatura a la escritora alemana Herta Müller por sus novelas y ensayos críticos contra la opresión de la dictadura rumana de Ceauşescu, el de Economía a los estadounidenses Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson por sus trabajos sobre “gobernanza” económica, el de Medicina a los estadounidenses Elizabeth Blackburn, Jack Szostak y Carol Greider por sus investigaciones sobre el cáncer y el envejecimiento celular, el de Química al ingles Venkatraman Ramakrishtan, la israelí Ada E. Yonath y el estadounidense Thomas A. Steitz por sus estudios sobre la estructura y funciones de los ribosomas y el de Física al chino Charles K. Kao y a los estadounidenses Willard S. Boyle y George E. Smith por sus investigaciones sobre telecomunicaciones y fibra óptica. Sin embargo, el galardón que más controversia levantó fue el Premio Nobel de la Paz 2009 otorgado al presidente estadounidense Barack Obama por sus “extraordinarios esfuerzos en el fortalecimiento de la diplomacia y la cooperación entre los pueblos del mundo”.
Con la llegada de Barack Obama a la presidencia estadounidense, agregó el Comité, “la diplomacia multilateral ha recuperado un puesto prioritario” y enfatizó que el premio era además un reconocimiento al compromiso del presidente estadounidense con un mundo libre de armas nucleares y un futuro sustentable de combate al cambio climático. “Muy pocas veces -dijo Thorbjoern Jagland, presidente del comité- una persona le había dado a la gente tanta esperanza para un futuro mejor”.
El propio presidente estadounidense se declaró sorprendido y honrado por esta decisión y agregó que aceptaba el premio como un “llamamiento a la acción” para que, entre otras cosas, la comunidad internacional trabaje en conjunto para resolver problemas como el cambio climático, la proliferación nuclear y el conflicto árabe – israelí en el Medio Oriente. “Para ser honesto”, dijo Obama, “no creo merecerme estar en compañía de todas aquellas figuras transformadoras que han sido honradas con este premio”.
Con esta decisión Barack Obama es el tercer presidente estadounidense que recibe el premio durante su mandato constitucional después de Theodore Roosevelt en 1906 y Woodrow Wilson en 1919. Como era previsible, las críticas no se hicieron esperar. Voces dentro y fuera de Estados Unidos han puesto en entredicho esta decisión desde distintos puntos de vista. Unos señalan que es un premio otorgado sólo con base en intenciones, otros mantienen que se trata de una decisión con oscuros fines políticos y no falta quien menciona que el Premio es más un repudio a antecesor que un reconocimiento concreto al trabajo de Obama. Y sin embargo, el propio presidente del Comité del Nobel de la Paz ha lanzado una pregunta muy importante que justifica por mucho este galardón. Jagland afirmó “Alfred Nobel escribió que el premio debería ser para aquella persona que más hubiera contribuido al desarrollo de la paz en el año previo. Por tanto, ¿quién ha hecho más que Barack Obama?”. Esta pregunta, en efecto, nos remite a una realidad palpable: hoy el mundo puede tener prácticamente los mismos conflictos pero un nivel inferior de tensiones que hace un año y esto, en buena medida, es gracias a los esfuerzos de una nueva administración estadounidense. La decisión de reconstruir las relaciones entre Estados Unidos y el mundo musulmán, la distensión que ha significado el rechazo al escudo antimisiles que el ex presidente Bush pretendía construir en Europa Oriental, las determinaciones sobre la cárcel de Guantánamo y el giro en la estrategia contra el terrorismo han aliviado buena parte de estas tensiones.
Las intenciones, por lo tanto, no son tan sólo eso. Representan un compromiso que con el Premio en la mano será difícil rehuir. En ese sentido, el Premio Nobel de la Paz lejos de ser solamente un reconocimiento es también una condecoración que responsabiliza aún más al presidente estadounidense con los valores de la paz, la cooperación, la diplomacia y el derecho internacional. De entrada será un incentivo mayor para el galardonado a fin de condensar un compromiso global en contra el cambio climático durante la próxima conferencia mundial de Copenhague. Será, además, un aliciente importante para un retiro responsable y acompañado de medidas para el restablecimiento de la normalidad en Irak, para una nueva ronda de negociaciones en el conflicto palestino, para un eficaz replanteamiento de la economía global luego de la crisis financiera, para el mejoramiento de los dañados vínculos transatlánticos, para la implementación de una nueva visión sobre el desarme internacional y, por supuesto, para una nueva relación entre Estados Unidos y América Latina. Por ello, Obama no sólo merecía el Premio sino que el mundo necesitaba que lo recibiera para construir una mejor perspectiva sobre una paz estable y duradera ante multiples desafíos globales.
Artículo publicado el pasado 17 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Un grupo de países latinoamericanos, entre los que destaca Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Chile y Panamá propusieron desde enero de 2006 a la Asamblea General de la ONU declarar el año 2009 como “Año Internacional de la Reconciliación”. Sus esfuerzos fructificaron toda vez que el 13 de noviembre del mismo año la Asamblea General, mediante la resolución A/61/l.22, así lo decretó. La importancia de esta conmemoración tiene que ver, según el texto de la resolución, con que los procesos de reconciliación son especialmente urgentes en distintos países donde últimamente se han vivido conflictos sumamente divisivos de las sociedades. Además, parte del reconocimiento de que la Organización de las Naciones Unidas aún puede hacer mucho para colaborar en los procesos paz y en las situaciones post conflicto para, en conjunto con gobiernos y otras organizaciones transnacionales, garantizar auténticos procesos de reconciliación mediante herramientas políticas, educativas y sociales.
Desmond Tutu. Foto: www.wordpress.com
De esta manera, la ONU manifiesta su interés por promover la paz entre las nuevas generaciones especialmente en aquellos países que han sufrido conflictos y que aún se preguntan sobre la manera idónea para superarlos. En ocasiones, las políticas para el perdón y, en otros casos, las denominadas Comisiones de la verdad, son algunos de los principales instrumentos para sanar las heridas del pasado y promover una mirada hacia delante. Amnistía, justicia restaurativa y diálogo son también términos clave para lidiar con los traumáticos efectos de las violaciones a los derechos humanos que experimentan las sociedades en situaciones de post conflicto. De ahí la insistencia de personajes como el premio Nobel de la paz Desmond Tutu quien, basado en la experiencia razonablemente exitosa de Sudáfrica, afirma que la reconciliación es posible sobre la base de un proceso que permita contener la fuerza destructiva del odio y promover el poder liberador del perdón. “Si fue posible la reconciliación en Sudáfrica” –dice Tutu- “también lo es en Oriente Medio o Zimbabwe”.
Reconciliar, dice el diccionario de la Academia Española, es “la acción de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí”. Según otros especialistas, la reconciliación puede ser comprendida como una acción compleja y multifactorial con un efecto positivo, por ejemplo, en la recomposición del tejido social, en el establecimiento de instituciones sólidas y confiables, en el afianzamiento de un auténtico estado de derecho y un régimen de protección de los derechos humanos y la democracia.
En efecto, base esencial de una paz duradera es la superación de los traumas derivados de un grave conflicto mediante procesos conciliatorios. En América Latina tenemos numerosos ejemplos de éxito –Argentina y Chile- pero muchos otros que precisan de un proceso amplio y urgente de reconciliación. Sin duda, Honduras necesita urgentemente una estrategia para la concordia nacional luego de la resolución del grave conflicto político que enfrenta entre las facciones del gobierno de facto y el gobierno derrocado de Manuel Zelaya. Por eso la propuesta de Oscar Arias, mediador en este conflicto, para establecer un Gobierno de Unión y Reconciliación Nacional como base fundamental para superar el golpe de Estado.
En Haití, el proceso de reconciliación está en marcha bajo el liderazgo de la Misión de Naciones Unidas (MINUSTAH) pero aún existen graves amenazas a la gobernabilidad y la estabilidad del país. Muy pronto otros países como Venezuela, Bolivia y Nicaragua –donde las sociedades se han venido confrontando como resultado de los divisivos proyectos gubernamentales de inspiración bolivariana- tendrán necesidad de un proceso de reconciliación y unidad nacional.
Desde luego, a nivel global los retos son mayúsculos. El conflicto árabe – israelí, la violencia en Congo y Ruanda, la disputa por Cachemira, la conflagración entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur, la independencia de Kosovo, las guerras civiles de Somalia, Liberia, Angola, Sierra Leona y Chad, los conflictos internos e internacionales en Irán, Corea del Norte y Afganistán, entre muchos otros, representan un desafío cada vez mayor para las organizaciones internacionales en su cometido de defender y consolidar procesos de paz. “La paz”, solía decir Albert Einstein, “no se sostiene por la fuerza sino por la vía del entendimiento”. Ese es precisamente el esfuerzo que toca efectuar a la comunidad internacional en las distintas instancias de toma de decisiones. México no puede ser la excepción y de ahí la urgencia de que nuestro país tome parte activamente en las misiones de paz de la ONU, como el grueso de nuestros países amigos. La lucha por la seguridad y la paz, así como por la reconciliación de las sociedades, es una responsabilidad y un deber de todos.
Artículo publicado el pasado 22 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
El próximo 17 de agosto, el Presidente Calderón hará una visita oficial a Brasil a fin de signar compromisos concretos en materia política, comercial, científica, cultural y educativa. Sin duda, la visita representa una gran oportunidad para enfatizar la necesidad de institucionalizar plenamente la relación bilateral y dejar atrás la indefinición, las rivalidades y los desencuentros que desafortunadamente han caracterizado históricamente a nuestras relaciones bilaterales.
Fotografía: www.todososfogos.blogspot.com
Desde 1862, cuando el primer embajador mexicano pisó Río de Janeiro, las relaciones entre México y Brasil no han estado exentas de fuertes desencuentros y rivalidades. Estos desencuentros tuvieron que ver, de acuerdo con Guillermo Palacios, con una cultura de hostilidad en las burocracias medias alimentadas por los disímbolos regímenes políticos de ambos países. El origen de esto pudo estar en las preferencias distintas de un país independiente en el siglo XIX, que se desangraba en la lucha entre conservadores y liberales decantándose por la construcción de una República, y un país que eligió la monarquía como forma de gobierno promoviéndola en todo el hemisferio hasta finales del siglo XIX.
Los desencuentros se agudizarían en el siglo XX con el advenimiento de la dictadura de Vargas en los años treinta y cuarenta y, más tarde, de las dictaduras militares de los sesenta y setenta. Sin embargo, ante los procesos paralelos de construcción de la democracia en ambos países a partir de los años ochenta, las posibilidades de encuentro son cada vez mayores y, en buena medida, urgentes.
Aunque la política exterior de ambos países también ha sido en buena medida distinta, hoy México y Brasil mantienen un importante liderazgo regional en Centro y Sudamérica respectivamente y aspiran a un liderazgo global que pueden y deben mantener sin considerarlo mutuamente excluyente. Las legítimas aspiraciones de México y Brasil ante posiciones internacionales de relevancia no puede ser impedimento y, más aún, debería ser un incentivo para construir un mejor diálogo e intercambio bilateral. Por extraño que parezca ese es precisamente el criterio de la opinión pública mexicana que, de acuerdo con la encuesta publicada por el CIDE sobre sus percepciones en materia de política exterior, concibe a Brasil más como un amigo (53%) que como un socio (30%) y prácticamente nunca como un rival (4%) de México.
Frente a mecanismos de diálogo y cooperación excluyentes como la Unión Sudamericana, el denominado G-3 –que Brasil formó con India y Sudáfrica-, entre otros, es necesario fortalecer mecanismos incluyentes a nivel hemisférico como el Grupo de Río –donde Brasil y México son actores protagónicos- y dar forma a proyectos que moldeen una agenda bilateral ambiciosa.
De ahí que se antoja indispensable la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica con Brasil aún más ambicioso que los que ha firmado México con países como Argentina, Chile y, recientemente, Costa Rica. Esta Asociación Estratégica debería abordar una amplia agenda de cooperación y advertir que su implementación abrirá una nueva etapa de consultas expeditas sobre asuntos políticos, energéticos y multilaterales.
Solo así se honraría una relación comercial que fluye anualmente con volúmenes cercanos a los ocho mil millones de dólares, una multimillonaria inversión recíproca, un PIB combinado entre los dos países de más de 1.2 billones de dólares y, por supuesto, la responsabilidad mutua que compartimos con la estabilidad, el crecimiento, el bienestar y la integración en América Latina. La existencia de este mecanismo implicaría, además, entender cabalmente nuestras divergencias y ampliar las oportunidades de converger. México tiene que comprender la pertinencia del Mercado Común Sudamericano (MERCOSUR) y Brasil aceptar que el TLCAN no divide ni amenaza a América Latina.
En este contexto, y a partir de la creación en marzo de 2007 de la Comisión Binacional México – Brasil, deberían seguir anuncios similares para establecer mecanismos de diálogo y concertación entre ambos países en distintas materias. Sería relevante, por ejemplo, recuperar la relación parlamentaria a fin de celebrar a la brevedad la Segunda Reunión Interparlamentaria México – Brasil (la primera se celebró hace ya más de 5 años en febrero de 2004) y de alguna manera ciudadanizar lo que ha sido hasta el momento, casi exclusivamente, una relación diplomática mediante la creación de mecanismos específicos para la convergencia de empresarios, intelectuales, artistas, estudiantes, científicos, entre otros. Nuestra mutua participación en el denominado G5 justifica, además, mejores esfuerzos para ampliar nuestra cooperación energética, la generación de Centros Binacionales de Investigación y, por supuesto, un constante diálogo para fortalecer la postura de la región latinoamericana en foros internacionales en temas clave de la agenda multilateral como los financieros, agrícolas, energéticos y ambientales.
Artículo publicado el pasado 8 de agosto del 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Ilustración: www.eleconomista.com.mx
Durante su pasada visita a México, el jefe de la oficina de control de drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, presentó una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer la estrategia mexicana contra el narcotráfico al tiempo que hizo patente su respaldo y admiración por la lucha decidida que ha emprendido el gobierno del presidente Calderón contra este flagelo. Kerlikowske se reunió con el Presidente Calderón y con altos funcionarios del gobierno mexicano, elogió el programa para abrir tribunales especializados en materia de drogas e hizo un inequívoco señalamiento sobre la necesidad de mejorar la cooperación bilateral para la reducción de su consumo. No obstante, hizo una revelación sumamente preocupante para el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico y particularmente para la evolución de la denominada Iniciativa Mérida. Kerlikowske se refirió a que, previo a la próxima liberación y entrega de recursos programados en esta etapa de la Iniciativa Mérida, la secretaria de Estado Hillary Clinton deberá analizar la situación de los derechos humanos con el fin de determinar si nuestro país obtiene o no la aprobación o certificación estadounidense en esta materia. Esto como resultado de las denuncias de algunas organizaciones no gubernamentales que señalan a integrantes del Ejército Mexicano cometiendo abusos y distintos ilícitos en el marco de su combate al narcotráfico.
El problema de la declaración no reside en la posible injerencia sobre la situación de los derechos humanos en México. Los derechos humanos son parte de un régimen de observancia internacional que está por encima de soberanías o fronteras. Esta ha sido la política del gobierno mexicano desde el año 2000 cuando se formuló una invitación abierta a los distintos organismos internacionales en la materia para visitar nuestro país y cooperar en el mejoramiento de nuestro esquema de protección de los derechos humanos. Desde entonces, nuestra participación en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas así como en otros foros que convocan a la comunidad internacional ha sido de apertura y disposición al diálogo en esta materia.
No es eso lo que preocupa de la declaración de Kerlikowske sino el planteamiento de que volveremos en nuestra relación bilateral a la etapa –que creíamos plenamente superada- de las certificaciones. Sin duda, resulta muy difícil imaginar a los Estados Unidos o a cualquier otro país, erigirse en autoridad absoluta en esta materia en la que aún todos tenemos mucho que aportar y mejorar. Pero peor aún resulta constatar que la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado esté supeditada a una “evaluación” o una serie de condiciones que en definitiva no están en consonancia con el grado de confianza y convergencia que deberíamos tenernos. Somos dos socios que habitamos en el mismo vecindario y que nos defendemos de una poderosa amenaza común.
La cooperación implica una dosis de buena fe y confianza que no debería ponerse en tela de juicio. Implica también, especialmente en este caso, una noción de responsabilidad compartida para instrumentar una respuesta integral de carácter binacional. Supone, además, un sentido –hasta ahora ausente- de la urgencia para poner en marcha estos mecanismos.
Es decepcionante comprobar que para la liberación de recursos, el documento de aprobación debe pasar por un tortuoso mecanismo de firmas, cartas de acuerdo, informes de impacto y, por si fuera poco, ahora por esta certificación del Departamento de Estado. La lentitud burocrática para la liberación y entrega de recursos, los condicionamientos y supervisiones sobre su utilización, y las declaraciones de los funcionarios estadounidenses deben hacernos reflexionar sobre la importancia de construir una auténtica relación de cooperación –y no de asistencia unilateral- con nuestro vecino del norte.
Y es que no hay nada más alejado de la realidad que esta supuesta carta de impunidad para los militares e integrantes de otras corporaciones que incurren en abusos. Durante la administración del Presidente Calderón, doce militares mexicanos han sido condenados y 53 más se encuentran actualmente procesados por crímenes como homicidio, secuestro, tortura, extorsión y uso innecesario de armas.
Por supuesto, esto es parte de un proceso en el que la cooperación internacional juega un papel crucial. La ayuda en especie, el equipo para respaldar la capacitación y el adiestramiento de agentes policíacos, los aviones de rastreo-vigilancia y la tecnología de vanguardia para la inteligencia, reacción e investigación son cruciales para gradualmente ir retirando al Ejército mexicano de estas tareas y mejorar la formación, en materias como la protección de los derechos humanos, de las distintas fuerzas del orden. Mientras más se retrase esta ayuda, mientras más obstáculos se establezcan para su entrega, mientras más condiciones se impongan desde Washington para su liberación, más difícil será lograr este objetivo que, por el momento, no es viable.
Artículo publicado el pasado 1º de agosto en Milenio Diario, EdoMéx
Ilustración: www.miapogeo.com
La nominación e inminente ratificación de Sonia Sotomayor como jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos es un signo alentador para todos quienes creemos en el liderazgo de las mujeres y las personas de origen latino en las más altas posiciones decisorias del planeta. Sotomayor, hija de puertorriqueños de humilde condición en el Bronx neoyorkino, se convertirá en la primera persona de origen latino, y apenas en la tercera mujer, que llega a esa posición.
Pero el camino no ha sido fácil. Con base en el trabajo duro y la perseverancia de su familia, combatiendo la diabetes que le fue diagnosticada al cumplir ocho años, la muerte de su padre a los nueve y la pobreza que le rodeó desde aún más pequeña, Sonia se graduó con honores en Princeton, culminó su formación en Yale y se convirtió en una brillante jueza de distrito -la primera de origen latino- en Manhattan. Tal y como lo recordó el propio presidente Barack Obama durante su designación, su nombramiento demuestra que “no importan los orígenes que uno tenga o los desafíos que la vida te presente”. No obstante, su historia personal está llena de episodios en los que tuvo que sobreponerse a señalamientos racistas, clasistas y machistas. Y actualmente, precisamente días antes de su posible confirmación en el cargo máximo para un jurista estadounidense, sigue recibiendo lamentables señalamientos de este tipo.
A pesar de que Sotomayor ha cosechado buen número de apoyos, en principio los suficientes para asegurar su confirmación, ha tenido que responder a numerosos ataques. Con declaraciones sacadas de contexto y a partir de un famoso caso de discriminación positiva y acciones afirmativas en New Haven sobre el que emitió sentencia se le ha acusado de racista. Durante las audiencias de confirmación, unos cuantos legisladores estadounidenses atacaron a Sotomayor por pertenecer a grupos como el Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y la Educación –como si defender derechos civiles fuera indebido- y cuestionaron, con nula evidencia, su capacidad para ser equitativa y objetiva en controversias raciales. Y es que, en el fondo, los detractores de Sotomayor no han entendido el valor y la importancia de las acciones afirmativas. En países como Estados Unidos, donde la segregación racial fue una realidad generalizada en buena parte del siglo XX, las acciones afirmativas siguen siendo muy importantes. En general, una acción afirmativa tiene el propósito de establecer medidas que den a un grupo que históricamente ha sufrido discriminación, cierto trato preferencial en el acceso a ciertos servicios, recursos y oportunidades con el objeto de compensarles e incorporarles de lleno en un proceso de reducción de las desigualdades.
Pero el nombramiento de Sonia Sotomayor no es solamente una acción afirmativa. Es el reconocimiento de que personas provenientes de minorías históricamente discriminadas pueden ser tan capaces y estar tan preparadas como el resto para desempeñar un altísimo cargo público. Es además el reconocimiento a las múltiples contribuciones y al peso específico que tiene la comunidad latina en los Estados Unidos. Una comunidad que crece, que se educa y que aporta cada vez más al desarrollo de ese país. Es también una comunidad que con Sotomayor, Hilda Solís, Linda Sánchez, Antonio Villaraigosa, Arturo Valenzuela, entre otros, están cambiando el rostro de la inmigración latina y haciendo sentir su relevancia sobretodo en el ámbito público bajo la actual administración estadounidense.
Su dominio del derecho estadounidense, la solidez de su carrera judicial, su capacidad para responder a preguntas complejas así como su sinceridad y seguridad para abordar cuestionamientos incómodos sorprendió a demócratas y republicanos durante las audiencias de confirmación.
Según estimaciones periodísticas, Sonia Sotomayor será confirmada de manera abrumadora, la próxima semana, por el Congreso estadounidense. Son buenas noticias para la comunidad latina en Estados Unidos, para la defensa de los derechos humanos de las minorías en el mundo, para la lucha de las mujeres por asegurar la equidad de género y eventualmente para nuestro país puesto que no es un secreto su postura crítica con respecto a la portación y tránsito de armas en la Unión Americana.
Artículo publicado el pasado 25 de julio de 2009 en Milenio EdoMéx
Foto: www.elcorreo.ca
Históricamente Canadá se ha definido como un país abierto a la inmigración, como una sociedad multicultural y pluriétnica que valora, reconoce y sabe incorporar el aporte económico y cultural de los distintos pueblos del mundo. Esa actitud convirtió a Canadá en una potencia global cuya presencia en el mundo hizo resaltar aún más sus valores de tolerancia, diversidad y pluralismo al distinguirse de las políticas restrictivas, proteccionistas y anti-inmigrantes de muchos otros países, especialmente de los Estados Unidos. Por supuesto las relaciones con México, desde su establecimiento formal hace 65 años, fueron emblemáticas en este rubro hasta la decisión- unilateral e intempestiva- que tomaron las autoridades canadienses para imponer un visado a los ciudadanos mexicanos y checos que quieran visitar ese país.
El ministro de ciudadanía, inmigración y multiculturalismo del gobierno canadiense, Jason Kenney, anunció la medida con apenas unos días de antelación de que entrara en vigor el pasado 13 de julio. En adelante, los mexicanos que deseen visitar Canadá deberán someterse a una dura revisión de documentos que, según cada caso, podrían ser hasta estados de cuenta bancarios, cartas de antecedentes no penales y exámenes médicos traducidos al inglés o francés, entre algunos otros. Según las autoridades canadienses, la visa se impuso como respuesta a la multiplicación reciente de solicitudes de refugio que mexicanos en Canadá han venido presentando y de las cuales la mayoría fueron juzgadas falsas mientras sólo una proporción muy menor (11%) terminó admitiéndose.
Sin dejar de reconocer que es una decisión soberana, con ella Canadá se apartó radicalmente de su postura histórica y tradicional favorable a la inmigración además de que afectó severamente los planes, proyectos y actividades que realizan miles de mexicanos en ese país. Previsiblemente, la Embajada canadiense en México ha visto rebasada su capacidad para atender a una gran cantidad de mexicanos que se han dado cita en sus instalaciones para completar este trámite –en pleno periodo vacacional- y quienes con mucha razón han manifestado su inconformidad por este procedimiento que ya ha ocasionado que muchos de ellos pierdan sus vuelos.
Peor aún, se afectó la espléndida relación de confianza, diálogo y cooperación entre nuestros Gobiernos, nuestras entidades sociales, empresariales, turísticas, académicas, científicas y culturales. De entrada, se ha dicho que esto no afectará otros flujos pero no queda claro, por ejemplo, cual será el impacto de esta medida sobre el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales que existe entre ambos países, o sobre otros programas de intercambio universitario y científico que dan sustento a nuestra relación bilateral y que son ejemplos muy exitosos a nivel regional y global sobre gestión migratoria. En cualquier caso, la afectación económica puede ser muy alta tan sólo en el rubro turístico. De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Rafael Armendáriz, durante este verano la medida pone en riesgo los viajes de más de 266 mil mexicanos quienes, en promedio, dejarían una derrama económica en Canadá de aproximadamente 270 millones de dólares canadienses.
En contraste, las autoridades mexicanas recientemente anunciaron la facilitación de trámites de visa para turistas chinos, rusos, indios y brasileños por lo que sería indeseable establecer, en reciprocidad, una visa para canadienses que, por si solos, representan el 16% del turismo internacional que visita nuestro país. Esa medida sólo agravaría el problema.
De no resolverse antes, este tema deberá ser prioritario para abordarse durante la próxima Reunión Cumbre de Líderes de América del Norte a desarrollarse en la ciudad de Guadalajara durante el próximo mes de agosto. Y es que esta medida va en la dirección opuesta a la propia integración de la región norteamericana que resulta indispensable fortalecer por razones de seguridad, competitividad y desarrollo compartido.
Por supuesto, la nueva visa no tendrá el efecto deseado sobre la reducción de solicitudes de refugio. De hecho, son dos procesos completamente distintos y diferenciados por lo que las autoridades canadienses habrían podido elegir otro mecanismo para atajar el problema. Podrían haber restringido el acceso de mexicanos a sus políticas de refugio y asilo o, en definitiva, establecer sanciones a quienes abusaran de esta vía para la legalización de su residencia. Pero establecer una visa ha acarreado grandes inconvenientes. El gobierno mexicano ha anunciado ya su decisión de establecer visas a funcionarios y diplomáticos que visiten nuestro país como respuesta a la decisión canadiense. Además, toda vez que la visa también afectará a ciudadanos checos visitando Canadá, la República Checa ya ha actuado en consecuencia y además de establecer una visa para diplomáticos canadienses y retirar a su Embajador en Ottawa ha pedido a la presidencia sueca de la Unión Europea homologar esta política migratoria que le impediría a los turistas canadienses ingresar a cualquiera de los países miembros de los Acuerdos de Schengen sin el visado correspondiente. Por ello, y a la luz de estas inconveniencias, sería deseable que pudiera replantearse esta determinación.
Finalmente, y no menos importante, este hecho pone en duda los alcances de la globalización en la que estamos inmersos. El retroceso que representa esta decisión del gobierno canadiense, debe hacernos reflexionar sobre los alcances de este proceso que se advertía consolidado y que, en cambio, parece severamente amenazado.
Artículo publicado el pasado 18 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Embajador Carlos Pascual
El pasado 8 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense celebró lo que denominan audiencias de confirmación a fin de ratificar dos nombramientos gubernamentales de enorme relevancia para México. Se trata de dos personalidades de origen hispano que, en buena medida, instrumentarán la nueva política estadounidense hacia la región y, desde luego, hacia nuestro país. Me refiero al Dr. Arturo Valenzuela, nuevo Secretario de Estado adjunto para América Latina, y al Dr. Carlos Pascual, confirmado en el cargo de Embajador de Estados Unidos en México.
Arturo Valenzuela es un destacado académico de las Universidades de Duke y Georgetown en Estados Unidos donde se ha especializado en política latinoamericana y consolidación de procesos democráticos. Pascual, por su parte, es un talentoso diplomático educado en las universidades de Stanford y Harvard que se ha especializado en asuntos euroasiáticos y asistencia a países en transición política, especialmente en Europa del Este. Fue también director del respetado Brookings Institution, y junto con Valenzuela, uno de los principales asesores del entonces candidato Obama en asuntos internacionales.
Arturo Valenzuela, Secretario de Estado adjunto para América Latina
Ambos demostraron, durante esta comparecencia, un notable interés por transformar muchos de los elementos que durante la pasada administración del ex presidente Bush impedían una relación de cooperación estrecha entre Estados Unidos y América Latina. Durante su intervención, Valenzuela se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en América Latina como un medio para garantizar su estabilidad política y crecimiento económico. Planteó que el caso de Honduras es muy grave no sólo por la deposición del presidente Zelaya sino por el conflicto político que supone y el reto que entraña para la comunidad internacional. La fragilidad institucional de muchos de los países latinoamericanos –sostuvo- demanda una acción colectiva del hemisferio para defender la democracia no sólo frente a situaciones como la de Honduras sino frente a otras donde el estado de derecho y el respeto a las Constituciones y los derechos humanos se violentan en la región. Añadió que la democracia es vulnerada también cuando las mayorías alteran las instituciones y los procedimientos constitucionales, por lo que Estados Unidos -en clara referencia al chavismo- deberá estar vigilante de que la crítica o la oposición pacífica a un gobierno no se criminalice.
Habló además de una asociación pragmática, equitativa y respetuosa con los países latinoamericanos que les asista a emprender reformas estructurales a fin de mejorar la educación y abatir la desigualdad, dos rubros que son fundamentales para preservar la paz en el hemisferio.
Esa nueva postura, de interés por lo que ocurre en América Latina, y de fuerte voluntad política para asumir los retos compartidos en múltiples rubros fue respaldada por el Embajador Carlos Pascual durante la misma sesión. “Una nueva era de cooperación y asociación construida en la responsabilidad, el respeto y el interés mutuo” fue su definición sobre la nueva política estadounidense en México a la que prometió imprimirle creatividad y energía sin precedentes.
Ante los senadores estadounidenses, Pascual ubicó como un tema prioritario la recuperación de la economía mexicana y advirtió que Estados Unidos debe trabajar de cerca con nuestro país y con Canadá para generar una estrategia conjunta de creación de empleos y convertir a Norteamérica en la región más competitiva del mundo en materia de oferta de bienes, servicios y tecnología.
Por supuesto, se refirió al crimen organizado y al narcotráfico que requiere de un enfoque bilateral e incluso global para hacerle frente. Reconoció –y esto no es poca cosa- que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas en la región. Dijo que esas armas y el dinero que pagan los consumidores de drogas, en manos de los criminales, amenazan a México pero también a Estados Unidos, y especialmente a sus jóvenes, por lo que precisó que es necesario apoyar al presidente Calderón a parar este “reclutamiento de jóvenes sin esperanza, sin familia, sin oportunidades, futuro, creencias y convicciones”. De ahí que se pronunciara por incrementar los montos de cooperación que el Congreso estadounidense ha venido autorizando para fortalecer programas en materia de seguridad y justicia en México.
En un mensaje de franqueza y responsabilidad sin precedentes, el Dr. Pascual mencionó que Estados Unidos debe hacer más para combatir al crimen organizado y mejorar nuestra cooperación económica, energética y política.
Sin embargo, y a pesar de que señaló la gran importancia que tiene la comunidad latina en Estados Unidos, Pascual no abordó un tema acuciante en nuestra relación bilateral: la migración. Más aún, preocupa la manera en que apenas lo esbozó cuando afirma que la recesión económica en México podría aumentar el flujo de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y es que la realidad de más de 12 millones de trabajadores sin documentos –la mayoría mexicanos- en ese país exige cada vez con mayor urgencia una definición política clara de la nueva administración estadounidense sobre una reforma migratoria integral. Ojala esta ausencia en la intervención del Embajador Pascual no sea indicativa de un impasse en esta materia, en la que históricamente los demócratas han hecho aportaciones muy relevantes.
Artículo publicado el pasado 11 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
El domingo pasado, un país centroamericano llamó la atención del mundo entero. Su presidente, José Manuel Zelaya, fue expulsado por un comando militar dando cumplimiento -según manifestaron ambas partes- a una orden emitida por la Suprema Corte. Acto seguido, su Congreso celebró una sesión especial en donde, por unanimidad, incluidos los legisladores del partido gobernante, se aprobó un Decreto mediante el cual se le separó del cargo y se nombró en su lugar a Roberto Micheletti Baín, hasta entonces Presidente del Congreso. Micheletti gobernaría, según el Decreto, hasta enero de 2010 cuando está contemplada una sucesión presidencial a partir de los resultados de los comicios que están previstos para celebrarse en noviembre próximo.
Foto:www.reflector.com
Un golpe de Estado, con toque de queda y suspensión de garantías individuales, que no augura nada bueno para la construcción democrática de Honduras pero que tampoco es un golpe convencional como los que estábamos acostumbrados a observar en nuestra región en las décadas de los años setenta y ochenta. De hecho, es un golpe más a la frágil institucionalidad democrática de ese país como los que ha venido sufriendo en los últimos años. Un golpe inaceptable, en efecto, pero que ha seguido a otros que el propio Zelaya, convertido ahora en líder populista, le venía propinando a Honduras y sobre los cuales la comunidad internacional prácticamente no se pronunció.
En julio de 2008, el Fondo Monetario Internacional anunció que Honduras estaba muy cerca de ser completamente incapaz para alimentar a su propia población e invitó a la comunidad internacional a proveerle ayuda de manera urgente. Algunas semanas antes, las principales empresas transnacionales anunciaron su decisión de “no invertir un peso más en Honduras” como respuesta a la inflación, las pérdidas económicas generadas por el gobierno y las alzas locales en los precios de los alimentos y los combustibles. En este contexto, Zelaya decidió ingresar a Honduras a la “Alternativa Bolivariana para las Américas” y, con ello, irritó a amplios sectores de la sociedad de ese país quienes se oponían a esa decisión. Junto a otras decisiones que terminaron por dividir a la sociedad hondureña, Zelaya se fue quedando prácticamente solo en una serie de proyectos políticos. El más importante de ellos era, sin duda, su reelección. Cuatro días antes de su detención, Zelaya destituyó al jefe del estado mayor de las fuerzas armadas quien se negó a distribuir más de 15 mil urnas –la denominada cuarta urna- para que los ciudadanos depositaran precisamente el domingo un voto a favor de establecer una Asamblea Constituyente, que reemplazaría de facto al Congreso, y que reformaría la Constitución para otorgarle a Zelaya cuatro años más en el poder.
El jefe del estado mayor y el ministro de Defensa se negaron a apoyar a Zelaya en la organización de este referéndum surgido del recetario político bolivariano, toda vez que existía una orden judicial mediante la cual las fuerzas armadas debían mantenerse al margen de esa consulta que el Tribunal Supremo Electoral y la Suprema Corte de Justicia habían rechazado y considerado ilegal con base en el artículo 374 de la Constitución Hondureña que prohíbe modificar el principio de no reelección presidencial.
El rechazo que en la comunidad internacional ha suscitado este golpe es comprensible. De ninguna manera es justificable la interrupción de las normas legales y constitucionales de sucesión en el poder. Hay que condenar el golpe porque su existencia supone que una democracia no cuenta con mecanismos perfectamente legales para deponer a un líder autoritario y claramente antidemocrático.
En cambio, lo que es incomprensible, es que no se reitere con suficiente ahínco la necesidad de que sean los hondureños y solamente ellos, sin intervención extranjera de ningún tipo – sobre todo después de que el presidente Chávez amenaza con “derrocar” a Micheletti- quienes deben decidir sobre el futuro de su país. Es incomprensible también que solamente en casos como éste se haga referencia a la Carta Democrática Interamericana –cuando también entraña principios importantes que han sido vulnerados en múltiples ocasiones en distintos países de la región, especialmente por los regímenes autoritarios de algunos países del ALBA, encabezados por notables ex golpistas en Centro y Sudamérica. Pero lo que resulta aún menos comprensible es que sea hasta ahora, y no cuando el país presentaba los primeros rasgos de un deterioro político y económico sin precedentes, cuando la comunidad internacional y los organismos internacionales voltean la mirada hacia Honduras.
La visión de la solución también tiende a ser reduccionista en muchos aspectos. Prácticamente todos los actores internacionales se manifiestan por la restitución de Zelaya en la presidencia hondureña. Como si solo eso resolviera lo que es una gravísima crisis política entre los poderes constituidos. Es indispensable, por tanto, hacer un llamado a la concordia entre poderes, al diálogo, la no violencia y la protección de los derechos humanos. A respaldar un proceso de paz y reconciliación que pasa por apoyar la celebración de elecciones transparentes y por brindar la más amplia cooperación internacional para, sin vulnerar la soberanía de ese país, consolidar la solidez de sus instituciones.
Será condición indispensable que la Organización de Estados Americanos lejos de amenazar mediante un ultimátum con expulsar a Honduras –paradójicamente semanas después de aprobar la readmisión de Cuba- adopte el rol que le corresponde como mediador y facilitador de soluciones duraderas a conflictos complejos.
Artículo publicado el pasado 4 de julio en Milenio Diario, EdoMéx
En las últimas semanas el descubrimiento del nuevo virus H1N1 ha ocupado la acción de las autoridades sanitarias globales y nacionales en prácticamente todos los países del mundo. Fue a México -donde se registraron algunos de los primeros casos- a quien tocó avisar del brote a la comunidad internacional y a quien correspondió responsabilizarse por las primeras acciones de mitigación contra el mismo. A más de 15 días de surgida esta emergencia, está claro que nuestras autoridades federales y estatales actuaron con gran celeridad y de manera oportuna para frenar el avance del virus y establecer de inmediato medidas eficaces de protección y prevención del contagio así como la infraestructura para detectar y curar a quienes lo contrajeron. Sociedad y gobierno en México hemos sido reconocidos por distintas instancias internacionales por la seriedad y la prudencia con que nos hemos conducido todos para establecer y observar los lineamientos para el control de esta nueva amenaza para la salud. En nuestro país, cada vez son menos las personas hospitalizadas y los decesos como consecuencia de esta enfermedad. Sin embargo, tanto en México como en el extranjero, las medidas sanitarias continúan y de su escrupulosa observancia dependerá la suerte de este mal en el futuro inmediato. De ahí que distintos gobiernos como el de Corea, España, Japón, China, Francia y otros hayan enviado a México equipo médico, productos de higiene y medicamentos así como donaciones en efectivo haciendo eco de las palabras del presidente Calderón cuando advirtió “el frente de batalla es México y en esta trinchera estamos defendiendo no sólo a los mexicanos sino a todos los seres humanos”.
Secretario de Salud, conferencia de prensa 24 de abril 09. Fuente: Presidencia
No obstante, algunos países han respondido a esta amenaza y a la urgente necesidad de cooperación internacional para atajarla, con medidas restrictivas, autárquicas, discriminatorias, xenofóbicas, injustas y lesivas de los derechos humanos. En principio, varios países como Ecuador, Bolivia, Honduras, China, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Azerbaiyán restringieron el acceso a sus mercados de productos porcinos de nuestro país sin fundamento científico alguno. En consecuencia, México se ha visto en la necesidad de rechazar estas medidas proteccionistas e injustificadas en materia comercial así como solicitar a estos países una explicación ante la Organización Mundial del Comercio.
Más grave aún, sin embargo, han sido las medidas hostiles que bajo el argumento de la protección sanitaria han adoptado otros países en contra de los mexicanos. Perú, Argentina, Cuba y Ecuador determinaron, por ejemplo, la suspensión de vuelos recíprocos con nuestro país a pesar de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Colombia y Chile, por su parte, se negaron a albergar partidos de futbol por la Copa Libertadores en donde participen equipos mexicanos además de cancelar la presentación de actores y músicos mexicanos en su territorio. Algunos de estos países como Cuba y Argentina decidieron, además, enviar aviones para “rescatar” a sus ciudadanos que se encontraban en nuestro país. La ignorancia surgida a propósito de este virus ha provocado que la ministra de salud argentina, país con el que México mantiene una “Asociación Estratégica”, nos llame el hermano enfermo y que Haití, el país más pobre de nuestra región, rechace 70 toneladas de alimentos que recientemente enviara el gobierno de México como ayuda humanitaria. Francia, por otro lado, fracasó en su intento por hacer que la Unión Europea tomara medidas restrictivas hacia México y suspendiera los respectivos vuelos.
En China, además de la cancelación de vuelos, en ese país los mexicanos por el solo hecho de serlo, y sin tener síntomas de este virus, fueron privados de su libertad, recluidos en situación de aislamiento en hoteles y hospitales en pésimas condiciones de higiene además de haber sido sometidos a humillantes e incesantes inspecciones. Eso obligó al Gobierno Mexicano a recomendar no viajar a China y enviar una aeronave comercial para repatriar a nuestros connacionales. Bajo esa misma lógica autoritaria e intransigente, el gobierno de Singapur ordenó cuarentenas de siete días a todos los pasajeros mexicanos so pena del pago de multas o aún cárcel hasta por un año.
Las desmedidas acciones que emprendieron estos países asiáticos, aunque sin fundamento y absolutamente injustificables, se comprenden mejor al contextualizarlas como parte de la neurosis colectiva que desató la gripe aviar. Habría que recordar que en contraste con la actitud transparente del gobierno mexicano, el chino ocultó por más de tres meses la gravedad de esta epidemia infligiendo con esta negligencia un daño incalculable al mundo. Sin embargo, en el caso latinoamericano, resulta inexplicable y al mismo inaceptable esta actitud. Nunca ninguno de estos países ha recibido un trato semejante por parte de México. Por ello es indispensable apoyar el mensaje del Presidente en rechazo a estas medidas vejatorias e impulsar algunas acciones que clarifiquen el grave daño a la dignidad del pueblo mexicano y, por tanto, a nuestras relaciones bilaterales. El presidente Calderón debería abstenerse de visitar Cuba, como estaba previsto para este año, y los integrantes del Congreso Mexicano deberíamos suspender la celebración de la primera Reunión Interparlamentaria con legisladores argentinos.
