You are currently browsing the category archive for the 'General' category.
Foto: nuovosoldo.wordpress.com
El pasado 9 de octubre, el Comité noruego que determina año tras año a los ganadores del Premio Nobel en distintas disciplinas decidió entregar los galardones correspondientes a la edición 2009 a un selecto grupo de personalidades de la ciencia, la cultura y la política internacional quienes a, su juicio, han hecho contribuciones sobresalientes a la sociedad contemporánea. De esta manera, el Comité decidió otorgar el Premio Nobel de Literatura a la escritora alemana Herta Müller por sus novelas y ensayos críticos contra la opresión de la dictadura rumana de Ceauşescu, el de Economía a los estadounidenses Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson por sus trabajos sobre “gobernanza” económica, el de Medicina a los estadounidenses Elizabeth Blackburn, Jack Szostak y Carol Greider por sus investigaciones sobre el cáncer y el envejecimiento celular, el de Química al ingles Venkatraman Ramakrishtan, la israelí Ada E. Yonath y el estadounidense Thomas A. Steitz por sus estudios sobre la estructura y funciones de los ribosomas y el de Física al chino Charles K. Kao y a los estadounidenses Willard S. Boyle y George E. Smith por sus investigaciones sobre telecomunicaciones y fibra óptica. Sin embargo, el galardón que más controversia levantó fue el Premio Nobel de la Paz 2009 otorgado al presidente estadounidense Barack Obama por sus “extraordinarios esfuerzos en el fortalecimiento de la diplomacia y la cooperación entre los pueblos del mundo”.
Con la llegada de Barack Obama a la presidencia estadounidense, agregó el Comité, “la diplomacia multilateral ha recuperado un puesto prioritario” y enfatizó que el premio era además un reconocimiento al compromiso del presidente estadounidense con un mundo libre de armas nucleares y un futuro sustentable de combate al cambio climático. “Muy pocas veces -dijo Thorbjoern Jagland, presidente del comité- una persona le había dado a la gente tanta esperanza para un futuro mejor”.
El propio presidente estadounidense se declaró sorprendido y honrado por esta decisión y agregó que aceptaba el premio como un “llamamiento a la acción” para que, entre otras cosas, la comunidad internacional trabaje en conjunto para resolver problemas como el cambio climático, la proliferación nuclear y el conflicto árabe – israelí en el Medio Oriente. “Para ser honesto”, dijo Obama, “no creo merecerme estar en compañía de todas aquellas figuras transformadoras que han sido honradas con este premio”.
Con esta decisión Barack Obama es el tercer presidente estadounidense que recibe el premio durante su mandato constitucional después de Theodore Roosevelt en 1906 y Woodrow Wilson en 1919. Como era previsible, las críticas no se hicieron esperar. Voces dentro y fuera de Estados Unidos han puesto en entredicho esta decisión desde distintos puntos de vista. Unos señalan que es un premio otorgado sólo con base en intenciones, otros mantienen que se trata de una decisión con oscuros fines políticos y no falta quien menciona que el Premio es más un repudio a antecesor que un reconocimiento concreto al trabajo de Obama. Y sin embargo, el propio presidente del Comité del Nobel de la Paz ha lanzado una pregunta muy importante que justifica por mucho este galardón. Jagland afirmó “Alfred Nobel escribió que el premio debería ser para aquella persona que más hubiera contribuido al desarrollo de la paz en el año previo. Por tanto, ¿quién ha hecho más que Barack Obama?”. Esta pregunta, en efecto, nos remite a una realidad palpable: hoy el mundo puede tener prácticamente los mismos conflictos pero un nivel inferior de tensiones que hace un año y esto, en buena medida, es gracias a los esfuerzos de una nueva administración estadounidense. La decisión de reconstruir las relaciones entre Estados Unidos y el mundo musulmán, la distensión que ha significado el rechazo al escudo antimisiles que el ex presidente Bush pretendía construir en Europa Oriental, las determinaciones sobre la cárcel de Guantánamo y el giro en la estrategia contra el terrorismo han aliviado buena parte de estas tensiones.
Las intenciones, por lo tanto, no son tan sólo eso. Representan un compromiso que con el Premio en la mano será difícil rehuir. En ese sentido, el Premio Nobel de la Paz lejos de ser solamente un reconocimiento es también una condecoración que responsabiliza aún más al presidente estadounidense con los valores de la paz, la cooperación, la diplomacia y el derecho internacional. De entrada será un incentivo mayor para el galardonado a fin de condensar un compromiso global en contra el cambio climático durante la próxima conferencia mundial de Copenhague. Será, además, un aliciente importante para un retiro responsable y acompañado de medidas para el restablecimiento de la normalidad en Irak, para una nueva ronda de negociaciones en el conflicto palestino, para un eficaz replanteamiento de la economía global luego de la crisis financiera, para el mejoramiento de los dañados vínculos transatlánticos, para la implementación de una nueva visión sobre el desarme internacional y, por supuesto, para una nueva relación entre Estados Unidos y América Latina. Por ello, Obama no sólo merecía el Premio sino que el mundo necesitaba que lo recibiera para construir una mejor perspectiva sobre una paz estable y duradera ante multiples desafíos globales.
Artículo publicado el pasado 17 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Foto: Rodolfo Valtierra
Hace exactamente setenta años, un grupo de mexicanos descontentos con el régimen autoritario que comenzaba a gestarse en México, fundaron el Partido Acción Nacional. Bajo el liderazgo bifronte de Don Manuel Gómez Morín y Don Efraín González Luna, el PAN fue creado con un objetivo en mente quizá más trascendental que la propia conquista del poder. La idea fundamental era crear ciudadanía, forjar una cultura política democrática, convertir a los militantes en soldados de una transición política pacífica y gradual hacia un pluralismo mayor basado en principios éticos sobre el quehacer público y la responsabilidad de gobernar. Alguna vez, Don Adolfo Christlieb, Presidente Nacional del PAN de 1962 a 1968, señaló que entre las tareas más importantes del partido se encontraban las de orientar a la opinión pública frente a la información oficial, vigilar y criticar al poder político desde una visión distinta sobre los problemas nacionales, ofrecer soluciones alternativas a los mismos y emprender la preparación de los ciudadanos para que, en un futuro, pudieran asumir el poder.
Por tanto el PAN se convirtió en una fuerza opositora, responsable y reformista, que aportó mucho al desarrollo político e institucional de México. Sin el PAN, así como sin los partidos de izquierda, la transición democrática que vive nuestro país hoy sería prácticamente imposible. El PAN fue siempre una alternativa clara a la ideología dominante, puso el énfasis en las libertades cívicas y en los derechos humanos como contrapunto al autoritarismo y la arbitrariedad de los gobiernos emanados del PRI, fue una fuerza transformadora de la sociedad mexicana enfatizando la importancia del bien común y su participación legislativa fue crucial para promover cambios trascendentales para el país.
Por supuesto, esto no siempre fue fácil. Acción Nacional perseveró cuando el ideal democrático parecía imposible, combatió el fraude electoral y la hegemonía de un partido que fue creado desde el poder y fue un actor primordial para garantizar una transición pacífica en el año 2000.
Como se ha venido mencionando, el setenta aniversario del partido no puede encontrarlo en mejor momento. El PAN encabeza el Gobierno Federal, los gobiernos de 9 estados de la Federación, 495 presidencias municipales y muchos otros espacios de toma de decisiones. El PAN tiene, además, la mayoría en la Cámara de Senadores, cuenta con 143 diputaciones federales y 340 diputaciones locales en toda la República.
El panismo gobierna y ha rendido, en lo general, buenos resultados. Es justo reconocerlo. Pero es igualmente justo hacer una pausa en el camino y efectuar una reflexión autocrítica. El ejercicio del poder impacta sobre la imagen y la eficacia de cualquier partido político en el mundo. Existe un desgaste natural y yerros que están a la vista de todos. El equilibrio entre el pragmatismo y la doctrina sigue siendo un dilema que en el PAN aun no resolvemos del todo. Corremos el riesgo de ver diluida nuestra identidad y de repetir conductas a las que históricamente nos opusimos. De ahí la importancia de hacer un esfuerzo mayúsculo y atender la importante convocatoria que a los panistas nos ha hecho nuestro Presidente Nacional. César Nava enumera 10 compromisos para renovar y modernizar pero también, de cierta forma, hacer volver al PAN a sus orígenes.
Se trata de fortalecer la estructura interna de nuestro partido para conseguir una verdadera presencia nacional, formar a nuevas generaciones de líderes y transformar nuestros procesos de afiliación para atraer a los mejores ciudadanos quienes, electos democráticamente, se convertirán en candidatos idóneos por su perfil independiente y representativo de los distintos sectores sociales. Además, toca al PAN atajar de lleno los actos de corrupción en los que incurren militantes y funcionarios panistas mediante la aplicación sistemática de nuestra normatividad interna para sancionarlos sin excepciones así como cerrar el paso a las autoridades caciquiles que impiden en distintos estados de la República la celebración de elecciones democráticas y equitativas.
El reto tiene que ver, además, con construir un nuevo modelo de ejercicio público que haga evidente la aportación panista en los tres órdenes de gobierno, que priorice una agenda social contra la pobreza y por el desarrollo integral de los mexicanos y que impulse una agenda antimonopólica a favor de la competitividad de nuestro país.
Y yo agregaría, desde las respectivas responsabilidades de partido y gobierno, abordar en este trienio que comienza las reformas que urgen a México por sus efectos sobre el bienestar de la población. Me refiero, entre otras, a la reforma educativa, otro emblema que históricamente ha abanderado Acción Nacional desde hace setenta años.
Esos serian, desde mi punto de vista, los mejores regalos que podríamos darle a nuestro querido Acción Nacional para celebrar el legado de sus fundadores y el ideario que nos da sustento.
Artículo publicado el pasado 19 de septiembre de 2009 en Milenio Diario, Estado de México
La semana pasada en este espacio abordamos los efectos de la prolongada sequía en nuestro país y nos referíamos a la escasez de agua que azota y continúa afectando al Distrito Federal y el Estado de México. Paradójicamente, las torrenciales lluvias que se registraron el domingo pasado provocaron un desastre de enormes proporciones en distintos municipios mexiquenses. La tormenta logró acumulaciones de hasta 110 litros de agua por metro cuadrado y dejó bajo el agua más de 2 mil viviendas, locales comerciales, hospitales, escuelas y prácticamente buena parte de las colonias y fraccionamientos privados de Atizapán, Tultitlán y Tlalnepantla, especialmente en Valle Dorado, que quedó prácticamente devastado, y donde miles de familias lo perdieron todo. La tormenta abrió un boquete de aproximadamente 45 metros de largo en la tubería del Emisor Poniente, parte fundamental del Sistema de Desagüe del Valle de México y que, a diferencia de otros, estaba exclusivamente destinado a desalojar aguas pluviales para evitar inundaciones. Además, en Atizapán se desbordaron los ríos Moritas, Cóporo, San Javier y el propio canal del municipio. El centro de Atizapán, permaneció incomunicado y completamente inundados el Palacio Municipal y el Hospital Salvador González Herrejón. En el referido municipio, manzanas enteras de Valle Dorado, Arboledas y en muchas otras demarcaciones del norponiente del estado, se siguen viviendo horas de angustia por esta proliferación de aguas negras y pluviales.
En consecuencia, personal del Ejército mexicano se vio en la necesidad de aplicar el plan DN-III en auxilio a la población afectada, personal de Protección Civil, cuerpos policíacos y de bomberos han venido rescatando a la población que quedó prácticamente atrapada y más de 200 médicos y enfermeras han comenzado a vacunar a las víctimas contra el tétanos, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas que se propagan con facilidad en situaciones similares.
A tres fallecimientos, se suman cuantiosas pérdidas materiales y una situación alarmante por sus implicaciones en materia de salud pública, seguridad, servicios básicos e infraestructura. Mientras continúan las obras de limpieza, el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal han venido evaluando los daños y ejecutando las primeras acciones encaminadas a reparar los daños y resarcir, en lo posible, a las víctimas.
Desde el Senado de la República, en virtud de una proposición con punto de acuerdo que presenté ante la asamblea el pasado martes 8 de septiembre del presente año, exhortamos al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastres para los municipios afectados a fin de que se liberasen los recursos necesarios para hacer frente a la contingencia a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En consecuencia, la Secretaría de Gobernación emitió ya la declaratoria de desastre natural para las colonias afectadas y dispuso la liberación de recursos del FONDEN para atender las necesidades más apremiantes de los damnificados. Esto de manera adicional a los fondos de ayuda directa que ha ofrecido el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo de Empresas y otros mecanismos para ayudar a los habitantes de estos municipios a recuperarse de esta calamidad, reparar sus inmuebles y en cierta medida volver a la normalidad.
Foto: www.eleconomista.com.mx
Sin embargo, esta catástrofe habla de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.
Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de un nuevo Emisor para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial. Ello, a fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos del estado de México y evitar que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.
Es también primordial entender que la abundancia de agua residual y la escasez de agua potable son caras de la misma moneda y que, por tanto, para el bienestar de los mexicanos es fundamental impulsar juntos acciones inmediatas, Gobierno y sociedad, Ejecutivo y Legislativo, autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar una eficaz administración del agua en nuestro país.
Finalmente y no menos importante, al gobierno del Estado de México toca hacer su parte y dejar de lado la comunicación social y las relaciones públicas para dar sustento a una acción de gobierno que hoy está siendo severamente cuestionada por los damnificados.
Artículo publicado el pasado 12 de septiembre de 2009 en Mileno Diario, EdoMéx
Foto: www.noticiasdealava.com | "Hoja de Ruta de Bali"
Del día 7 al 13 de diciembre de 2009, en Copenhague, tendrá lugar la Conferencia Mundial de la ONU sobre Cambio Climático, ocasión que reunirá al mayor número de estadistas hasta el momento para debatir ese tema. Durante esta Cumbre se dará seguimiento a la denominada hoja de ruta de Bali –sobre mitigación, adaptación, finanzas y tecnología para combatir el cambio climático- y se buscará específicamente resolver cuatro preguntas que ha lanzado a la comunidad participante Yvo de Boer, jefe sobre asuntos ambientales de la ONU: 1) ¿En qué medida los países industrializados cooperarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero?, 2) ¿En qué proporción los mayores países en desarrollo como China e India harán lo propio?, 3) ¿Cómo se financiarán los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptar sus procesos industriales a la reducción de emisiones de gases contaminantes? y finalmente 4) ¿Cómo se administrará ese dinero? Aunque ese sería el estándar mínimo de éxito para la Cumbre, de Boer ha señalado que es altamente probable la firma de un Protocolo de Kyoto II que reemplace, en 2012, aquel que entró en vigor en febrero de 2005.
En general, es evidente cierto optimismo con respecto al cumplimiento de estos compromisos. En buena medida este estado de ánimo proviene de un cambio programático e ideológico de gran envergadura en la administración estadounidense. Barack Obama, bajo la influencia de su secretario de energía, el premio nobel Steven Chu, se ha convertido en un impulsor de acuerdos internacionales en materia ambiental y ha dejado atrás la reticencia del gobierno de Bush a comprometerse en la reducción de gases y en la financiación de amplios proyectos para la generación de energías alternativas. Obama, además, ha mostrado una gran capacidad de interlocución con chinos e indios, lo cual podría convencerles de cooperar más en estos asuntos. Bajo su liderazgo, el Protocolo de Kyoto II puede llegar a ser una realidad. La Unión Europea se ha fijado un objetivo de recorte de emisiones de 20% que podría incluso llegar al 30% de acuerdo con lo expresado por la actual presidencia sueca de la Unión. Si ese compromiso se extendiera a Estados Unidos, China e India, el futuro sería francamente promisorio.
Pero no todo el escenario es alentador. La crisis económica ha golpeado fuertemente la inversión que países en desarrollo efectuaban para generar fuentes renovables de energía. La reducción de los precios del petróleo ha generado también una fuerte presión financiera sobre proyectos contra el cambio climático cuya prioridad disminuye en los presupuestos públicos.
Esta precariedad presupuestal y política no se corresponde con el sentido de la urgencia que deberían generar los datos con que contamos sobre el cambio climático y sus efectos. Alrededor de 325 millones de personas se ven fuertemente afectadas por el cambio climático y aproximadamente 310 mil personas mueren anualmente por fenómenos causados o asociados al calentamiento global como hambre, enfermedades y fenómenos meteorológicos extremos. De acuerdo con información de la Comisión Europea, las pérdidas económicas que el cambio climático genera llegan ya a los 125 mil millones de dólares anuales y aún resultan imponderables las implicaciones que traerán las nuevas lluvias torrenciales, las olas de calor extremo, el descongelamiento del Ártico y las migraciones forzadas a causa de este grave trastorno ambiental ocasionado por el hombre. Además del impacto en los ecosistemas, se prevé la extinción de animales y plantas, la disminución en la producción de alimentos a escala global y una reducción notable del abasto de agua potable que afectaría a un sexto de la población mundial.
Sin exagerar, el futuro del medio ambiente es lo que estará en juego en Copenhague. México tiene una política sólida en esta materia y propuestas concretas para, por ejemplo, establecer un Fondo Verde encargado del financiamiento de proyectos de eficiencia energética, reforestación, manejo de residuos urbanos, rellenos sanitarios y energías renovables.
Sin duda, nuestra participación será clave para generar un compromiso internacionalmente vinculante así como para mantener y fortalecer nuestro liderazgo en esta materia en América Latina. El papel de México como interlocutor entre el G5 y el G8 también es relevante para convencer a los países desarrollados de la importancia de hacer compromisos ambiciosos para la reducción de emisiones propias y de hacer contribuciones financieras adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo para que todos los países –sin importar su capacidad económica- tengan oportunidad de implementar las mismas medidas contra este flagelo.
Artículo publicado el pasado 29 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Embajador Carlos Pascual
El pasado 8 de julio, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense celebró lo que denominan audiencias de confirmación a fin de ratificar dos nombramientos gubernamentales de enorme relevancia para México. Se trata de dos personalidades de origen hispano que, en buena medida, instrumentarán la nueva política estadounidense hacia la región y, desde luego, hacia nuestro país. Me refiero al Dr. Arturo Valenzuela, nuevo Secretario de Estado adjunto para América Latina, y al Dr. Carlos Pascual, confirmado en el cargo de Embajador de Estados Unidos en México.
Arturo Valenzuela es un destacado académico de las Universidades de Duke y Georgetown en Estados Unidos donde se ha especializado en política latinoamericana y consolidación de procesos democráticos. Pascual, por su parte, es un talentoso diplomático educado en las universidades de Stanford y Harvard que se ha especializado en asuntos euroasiáticos y asistencia a países en transición política, especialmente en Europa del Este. Fue también director del respetado Brookings Institution, y junto con Valenzuela, uno de los principales asesores del entonces candidato Obama en asuntos internacionales.
Arturo Valenzuela, Secretario de Estado adjunto para América Latina
Ambos demostraron, durante esta comparecencia, un notable interés por transformar muchos de los elementos que durante la pasada administración del ex presidente Bush impedían una relación de cooperación estrecha entre Estados Unidos y América Latina. Durante su intervención, Valenzuela se refirió a la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas en América Latina como un medio para garantizar su estabilidad política y crecimiento económico. Planteó que el caso de Honduras es muy grave no sólo por la deposición del presidente Zelaya sino por el conflicto político que supone y el reto que entraña para la comunidad internacional. La fragilidad institucional de muchos de los países latinoamericanos –sostuvo- demanda una acción colectiva del hemisferio para defender la democracia no sólo frente a situaciones como la de Honduras sino frente a otras donde el estado de derecho y el respeto a las Constituciones y los derechos humanos se violentan en la región. Añadió que la democracia es vulnerada también cuando las mayorías alteran las instituciones y los procedimientos constitucionales, por lo que Estados Unidos -en clara referencia al chavismo- deberá estar vigilante de que la crítica o la oposición pacífica a un gobierno no se criminalice.
Habló además de una asociación pragmática, equitativa y respetuosa con los países latinoamericanos que les asista a emprender reformas estructurales a fin de mejorar la educación y abatir la desigualdad, dos rubros que son fundamentales para preservar la paz en el hemisferio.
Esa nueva postura, de interés por lo que ocurre en América Latina, y de fuerte voluntad política para asumir los retos compartidos en múltiples rubros fue respaldada por el Embajador Carlos Pascual durante la misma sesión. “Una nueva era de cooperación y asociación construida en la responsabilidad, el respeto y el interés mutuo” fue su definición sobre la nueva política estadounidense en México a la que prometió imprimirle creatividad y energía sin precedentes.
Ante los senadores estadounidenses, Pascual ubicó como un tema prioritario la recuperación de la economía mexicana y advirtió que Estados Unidos debe trabajar de cerca con nuestro país y con Canadá para generar una estrategia conjunta de creación de empleos y convertir a Norteamérica en la región más competitiva del mundo en materia de oferta de bienes, servicios y tecnología.
Por supuesto, se refirió al crimen organizado y al narcotráfico que requiere de un enfoque bilateral e incluso global para hacerle frente. Reconoció –y esto no es poca cosa- que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas y el mayor proveedor de armas en la región. Dijo que esas armas y el dinero que pagan los consumidores de drogas, en manos de los criminales, amenazan a México pero también a Estados Unidos, y especialmente a sus jóvenes, por lo que precisó que es necesario apoyar al presidente Calderón a parar este “reclutamiento de jóvenes sin esperanza, sin familia, sin oportunidades, futuro, creencias y convicciones”. De ahí que se pronunciara por incrementar los montos de cooperación que el Congreso estadounidense ha venido autorizando para fortalecer programas en materia de seguridad y justicia en México.
En un mensaje de franqueza y responsabilidad sin precedentes, el Dr. Pascual mencionó que Estados Unidos debe hacer más para combatir al crimen organizado y mejorar nuestra cooperación económica, energética y política.
Sin embargo, y a pesar de que señaló la gran importancia que tiene la comunidad latina en Estados Unidos, Pascual no abordó un tema acuciante en nuestra relación bilateral: la migración. Más aún, preocupa la manera en que apenas lo esbozó cuando afirma que la recesión económica en México podría aumentar el flujo de migrantes indocumentados en Estados Unidos. Y es que la realidad de más de 12 millones de trabajadores sin documentos –la mayoría mexicanos- en ese país exige cada vez con mayor urgencia una definición política clara de la nueva administración estadounidense sobre una reforma migratoria integral. Ojala esta ausencia en la intervención del Embajador Pascual no sea indicativa de un impasse en esta materia, en la que históricamente los demócratas han hecho aportaciones muy relevantes.
Artículo publicado el pasado 11 de julio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Aunque ya hemos abordado, en este mismo espacio, el tema del voto nulo y sus múltiples implicaciones para el futuro de la democracia en nuestro país, la persistencia de este discurso en el debate público nos obliga a repensar alternativas viables a esta idea. Anular el voto, insisto, no aporta, salvo la crítica a los partidos políticos, ningún elemento útil al proceso democrático y al mejoramiento de nuestras instituciones. En cambio, lo que sí funciona, es la creación de contextos de exigencia a los partidos para que se comprometan activamente con reformas políticas de gran envergadura. Me refería yo, en su momento, a la reelección legislativa como un mecanismo de rendición de cuentas que le permita a la ciudadanía mantener el control sobre sus representantes, reconociendo su trabajo con la reelección o sancionándolo con su voto en contra. Esta reforma incentivaría, además, la profesionalización y la autonomía de los legisladores, suprimiría su curva de aprendizaje que resulta cada vez más onerosa, fortalecería al Poder Legislativo en sus importantes tareas y estrecharía considerablemente los vínculos entre ciudadanía y políticos.
Hay que señalar que la reelección legislativa ha sido históricamente una propuesta del Partido Acción Nacional que es hoy, felizmente, una gran exigencia ciudadana.
Pero además de una reelección legislativa no ilimitada, es necesario revisar de nuevo el tema de las candidaturas independientes. En efecto, los partidos políticos son instituciones consustanciales a la democracia. Sin ellos, la democracia representativa no puede ser funcional en nuestra sociedad contemporánea. Los partidos son el conducto idóneo para que la ciudadanía manifieste sus preferencias políticas, son un mecanismo de construcción de liderazgos, son un marco de referencia indispensable para la competencia electoral y, por supuesto, para la formación de gobiernos. En consecuencia, para que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a ser votados deben ser postulados por un partido político.
Sin embargo, en los regímenes electorales de buena parte de las democracias del mundo, aunque no en todas por supuesto, existe un espacio dispuesto para lo que se denomina candidaturas ciudadanas. De esta manera, un ciudadano puede presentarse a elecciones bajo una serie de requisitos formales y competir junto con los candidatos nominados por los partidos políticos a puestos de elección popular. Esto es posible en democracias consolidadas como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Australia, España, Japón, Bélgica, Holanda, India, así como en nuevas democracias como Chile, Corea, Hungría, Turquía, Filipinas, Polonia, entre otras.
La legislación electoral en estos países ha tomado las precauciones debidas para que, como dice José Antonio Crespo, se encuentre un punto medio para evitar que la postulación sea excesivamente difícil o demasiado fácil. Además, para que tengan el respaldo ciudadano necesario para representar, con eficacia, a un sector de una población determinada.
Estas candidaturas ciudadanas son muy importantes, para los sistemas políticos que deciden incorporarlas, toda vez que tienen el objeto de abrir un espacio para la expresión y representación política apartidista que suele refrescar una contienda electoral, incentivar a una mejor selección de candidatos y a un mejor desempeño de los partidos políticos además de encauzar cierto descontento ciudadano a la vida pública institucional.
Gracias a la legislación electoral de algunos estados esto ya es posible en entidades como Yucatán y Sonora, aunque exclusivamente para la esfera política local. Por tanto es de hacer notar que los principales partidos políticos representados en el Senado de la República han determinado revisar la figura de las candidaturas ciudadanas para eliminar las restricciones y limitaciones que aún la impiden en las leyes federales, sobretodo en la legislación electoral nacional.
Luego de la reclamación de Jorge Castañeda ante el Sistema Interamericano, por lo que acusó fue una violación a sus derechos políticos, legislar en esta materia es una obligación inaplazable del Poder Legislativo. Pero más aún, después de constatar que nuestra consolidación democrática depende hoy más que nunca de reformas que reconstruyan y fortalezcan los nexos entre ciudadanía y actividad política.
Foto: www.ife.org.mx
Artículo publicado el 27 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Recientemente, en páginas de este diario, se publicó un espléndido trabajo noticioso de Martha D. Gómez sobre el trabajo infantil en el Estado de México en el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra el trabajo infantil.
- Foto: www.piwdw.org
En él se demuestra, con datos divulgados por Mario Luis Fuentes, presidente del Consejo Consultivo de la UNICEF, que de 4 millones de niños que habitan en la entidad, más de 312 mil, es decir, el 8 por ciento son obligados a trabajar. De ellos, la gran mayoría se encuentra en edades de entre los cinco y los diez años, además de que más de la mitad no han cursado ningún grado de educación básica.
En el Estado de México, desafortunadamente, municipios como Metepec, Chimalhuacán y Chalco tienen grandes zonas donde niños y niñas trabajan jornadas enteras para satisfacer las carencias propias pero principalmente las de sus familias. La pobreza y la marginación sigue siendo una razón principal para el trabajo infantil. Pero a sus causas están también asociados otros lastres como las redes de prostitución y abuso sexual a menores, la explotación laboral que sufren muchos de ellos como resultado de su situación de calle y, por supuesto, las bandas organizadas de narcomenudistas que los enganchan a las drogas o que los reclutan como burros o mulas, como se les denomina comúnmente, para transportarlas.
De acuerdo con información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, hay casi 14 mil niños trabajando en las calles de nuestra entidad. La mayoría se ubican en las demarcaciones urbanas de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. De ellos, calcula la Secretaría del Trabajo, alrededor de 2 mil 500 son víctimas de de este tipo de abusos.
Por supuesto, en el Estado de México se registra una realidad que no es ajena al resto de la República. En México, con base en información oficial del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) hay alrededor de 3 millones 600 mil niños que trabajan. De ellos, casi un tercio son niñas y alrededor de un millón tienen menos de 14 años.
Muchos de ellos trabajan en los centros urbanos pero una alta proporción lo hace también en actividades agrícolas. Según el Informe que la Secretaría del Trabajo entregó al Senado de la República en abril pasado, hay un millón 500 mil menores que laboran como jornaleros agrícolas. Ahí se enfrentan a riesgos distintos pero igualmente altísimos. Organizaciones no gubernamentales han documentado casos de niños que pierden extremidades al usar máquinas para el trabajo rural y otros más que pierden la vida en las duras faenas del campo. De acuerdo con la organización civil Thais Desarrollo Social, 600 mil niños entre los 6 y 14 años laboran jornadas de hasta 12 horas, la cuarta parte de ellos nunca han asistido a la escuela, la mayoría no recibe un salario, labora seis días a la semana y más del 35% no gozan de descansos. Este tipo de trabajo infantil es especialmente nocivo toda vez que asemeja una especie de esclavitud que resulta absolutamente inaceptable en nuestros tiempos.
Ya sea en el campo o en la ciudad, su importancia para el ingreso familiar es crucial. Según UNICEF los niños aportan hasta el 41% del ingreso del hogar en promedio y de ahí el falso argumento de que combatir el trabajo infantil resulta prácticamente imposible por el contexto de pobreza en el que se desenvuelven.
Ante estos datos francamente alarmantes, el Estado Mexicano, la Federación y los Estados, deben redoblar esfuerzos para combatir el trabajo infantil. El trabajo infantil, reiteran expertos, no soluciona la pobreza. Por el contrario, genera situaciones que perpetúan la pobreza toda vez que los niños abandonan la escuela, difícilmente consiguen una infancia feliz y se desarrollan en un contexto opresivo que les obstaculizará un desarrollo óptimo como seres humanos responsables y económicamente productivos.
Sin duda, es una obligación del Estado proteger a los niños de la explotación laboral que sufren, sobretodo en el contexto de una crisis económica global que puede provocar que más niños se conviertan en víctimas de explotación laboral y otros abusos. El artículo 123 constitucional es muy claro en este sentido y toca a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicarlo literalmente para impedir, de entrada, que los menores de 14 años trabajen así como regular la contratación laboral de los adolescentes menores de 16 años. Además, necesitamos una política clara para evitar que menores de edad sean contratados como jornaleros agrícolas o en empleos de alto riesgo y vulnerabilidad. A la luz de esta realidad, deberíamos reevaluar la pertinencia de ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo y, en general, de establecer políticas de vanguardia para que, en regiones donde el trabajo infantil está generalizado, se establezcan becas o estímulos específicos que les permitan estudiar y hacer una verdadera aportación para que sus familias superen la pobreza.
Artículo publicado el pasado 20 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Foto: www.fgajedrez.org
En nuestro país, la actividad política se encuentra inmersa en un creciente desprestigio por parte de la opinión pública. En general, la población no sólo manifiesta una permanente incredulidad sobre las ofertas que los políticos realizan en campaña sino que, peor aún, reduce año tras año su confianza en las instituciones. En la Encuesta 2008 sobre confianza en las instituciones políticas, la empresa Consulta Mitofsky encontró que mientras las Universidades, la Iglesia y el Ejército mantienen una reputación razonablemente buena entre la vasta mayoría de los mexicanos, las instituciones con “confianza baja” son -en el siguiente orden- los Senadores, la policía, los sindicatos, los diputados y por último los partidos políticos.
No obstante, esta opinión que tienen los mexicanos sobre la actividad política no es gratuita. Se ha forjado a pulso con la ineficacia para atender adecuadamente las demandas ciudadanas, con el gasto excesivo y la opacidad que se registra en el uso de los recursos públicos, así como a base de escándalos de corrupción, enriquecimiento ilícito y -en el caso más extremo y lamentable- con episodios de la vida política que demuestran sus vínculos con el crimen organizado y concretamente con el narcotráfico.
Recientemente, en medios impresos se informó de la investigación que la Procuraduría General de la República emprendió para determinar la responsabilidad de Cándido y David Monreal Ávila, hermanos del Senador perredista Ricardo Monreal, en el hallazgo de más de 14 toneladas de mariguana en bodegas de la deshidratadora de chiles de su propiedad en Fresnillo, Zacatecas. Por su parte, no hace mucho que el ex presidente Miguel de la Madrid hiciera reveladoras declaraciones sobre la administración del presidente Salinas y lo que, según su testimonio, fueron los abusos, la corrupción, los negocios ilícitos y los vínculos con cárteles del narcotráfico del ex presidente y su hermano Raúl. En una palabra, la política de la impunidad que caracterizó al gobierno mexicano durante décadas.
En este contexto, y tomando en cuenta que estamos inmersos en una campaña electoral competida para la renovación de la Cámara de Diputados así como de autoridades legislativas y ejecutivas de algunos estados de la Federación, la ciudadanía necesita comprobar la honorabilidad de quienes aspiran a ser sus representantes. De ninguna manera basta con la promesa de ser personas de bien, sin vínculos con el crimen, sin problemas de adicciones, sin antecedentes penales, sin propiedades y recursos de inexplicable origen. Los partidos y los candidatos tienen el deber de poner a disposición de la opinión pública toda la evidencia que garantice su probidad. Sólo así, la población comenzará gradualmente a recuperar la confianza en los políticos y en la democracia y habrá mayor participación política.
Por ello, en un hecho inédito, el candidato del PAN a diputado local por el Distrito 30 de Naucalpan, Luis Gustavo Parra, se sometió el 20 de mayo pasado a una prueba antidoping para mostrar que se encuentra libre del consumo de drogas. En efecto, una vez concretada la prueba, que resultó negativa, el candidato, la dirigencia estatal del partido y una servidora nos manifestamos a favor de que los candidatos de todos los partidos políticos, a lo largo de la República, se realicen esta prueba y hagan públicos sus resultados.
No hay que olvidar que en México vivimos un grave problema de aumento en el consumo de droga –especialmente entre nuestros jóvenes- y por tanto es indispensable enviar un mensaje al electorado sobre las dimensiones de este reto así como hacer un firme compromiso con la prevención y el combate a las adicciones.
Esta actitud para mostrarse con la mayor transparencia ante la sociedad debería permear en el resto de los Partidos que participan de la contienda. Y no sólo para frenar el descrédito de la política sino, además, para generar incentivos a fin de que los ciudadanos hagan pleno uso de sus derechos cívicos y con ello disminuya el abstencionismo que acecha la elección del próximo 5 de julio.
Artículo publicado el pasado 23 de mayo de 2009 en el diario Milenio – EdoMéx
Foto: www.elportaldechari.com
Es indudable que la lucha contra el narcotráfico ha encontrado en la administración del presidente Calderón un parteaguas importante en la historia reciente de México. Día tras día, en una guerra sin cuartel, el Ejército y las fuerzas del orden en nuestro país han venido cerrándole espacios a la delincuencia organizada y rescatando a amplias franjas de la sociedad de este flagelo que venía haciendo estragos cada vez mayores. Sin embargo, la violencia generada por los cárteles de la droga, así como por la producción y tránsito de toneladas de estupefacientes -principalmente hacia Estados Unidos- es tan sólo un aspecto de este complejo fenómeno. Otro elemento importante sigue siendo, sin duda alguna, el tema de salud pública que se ha venido generando por su creciente consumo en nuestro país. En efecto, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en sólo seis años el número de personas adictas a las drogas ilegales aumentó en un 50% así como 30% el número de personas que refieren haberlas consumido alguna vez. Pero quizá el peor hallazgo de esta encuesta tiene que ver con la forma en que los jóvenes han venido exponiéndose cada vez más al consumo de droga y a sus múltiples y nocivos efectos. De entrada, la citada encuesta reveló que hasta 43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está plenamente expuesto a todas las drogas ilegales pero principalmente a las más nocivas: cocaína, crack y metanfetaminas en varias combinaciones.
Ante este diagnóstico nada esperanzador, la Secretaría de Salud refiere que, sin incluir tabaco y alcohol, existen más de 500 mil personas quienes, por su adicción a drogas ilegales, requieren de atención especializada, más de 4 millones de ellos que necesitan intervenciones breves y, finalmente, el 80% de la población que requiere de algún tipo de medidas de prevención universal contra las drogas. De ahí el compromiso del Gobierno Federal para la construcción de 310 Centros de Atención Primaria en Adicciones “Nueva Vida” y el diseño de políticas públicas para lograr el tratamiento y rehabilitación de los adictos.
En este contexto se inscribe el paquete de reformas que recientemente aprobamos en el Congreso a fin de combatir eficazmente el narcomenudeo y abordar el consumo desde su vertiente de salud pública. Los detractores de esta iniciativa han señalado que se trata de una medida de legalización de la droga y que con ella aumentará el consumo. Ambos argumentos son rotundamente falsos. De entrada, la reforma parte de un diagnóstico realista en donde es preciso separar la represión sobre el crimen organizado y las acciones preventivas y de rehabilitación frente a los consumidores que sufren de adicción. El punto fino de esta discusión tiene que ver, por tanto, con plantear la descriminalización, exclusivamente, de la tenencia de ciertas drogas para consumo personal. Quien siendo farmacodependiente sea descubierto portando drogas para su consumo -en las dosis mínimas aprobadas por la ley para la mariguana, la cocaína, las metanfetaminas y otras drogas ácidas- simplemente se le recomendará acudir a un Centro de Rehabilitación. A la tercera vez que fuese sorprendido, el Ministerio Público podrá obligarle a acudir a una de estas unidades médicas y psicológicas. El farmacodependiente no tiene porque ser necesariamente un delincuente. En primera instancia es un enfermo que necesita atención especializada para rehabilitarse de su condición. Sin embargo, si porta mayores dosis de droga que las permitidas por la ley, aun siendo para su consumo personal, no podrá sustraerse de la sanción penal –de 10 meses a 3 años de prisión- y tampoco podrá escapar de una rehabilitación obligatoria. Con esta reforma, es razonable pensar que el consumo antes de alentarse se verá disminuido ante estos dispositivos que gradualmente harán ingresar a miles de adictos a los centros de salud.
Otra bondad de la reforma tiene que ver con combatir todos –la Federación y los Estados de la República- el narcomenudeo. El combate a esta práctica ya no será exclusivo de la Federación sino también de las entidades federativas para cuya inacción ya no habrá excusa ni pretexto. La ley plantea, además, sanciones de 4 y hasta 15 años de cárcel a quien sea sorprendido con dosis de droga con el fin de comerciarlas o incluso de suministrarlas gratuitamente. De esta manera, se enfrentará directamente a los distribuidores de droga y a las denominadas narcotienditas. Al mismo tiempo la reforma contempla sanciones que podrían duplicarse en caso de que el delito se cometa cerca de escuelas y cárceles así como para aquellas personas que porten drogas siendo funcionarios públicos.
Es importante dejar claro que no se legalizó el comercio de la droga. Al contrario, se dotó al Estado de elementos que distinguen contundentemente entre un adicto y un vendedor de droga.
Cualquier incremento en el consumo de drogas depende del aumento de la oferta pero, en contraste, con la aprobación de esta ley la oferta se verá disminuida y con la atención a los adictos, también la demanda de drogas se irá reduciendo. En breve, el presidente Calderón estará ratificando esta importante reforma y con ello dando un paso sustancial para rescatar a millones de jóvenes de las garras del hampa y la drogadicción.
Artículo publicado el 16 de mayo de 2009 en Milenio – EdoMéx
Foto: www.tolucanoticias.blogspot.com
De acuerdo con datos oficiales, la población del Estado de México, el estado con mayor densidad demográfica en el país, alcanza ya los 14 millones 800 mil habitantes. De ellos, 6.9 millones de personas, es decir el 46% de la población total del estado, vive en condiciones de pobreza y marginación social. Así lo informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Gustavo Vicencio Acevedo quien advirtió que esta cifra va en aumento como resultado de distintos fenómenos. Uno de ellos es la migración interna. En efecto, cada año llegan a nuestra entidad, alrededor de 190 mil nuevos residentes, la mayoría originarios del Distrito Federal y otras entidades así como en condiciones de gran precariedad económica. A este fenómeno se añade el histórico rezago económico y de desarrollo social que viven entidades rurales e indígenas como San Felipe del Progreso, San Simón de Guerrero y Sultepec así como entidades y corredores urbanos como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, por mencionar tan sólo algunos.
Ante este panorama, advirtió Vicencio Acevedo, no hay recursos que alcancen. Si bien la Secretaría de Desarrollo Social asignó más de 4 mil millones de pesos a programas sociales y de apoyo, para la entidad, éste monto es claramente insuficiente para mejorar sustancialmente el nivel de vida de la población afectada.
Pero desde esta perspectiva, las cifras dicen poco de las dificultades que pasan casi siete millones de mexiquenses que viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto de crisis económica, aumento en los precios de los alimentos y satisfactores básicos, desempleo y desintegración familiar. Este es parte del diagnóstico de Miguel Ángel Díaz Carreño, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien en noviembre pasado presentó los resultados de una investigación sobre esta materia. En promedio, sostiene Díaz Carreño, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios, menos de dos salarios mínimos, y destinan el 50% de esos ingresos a la compra de alimentos lo cual no les permite ahorrar ni invertir en educación, salud y otros rubros importantes para la superación de la pobreza.
En general, las viviendas de estos mexicanos en pobreza patrimonial tienen piso de tierra, los techos son de lámina o madera y no cuentan con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje. Pero la pobreza, en algunos casos, también es alimentaria. De acuerdo con el Banco de Alimentos Cáritas en el primer trimestre del año la pobreza alimentaria aumentó en 23 de los 125 municipios del Estado de México. Esta organización ha venido documentando la necesidad alimentaria de los municipios localizados en el norte del estado como San José del Rincón, Villa Victoria, Aculco y Acambay. El grado superlativo de esta pobreza alimentaria es la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses indígenas que, además, enfrentan peores condiciones de marginalidad.
De acuerdo con distintos análisis académicos, la situación general de pobreza suele ser a tal grado desesperada que anualmente 36 mil mexiquenses se marchan a Estados Unidos a trabajar. En promedio, son 100 mexiquenses, la mayoría provenientes de zonas rurales y urbanas de alta marginalidad, quienes diariamente cruzan la frontera norte escapando del desempleo y la falta de oportunidades que priva en nuestra demarcación. En algunas zonas, como Tonatico o Coatepec Harinas, primeros lugares entre los municipios mexiquenses en migración a Estados Unidos, se registra incluso un fenómeno denominado “despoblamiento”. La mayoría de sus habitantes terminan siendo adultos mayores, niños y mujeres que viven de las remesas que los hombres en edad productiva envían desde Estados Unidos.
De los más de dos mil millones de dólares que anualmente envían los migrantes mexiquenses a sus familias, dependen buena parte de éstas comunidades que gracias a ellas atenúan su precariedad. Son ya más de un millón de mexiquenses quienes viven y trabajan en Estados Unidos y a cuyo trabajo y esfuerzo hay que atribuir que las cifras de pobreza y desempleo en el estado no sean aún más alarmantes.
Sin embargo, en el contexto de la actual crisis económica internacional, se prevé el regreso de algunos de ellos y, más importante aún, una reducción importante que ya se registra en el monto de remesas recibidas.
En definitiva, el combate a la pobreza debe convertirse en una altísima prioridad del gobierno del Estado. La generación de empleos, de proyectos productivos, de oportunidades para el desarrollo humano y de mejoras sustanciales en la educación y capacitación para la vida laboral son políticas cuya implementación en todo el estado no pueden esperar más. En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad.
