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Hace poco menos de dos meses abordábamos en este mismo espacio la ruptura del Emisor Poniente que provocó la muerte de dos personas y cuantiosos daños materiales a tres mil familias y negocios en Coacalco, Ecatepec, Atizapán, Tultitlán y otras regiones en el Estado de México. De nueva cuenta, la intensidad de las lluvias del antepasado viernes en el noroeste del Valle de México afectaron prácticamente a la misma zona y especialmente a Ecatepec.
Foto: eluniversal.com.mx
En efecto, la cantidad de lluvia ha sido reportada por las autoridades como un nuevo máximo histórico. Sin embargo, el potencial destructivo de las trombas se acrecienta en la medida en que la infraestructura es deficiente y escasa. La Comisión Nacional del Agua reportó que 11 de las 12 presas instaladas en la parte alta de la Sierra de Guadalupe fueron completamente destruidas el antepasado viernes. Las presas de gavión -piedras y mallas de alambre- aunque rudimentarias solían ser suficientes para contener los efectos negativos de una lluvia inmoderada. Sin embargo, los nuevos fenómenos climáticos e hídricos demuestran que este tipo de infraestructura se encuentra completamente rebasada y que su reemplazo es urgente. Según funcionarios federales, cayeron 80 milímetros de lluvia en tres horas, lo cual representa prácticamente una séptima parte de lo que anualmente llueve en esta zona del Estado de México.
La tragedia del viernes antepasado, donde cinco personas fallecieron y muchas familias perdieron viviendas y patrimonio, demuestra además que la infraestructura hídrica y la reingeniería urbanística en zonas de riesgo no han sido prioridades en la gestión del gobierno mexiquense. Con las lluvias del viernes no sólo se afectaron las presas sino buena parte de la infraestructura hidráulica de la demarcación como el sistema de barrancas y represas. Peor aún, cientos de viviendas en aproximadamente 20 colonias se dañaron parcial o completamente. Los casos más graves se ubican en la parte alta de las colonias Loma Bonita, Zacuautitla y Los Acuales donde el desbordamiento pluvial provocó que cientos de viviendas quedaran prácticamente sepultadas por toneladas de lodo y roca. En este paraje, existen calles que simplemente han desaparecido y viviendas que carecen de lo indispensable para alojar a sus habitantes en Loma Bonita, Villa de las Flores, Lomas de Coacalco, Las Manzanas, Bosques del Valle, Xalatlaco, San Rafael, Potrero la Laguna, Periodistas, Rancho La Palma, República Mexicana, entre muchas otras. El agua llegó a rebasar el metro y medio de altura en algunos fraccionamientos y la situación es desesperada para miles de personas.
En consecuencia, la Secretaría de Gobernación ha declarado zona de desastre a Ecatepec por lo que se destinarán recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Además, la Secretaría de la Defensa Nacional emprendió la aplicación del Plan DN-III contra desastres naturales e inició las labores de evacuación, búsqueda y asistencia a víctimas así como los trabajos de remoción de escombros y limpieza de colonias.
Por su parte, el gobierno del Estado de México ha comenzado la entrega de apoyos materiales y económicos y ha emprendido un programa de limpieza de cisternas con el fin de evitar infecciones. El gobernador Peña Nieto anunció un programa de apoyos a las familias afectadas y otras medidas. Sin embargo, este tipo de acciones paliativas -y altamente susceptibles al clientelismo político- no deben sustituir de ninguna manera la construcción de infraestructura y la generación de políticas de prevención. No debe pasar inadvertido el hecho de que muchas de las familias afectadas vivían en asentamientos irregulares, que algunas instalaciones hidráulicas operan desde hace cuatro décadas sin grandes obras de mantenimiento o modernización y que existe un severo problema en la infraestructura de bombeo en el Estado de México y concretamente en Ecatepec.
Adicionalmente, los gobiernos del Distrito Federal -donde se afectaron algunas colonias en las delegaciones Gustavo A. Madero y Azcapotzalco- y del Estado de México reconocieron que otro factor causal para la inundación del viernes tuvo que ver con la acumulación de basura en las calles.
En suma, es urgente insistir en la necesidad de que el gobierno del Estado de México promueva la inversión en infraestructura hidráulica. Los nuevos fenómenos climatológicos no pueden enfrentarse de otra manera y una acción responsable de gobierno tiene que ver no con acciones paliativas o asistencialistas sino con políticas de prevención y mitigación. Es decir, mediante políticas serias de reducción de la vulnerabilidad y el riesgo.
Artículo publicado el pasado 30 de octubre en Milenio Diario, Estado de México
La crisis financiera que desde los Estados Unidos impacta al mundo ha sido determinante para el retorno a México de miles de connacionales que trabajaban con documentos o sin ellos en la Unión Americana. Sin embargo, también ha sido la causa primordial para identificar un nuevo perfil de esta migración. Tradicionalmente, la migración mexicana a Estados Unidos ha estado relacionada con la mano de obra poco calificada, principalmente agrícola y en el sector de la construcción. Sin embargo, la crisis ha dejado sin trabajo a muchos de ellos y ha generado mayores incentivos para otro tipo de vacantes.
Foto: vivirmexico.com
Para muestra basta revisar los datos que la Universidad Autónoma del Estado de México ha divulgado recientemente sobre nuestros migrantes en los Estados Unidos. Según el investigador Juan Gabino González Becerrill, el retorno no ha sido tan grande como se esperaba toda vez que el migrante se ha adaptado a las nuevas condiciones de crisis y, en consecuencia, ha incursionado en nuevos sectores de la actividad productiva ya sea con una baja o alta calificación profesional. Por ejemplo, muchos de ellos que perdieron sus empleos en la industria de la construcción se han organizado y actualmente se desempeñan en el sector servicios, especialmente en el ramo restaurantero. En ese sentido la migración mexiquense no se ha detenido y, como afirma González Becerrill, incluso ha aumentado toda vez que, con base en cifras oficiales, durante la administración de Enrique Peña Nieto aproximadamente 150 mil mexiquenses han salido de sus hogares en Amatepec, Coatepec Harinas, Tejupilco, Tonatico, Tlatlaya y Zacualpan, entre muchos otros, para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos.
Otros, sin embargo, se están marchando cada vez en mayores volúmenes bajo condiciones totalmente distintas. La Secretaría del Trabajo en el Estado de México, por ejemplo, informó recientemente que se encuentra diseñando e implementando programas para enviar a otras entidades de la República o al extranjero mano de obra calificada que no encuentra aquí oportunidades laborales de relevancia. Con un índice de desempleo mayor a la media nacional alcanzando ya el 5% el Estado de México está exportando buena parte de su capital humano. Trabajadores provenientes de todo tipo de industrias, personal calificado en distintos rubros y cada vez más profesionistas consiguen migrar a otros países y principalmente a los Estados Unidos. De 2005 a 2008, advirtió el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, aumentó en un 50%, el número de mexicano residentes en ese país con alta escolaridad rebasando ya los 450 mil. Indudablemente muchos de ellos no desempeñan labores profesionales o especializadas sino que aceptan prácticamente cualquier clase de trabajo así sea bajo la lógica del subempleo. Los menos consiguen desenvolverse profesionalmente en áreas que requieren de una alta calificación académica y laboral. Sin embargo todos, sin excepción, están poniendo su talento y creatividad, su trabajo duro y empeñoso, sus mayores o menores habilidades, para el desarrollo de un país distinto al suyo.
De ahí la preocupación por lo que se ha venido denominando “fuga de cerebros”. Aunque contribuyen notablemente al prestigio de su país de nacimiento, los talentos en el exterior no siempre cuentan con el apoyo o los incentivos necesarios para su regreso. Eso, por supuesto, no es culpa suya sino de los gobiernos que son incapaces de generar la infraestructura y las reformas económicas necesarias para retenerlos o para beneficiarse de los conocimientos y las habilidades que muchos de ellos adquirieron fuera. Y es que la fuga de cerebros no es un fenómeno negativo siempre y cuando el Estado haga esfuerzos importantes para facilitar su regreso o su vinculación con el desarrollo nacional.
Un tema fundamental tiene que ser aumentar los recursos que se otorgan al desarrollo tecnológico y la investigación científica en nuestro país. No es un secreto que investigadores mexicanos de gran prestigio se sienten poco o nada motivados para trabajar en un país que destina tan pocos recursos y políticas a la ciencia. Esa fue una de las conclusiones principales a la que un grupo de científicos reunidos en la Academia Mexicana de Ciencias llegó en junio de 2009. Además, recomendaron un programa de repatriación y retención de científicos e investigadores mexicanos así como la generación de proyectos encaminados a aumentar la masa crítica de académicos en nuestro país.
Desde luego que es imposible e indeseable detener los procesos migratorios que no solo ocurren en Norteamérica sino en el resto del mundo. Muchos de ellos obedecen a circunstancias estructurales muy lejos de ser transformadas en el corto y mediano plazo. Pero los políticos necesitamos hacer mucho más para generar mejores condiciones en materia de competitividad, empleo, educación y desarrollo económico, científico y tecnológico. La fuga de talentos es un fenómeno que, en nuestras actuales circunstancias, deberíamos buscar activamente aminorar. Ese debe ser un esfuerzo nacional pero también un esfuerzo focalizado en las demarcaciones que presentan niveles crecientes de estas nuevas variantes de migración como el Estado de México donde la pobreza, la desigualdad y la escasez de oportunidades son el pan de cada día.
Artículo publicado el pasado 31 de octubre en Milenio Diario, EdoMéx
En fechas recientes, una de las expresiones delincuenciales más nocivas para la sociedad -el robo de autos- ha venido aumentando en niveles francamente alarmantes en el Estado de México. Diariamente, según cifras oficiales, se registran entre 125 y 130 robos de autos en la entidad, aproximadamente el 35% de ellos con altos niveles de violencia. Además, de acuerdo con estadísticas provenientes de la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos relacionados con el Transporte, este año se registra una tendencia a la alza con más de 16 mil averiguaciones previas, lo cual supone un incremento del 13% con respecto al mismo periodo en el año 2008. En ese sentido, las autoridades han mencionado que tan sólo el 35% de los vehículos robados cuenta con seguro lo cual hace aún más nocivo este delito. Aunque en lo que va del año se han recuperado más de 2 mil vehículos, muchos de ellos no son reclamados toda vez que nunca fueron objeto de una denuncia judicial. Si bien el Distrito Federal cuenta con el mayor porcentaje de robo de vehículos -con el 34 por ciento- , el Estado de México prácticamente ha llegado a un nivel similar con el 31% seguido muy de lejos por Nuevo León con el 14% y Chihuahua y Jalisco con un 10% respectivamente. Por supuesto, este fenómeno requiere de una política consistente a nivel local para darle fin. Es indispensable mejorar los sistemas de vigilancia, por ejemplo mediante el aumento de colocación de cámaras de video, y aumentar las penas a quienes cometan este ilícito en nuestra demarcación a fin de que, por ejemplo, se conviertan sin excepción en delitos graves sin derecho a fianza. Habría que hacer, además, un esfuerzo para fortalecer un mecanismo de alerta temprana que opere en estos casos.
Sin embargo, el robo de vehículos también tiene que ver con redes nacionales y transnacionales que operan con impunidad disfrutando de altos grados de convivencia con algunas autoridades. Algunas de ellas se concentran en el robo de vehículos de lujo y cuentan con una red capaz de “maquillarlos”, es decir alterar algunos elementos que hacen posible su identificación, y de contactar directamente con compradores en México o el extranjero. En nuestro país, operan bandas que son capaces de enviar los vehículos robados, en pocos días e incluso horas, a distintos puntos ilegales de venta en Centro, Sudamérica y Europa. Vehículos robados en México se han encontrado en países tan remotos como Rusia, Bulgaria o Finlandia. En Finlandia, precisamente, se encontró un automóvil Mercedes Benz robado en la zona conurbada del Estado de México, mismo que fue recuperado en 2008 gracias a un Convenio firmado con la INTERPOL.
Por supuesto, en la cadena delictiva, el robo de vehículos debe ser visto como una prioridad para prevenir otros delitos. Y es que en vehículos robados se transporta droga y mercancía ilegal y en ellos los delincuentes perpetran otros crímenes, especialmente el secuestro y el robo a casa habitación.
Recientemente, el caso de “El Lobo” ejemplifica muy bien parte de esta realidad. En efecto, Joel Alejandro Valladolid Hernández intentó robar en septiembre del 2007 el automóvil del Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera. Recientemente detenido a bordo de un vehículo robado en la colonia La Perla, en Nezahualcóyotl, el delincuente confirmó dedicarse al robo de vehículos en el Estado de México y el Distrito Federal, pero también a otros delitos. De hecho, “El Lobo” enfrentó un proceso por homicidio y cuenta con un amplio historial criminal. Lo peor del caso, sin embargo, es que su detención fue producto de la casualidad y no de una investigación seria y profesional como la que debería darse en la persecución de este tipo de ilícitos.
Por todo lo antes dicho, es necesario que en el contexto actual de crisis económica -que exige más sacrificios de los mexiquenses para hacerse de un patrimonio, por ejemplo, adquirir un automóvil- se presenta la urgente necesidad de que el Gobierno Estatal trabaje en una estrategia bien estructurada y efectiva, a fin de combatir esta terrible expresión de la delincuencia y que nuestro derecho a la seguridad se vea garantizado.
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Artículo publicado el pasado 10 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
La semana pasada en este espacio abordamos los efectos de la prolongada sequía en nuestro país y nos referíamos a la escasez de agua que azota y continúa afectando al Distrito Federal y el Estado de México. Paradójicamente, las torrenciales lluvias que se registraron el domingo pasado provocaron un desastre de enormes proporciones en distintos municipios mexiquenses. La tormenta logró acumulaciones de hasta 110 litros de agua por metro cuadrado y dejó bajo el agua más de 2 mil viviendas, locales comerciales, hospitales, escuelas y prácticamente buena parte de las colonias y fraccionamientos privados de Atizapán, Tultitlán y Tlalnepantla, especialmente en Valle Dorado, que quedó prácticamente devastado, y donde miles de familias lo perdieron todo. La tormenta abrió un boquete de aproximadamente 45 metros de largo en la tubería del Emisor Poniente, parte fundamental del Sistema de Desagüe del Valle de México y que, a diferencia de otros, estaba exclusivamente destinado a desalojar aguas pluviales para evitar inundaciones. Además, en Atizapán se desbordaron los ríos Moritas, Cóporo, San Javier y el propio canal del municipio. El centro de Atizapán, permaneció incomunicado y completamente inundados el Palacio Municipal y el Hospital Salvador González Herrejón. En el referido municipio, manzanas enteras de Valle Dorado, Arboledas y en muchas otras demarcaciones del norponiente del estado, se siguen viviendo horas de angustia por esta proliferación de aguas negras y pluviales.
En consecuencia, personal del Ejército mexicano se vio en la necesidad de aplicar el plan DN-III en auxilio a la población afectada, personal de Protección Civil, cuerpos policíacos y de bomberos han venido rescatando a la población que quedó prácticamente atrapada y más de 200 médicos y enfermeras han comenzado a vacunar a las víctimas contra el tétanos, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas que se propagan con facilidad en situaciones similares.
A tres fallecimientos, se suman cuantiosas pérdidas materiales y una situación alarmante por sus implicaciones en materia de salud pública, seguridad, servicios básicos e infraestructura. Mientras continúan las obras de limpieza, el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal han venido evaluando los daños y ejecutando las primeras acciones encaminadas a reparar los daños y resarcir, en lo posible, a las víctimas.
Desde el Senado de la República, en virtud de una proposición con punto de acuerdo que presenté ante la asamblea el pasado martes 8 de septiembre del presente año, exhortamos al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastres para los municipios afectados a fin de que se liberasen los recursos necesarios para hacer frente a la contingencia a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En consecuencia, la Secretaría de Gobernación emitió ya la declaratoria de desastre natural para las colonias afectadas y dispuso la liberación de recursos del FONDEN para atender las necesidades más apremiantes de los damnificados. Esto de manera adicional a los fondos de ayuda directa que ha ofrecido el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo de Empresas y otros mecanismos para ayudar a los habitantes de estos municipios a recuperarse de esta calamidad, reparar sus inmuebles y en cierta medida volver a la normalidad.
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Sin embargo, esta catástrofe habla de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.
Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de un nuevo Emisor para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial. Ello, a fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos del estado de México y evitar que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.
Es también primordial entender que la abundancia de agua residual y la escasez de agua potable son caras de la misma moneda y que, por tanto, para el bienestar de los mexicanos es fundamental impulsar juntos acciones inmediatas, Gobierno y sociedad, Ejecutivo y Legislativo, autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar una eficaz administración del agua en nuestro país.
Finalmente y no menos importante, al gobierno del Estado de México toca hacer su parte y dejar de lado la comunicación social y las relaciones públicas para dar sustento a una acción de gobierno que hoy está siendo severamente cuestionada por los damnificados.
Artículo publicado el pasado 12 de septiembre de 2009 en Mileno Diario, EdoMéx
Tal y como lo mencionó el Presidente Calderón durante su Tercer Informe de Gobierno, México vive lo que puede llegar a ser la peor sequía en 60 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, pero obviamente devela un problema aún mayor: la escasez del agua para el uso humano en la República Mexicana y una situación especialmente crítica en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, los cortes de agua que se han registrado recientemente tienen el objetivo de ahorrarla y almacenarla para usarse durante el periodo de enero-mayo, temporada en la que se prevé dejará de llover y para la cual no hay suficiente líquido. Esto implica que ceteris paribus, sin ahorros, inversiones, mejoras hidráulicas y tecnológicas, la ciudad de México y algunas zonas del Estado de México se quedarían prácticamente sin agua en algún momento del 2010.
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Las siete presas que conforman el denominado Sistema Cutzamala –y que abastecen una parte del agua que se consume en el Distrito Federal y especialmente la zona oriente del Estado de México- están a un nivel global del 44% de su capacidad y, algunas de ellas, como la de Villa Victoria, está apenas en alrededor del 23% por lo que la Comisión Nacional del Agua la ha cerrado a fin de permitir que aumente su nivel de almacenamiento. En consecuencia, algunas delegaciones del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México sufren de cortes de agua de entre el 30% y el 40% del flujo usual que, en los casos más extremos, llega a privarles de ella hasta por cuatro días a la semana.
A nivel nacional se contabiliza una reducción de prácticamente 398 milímetros de agua. De enero a julio sólo llovió un total de 364 milímetros en el contexto de una media histórica aproximada de 762 milímetros. Por tanto, ha llovido un 34% menos que en años anteriores.
La razón primordial de esta crisis tiene que ver, aunque no exclusivamente, con fenómenos asociados al cambio climático. De acuerdo con el secretario del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, la baja precipitación pluvial que hemos venido experimentando es una situación que regularmente se presenta cada nueve años a partir del fenómeno denominado como “El Niño”. De ahí la importancia de que sociedad y gobierno unamos esfuerzos para ahorrar el agua que será crucial para nuestro abasto en mayo o junio del próximo año. Es necesario, por ejemplo, cambiar nuestras regaderas, reducir nuestro tiempo en la ducha y en general transformar muchos de nuestros malos hábitos que no permiten un uso racional de este bien tan vital como escaso.
Sin embargo, esto no significa dejar de identificar un esfuerzo igualmente fundamental. Me refiero al esfuerzo legislativo y de políticas públicas que hay que emprender en esta materia. Aquí cobra relevancia la convocatoria que distintos expertos han lanzado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a fin de generar un Plan Hídrico Sustentable que convierta al agua en una prioridad presupuestaria, en un bien público al que todos los mexicanos tengan pleno acceso y en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional. Mediante programas de esta naturaleza, podrían establecerse nuevos sistemas de recolección del agua de lluvia, nuevas obras hidráulicas que con tecnología permitan su potabilización y un regular desazolve de las tuberías, nuevas inversiones en el rubro que de manera indirecta garanticen el abasto para la producción agrícola y ganadera, mejoras en el sistema de cobro de agua para reducir en zonas urbanas el subsidio sobre su precio real –lo cual dicho sea de paso concientizaría a la población sobre la necesidad de cuidarla-, así como establecer mayores multas y penalizaciones a quienes la desperdician. Esto implicaría también homologar el costo del agua en las distintas entidades de la República y probablemente dejar de otorgar esa facultad –la de decidir incrementos en las tarifas- a los gobiernos locales. No es razonable que en la Ciudad de México se paguen 2.50 pesos por metro cúbico mientras que en Aguascalientes o Baja California se paguen prácticamente 15 pesos.
Y es que, dejando de lado los catastrofismos y la politización que irresponsablemente algunos actores han venido promoviendo al discutir sobre este tema, la dotación de agua para la población es un tema de derechos esenciales pero también de seguridad nacional.
En el mundo, el agua es un recurso estratégico, caro y escaso que, como el petróleo, empieza a provocar severos conflictos de toda índole. Por ello, es importante que los actores políticos hagamos a un lado nuestras diferencias ideológicas y trabajemos codo a codo para superar este inmenso desafío. Sin agua, decía Carlos Castillo Peraza, se ahoga cualquier democracia. No permitamos que las próximas generaciones sufran de la escasez de un bien que alguna vez abundó y que es clave para la gobernabilidad, el desarrollo y la competitividad de México.
Artículo publicado el pasado 5 de septiembre en Milenio diario EdoMéx
Aunque ya hemos abordado, en este mismo espacio, el tema del voto nulo y sus múltiples implicaciones para el futuro de la democracia en nuestro país, la persistencia de este discurso en el debate público nos obliga a repensar alternativas viables a esta idea. Anular el voto, insisto, no aporta, salvo la crítica a los partidos políticos, ningún elemento útil al proceso democrático y al mejoramiento de nuestras instituciones. En cambio, lo que sí funciona, es la creación de contextos de exigencia a los partidos para que se comprometan activamente con reformas políticas de gran envergadura. Me refería yo, en su momento, a la reelección legislativa como un mecanismo de rendición de cuentas que le permita a la ciudadanía mantener el control sobre sus representantes, reconociendo su trabajo con la reelección o sancionándolo con su voto en contra. Esta reforma incentivaría, además, la profesionalización y la autonomía de los legisladores, suprimiría su curva de aprendizaje que resulta cada vez más onerosa, fortalecería al Poder Legislativo en sus importantes tareas y estrecharía considerablemente los vínculos entre ciudadanía y políticos.
Hay que señalar que la reelección legislativa ha sido históricamente una propuesta del Partido Acción Nacional que es hoy, felizmente, una gran exigencia ciudadana.
Pero además de una reelección legislativa no ilimitada, es necesario revisar de nuevo el tema de las candidaturas independientes. En efecto, los partidos políticos son instituciones consustanciales a la democracia. Sin ellos, la democracia representativa no puede ser funcional en nuestra sociedad contemporánea. Los partidos son el conducto idóneo para que la ciudadanía manifieste sus preferencias políticas, son un mecanismo de construcción de liderazgos, son un marco de referencia indispensable para la competencia electoral y, por supuesto, para la formación de gobiernos. En consecuencia, para que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a ser votados deben ser postulados por un partido político.
Sin embargo, en los regímenes electorales de buena parte de las democracias del mundo, aunque no en todas por supuesto, existe un espacio dispuesto para lo que se denomina candidaturas ciudadanas. De esta manera, un ciudadano puede presentarse a elecciones bajo una serie de requisitos formales y competir junto con los candidatos nominados por los partidos políticos a puestos de elección popular. Esto es posible en democracias consolidadas como Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Australia, España, Japón, Bélgica, Holanda, India, así como en nuevas democracias como Chile, Corea, Hungría, Turquía, Filipinas, Polonia, entre otras.
La legislación electoral en estos países ha tomado las precauciones debidas para que, como dice José Antonio Crespo, se encuentre un punto medio para evitar que la postulación sea excesivamente difícil o demasiado fácil. Además, para que tengan el respaldo ciudadano necesario para representar, con eficacia, a un sector de una población determinada.
Estas candidaturas ciudadanas son muy importantes, para los sistemas políticos que deciden incorporarlas, toda vez que tienen el objeto de abrir un espacio para la expresión y representación política apartidista que suele refrescar una contienda electoral, incentivar a una mejor selección de candidatos y a un mejor desempeño de los partidos políticos además de encauzar cierto descontento ciudadano a la vida pública institucional.
Gracias a la legislación electoral de algunos estados esto ya es posible en entidades como Yucatán y Sonora, aunque exclusivamente para la esfera política local. Por tanto es de hacer notar que los principales partidos políticos representados en el Senado de la República han determinado revisar la figura de las candidaturas ciudadanas para eliminar las restricciones y limitaciones que aún la impiden en las leyes federales, sobretodo en la legislación electoral nacional.
Luego de la reclamación de Jorge Castañeda ante el Sistema Interamericano, por lo que acusó fue una violación a sus derechos políticos, legislar en esta materia es una obligación inaplazable del Poder Legislativo. Pero más aún, después de constatar que nuestra consolidación democrática depende hoy más que nunca de reformas que reconstruyan y fortalezcan los nexos entre ciudadanía y actividad política.
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Artículo publicado el 27 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
Recientemente, en páginas de este diario, se publicó un espléndido trabajo noticioso de Martha D. Gómez sobre el trabajo infantil en el Estado de México en el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra el trabajo infantil.
- Foto: www.piwdw.org
En él se demuestra, con datos divulgados por Mario Luis Fuentes, presidente del Consejo Consultivo de la UNICEF, que de 4 millones de niños que habitan en la entidad, más de 312 mil, es decir, el 8 por ciento son obligados a trabajar. De ellos, la gran mayoría se encuentra en edades de entre los cinco y los diez años, además de que más de la mitad no han cursado ningún grado de educación básica.
En el Estado de México, desafortunadamente, municipios como Metepec, Chimalhuacán y Chalco tienen grandes zonas donde niños y niñas trabajan jornadas enteras para satisfacer las carencias propias pero principalmente las de sus familias. La pobreza y la marginación sigue siendo una razón principal para el trabajo infantil. Pero a sus causas están también asociados otros lastres como las redes de prostitución y abuso sexual a menores, la explotación laboral que sufren muchos de ellos como resultado de su situación de calle y, por supuesto, las bandas organizadas de narcomenudistas que los enganchan a las drogas o que los reclutan como burros o mulas, como se les denomina comúnmente, para transportarlas.
De acuerdo con información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, hay casi 14 mil niños trabajando en las calles de nuestra entidad. La mayoría se ubican en las demarcaciones urbanas de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. De ellos, calcula la Secretaría del Trabajo, alrededor de 2 mil 500 son víctimas de de este tipo de abusos.
Por supuesto, en el Estado de México se registra una realidad que no es ajena al resto de la República. En México, con base en información oficial del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) hay alrededor de 3 millones 600 mil niños que trabajan. De ellos, casi un tercio son niñas y alrededor de un millón tienen menos de 14 años.
Muchos de ellos trabajan en los centros urbanos pero una alta proporción lo hace también en actividades agrícolas. Según el Informe que la Secretaría del Trabajo entregó al Senado de la República en abril pasado, hay un millón 500 mil menores que laboran como jornaleros agrícolas. Ahí se enfrentan a riesgos distintos pero igualmente altísimos. Organizaciones no gubernamentales han documentado casos de niños que pierden extremidades al usar máquinas para el trabajo rural y otros más que pierden la vida en las duras faenas del campo. De acuerdo con la organización civil Thais Desarrollo Social, 600 mil niños entre los 6 y 14 años laboran jornadas de hasta 12 horas, la cuarta parte de ellos nunca han asistido a la escuela, la mayoría no recibe un salario, labora seis días a la semana y más del 35% no gozan de descansos. Este tipo de trabajo infantil es especialmente nocivo toda vez que asemeja una especie de esclavitud que resulta absolutamente inaceptable en nuestros tiempos.
Ya sea en el campo o en la ciudad, su importancia para el ingreso familiar es crucial. Según UNICEF los niños aportan hasta el 41% del ingreso del hogar en promedio y de ahí el falso argumento de que combatir el trabajo infantil resulta prácticamente imposible por el contexto de pobreza en el que se desenvuelven.
Ante estos datos francamente alarmantes, el Estado Mexicano, la Federación y los Estados, deben redoblar esfuerzos para combatir el trabajo infantil. El trabajo infantil, reiteran expertos, no soluciona la pobreza. Por el contrario, genera situaciones que perpetúan la pobreza toda vez que los niños abandonan la escuela, difícilmente consiguen una infancia feliz y se desarrollan en un contexto opresivo que les obstaculizará un desarrollo óptimo como seres humanos responsables y económicamente productivos.
Sin duda, es una obligación del Estado proteger a los niños de la explotación laboral que sufren, sobretodo en el contexto de una crisis económica global que puede provocar que más niños se conviertan en víctimas de explotación laboral y otros abusos. El artículo 123 constitucional es muy claro en este sentido y toca a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicarlo literalmente para impedir, de entrada, que los menores de 14 años trabajen así como regular la contratación laboral de los adolescentes menores de 16 años. Además, necesitamos una política clara para evitar que menores de edad sean contratados como jornaleros agrícolas o en empleos de alto riesgo y vulnerabilidad. A la luz de esta realidad, deberíamos reevaluar la pertinencia de ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo y, en general, de establecer políticas de vanguardia para que, en regiones donde el trabajo infantil está generalizado, se establezcan becas o estímulos específicos que les permitan estudiar y hacer una verdadera aportación para que sus familias superen la pobreza.
Artículo publicado el pasado 20 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx
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Al reciente y contundente operativo, por el que fueron detenidos 10 alcaldes, 16 funcionarios de alto nivel, y un juez de primera instancia en Michoacán por probables nexos con el crimen organizado, se vincula recientemente otra detención de gran relevancia para el combate a la delincuencia en nuestro país. En días pasados se informó de la detención de 11 integrantes de La Familia Michoacana, entre ellos Javier Ortiz Chávez, alias el Arqui, ex policía y jefe de las operaciones de esta organización criminal en el Estado de México. La banda, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se dedicaba al secuestro, tráfico de drogas y extorsión en los municipios mexiquenses de Coacalco, Tultepec, Tultitlán y Ecatepec.
En efecto, el crimen organizado ha conseguido penetrar en las entrañas de corporaciones policíacas, judiciales, empresariales y de gobierno al punto que este tipo de operativos resultan indispensables para desmantelar la estructura alterna que han creado para beneficio y protección del hampa. Es preciso desarticular estas redes de complicidad e impunidad toda vez que abonan a dos terribles paradojas de la seguridad pública en nuestro país y concretamente en el Estado de México. En primer lugar, las corporaciones policíacas, quienes deberían dar seguridad a los ciudadanos, son precisamente los principales cómplices de la delincuencia. En segundo lugar, las cárceles, en lugar de apartar y rehabilitar a los delincuentes, son verdaderas escuelas del crimen, auténticos centros de reclutamiento y capacitación de nuevos criminales.
Estas paradojas son particularmente alarmantes al comprobar que el Estado de México ocupa el primer lugar nacional en materia de secuestros, feminicidios y actos de corrupción.
Nuestra demarcación, en efecto, ocupa el nada honroso primer lugar nacional en denuncias por delitos del fuero común, tomando en cuenta que son responsabilidad directa de los Estados de la Federación. Además, de acuerdo con información del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal en México así como del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el Estado de México se registraron 172 secuestros durante 2008 además de que, en ese mismo año, 36 personas fueron asesinadas producto de este crimen.
Por ello, los candidatos de Acción Nacional han propuesto crear un Sistema único de información policial -a fin de monitorear y registrar el comportamiento de todos los integrantes de los distintos cuerpos policíacos- así como promover un registro administrativo de detenciones para dar seguimiento a todos los casos.
Igualmente importante resulta una reforma al sistema carcelario y judicial a fin de imponer la cadena perpetua a los secuestradores, establecer trabajo obligatorio para los reclusos para que ellos mismos –y no todos mediante nuestros impuestos- asuman los costos de su manutención en los penales, promover penas alternativas para delitos menores así como establecer medidas para transparentar los procesos judiciales y mejorar el salario de los defensores de oficio.
Asimismo, una convicción de Acción Nacional tiene que ver con promover la seguridad ciudadana y de ahí la propuesta para establecer la denuncia anónima de delitos, crear el Sistema Estatal de Prevención del Delito y el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana. Con estas medidas podrá emprenderse una estrategia integral contra la inseguridad en la que participe plenamente la ciudadanía evaluando las políticas y el desempeño de las instituciones de seguridad pública, así como fomentando una cultura cívica de la denuncia y el combate a la impunidad.
Las instituciones de seguridad pública y el sistema de justicia penal en nuestro país requieren una transformación de fondo. La reforma integral al sistema judicial nos obliga a hacer un esfuerzo para que esto sea una realidad en el Estado de México. Así podríamos estar dando un primer paso para romper las paradojas que han venido lastimando a la sociedad mexiquense.
Artículo publicado el pasado 30 de mayo del 2009 en Milenio diario EdoMéx
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De acuerdo con datos oficiales, la población del Estado de México, el estado con mayor densidad demográfica en el país, alcanza ya los 14 millones 800 mil habitantes. De ellos, 6.9 millones de personas, es decir el 46% de la población total del estado, vive en condiciones de pobreza y marginación social. Así lo informó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Gustavo Vicencio Acevedo quien advirtió que esta cifra va en aumento como resultado de distintos fenómenos. Uno de ellos es la migración interna. En efecto, cada año llegan a nuestra entidad, alrededor de 190 mil nuevos residentes, la mayoría originarios del Distrito Federal y otras entidades así como en condiciones de gran precariedad económica. A este fenómeno se añade el histórico rezago económico y de desarrollo social que viven entidades rurales e indígenas como San Felipe del Progreso, San Simón de Guerrero y Sultepec así como entidades y corredores urbanos como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Ecatepec y Nezahualcóyotl, por mencionar tan sólo algunos.
Ante este panorama, advirtió Vicencio Acevedo, no hay recursos que alcancen. Si bien la Secretaría de Desarrollo Social asignó más de 4 mil millones de pesos a programas sociales y de apoyo, para la entidad, éste monto es claramente insuficiente para mejorar sustancialmente el nivel de vida de la población afectada.
Pero desde esta perspectiva, las cifras dicen poco de las dificultades que pasan casi siete millones de mexiquenses que viven con un presupuesto de 30 pesos diarios en un contexto de crisis económica, aumento en los precios de los alimentos y satisfactores básicos, desempleo y desintegración familiar. Este es parte del diagnóstico de Miguel Ángel Díaz Carreño, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien en noviembre pasado presentó los resultados de una investigación sobre esta materia. En promedio, sostiene Díaz Carreño, el 40% de las familias mexiquenses vive con 100 pesos diarios, menos de dos salarios mínimos, y destinan el 50% de esos ingresos a la compra de alimentos lo cual no les permite ahorrar ni invertir en educación, salud y otros rubros importantes para la superación de la pobreza.
En general, las viviendas de estos mexicanos en pobreza patrimonial tienen piso de tierra, los techos son de lámina o madera y no cuentan con servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y drenaje. Pero la pobreza, en algunos casos, también es alimentaria. De acuerdo con el Banco de Alimentos Cáritas en el primer trimestre del año la pobreza alimentaria aumentó en 23 de los 125 municipios del Estado de México. Esta organización ha venido documentando la necesidad alimentaria de los municipios localizados en el norte del estado como San José del Rincón, Villa Victoria, Aculco y Acambay. El grado superlativo de esta pobreza alimentaria es la desnutrición que sufren más de 5 millones de mexiquenses indígenas que, además, enfrentan peores condiciones de marginalidad.
De acuerdo con distintos análisis académicos, la situación general de pobreza suele ser a tal grado desesperada que anualmente 36 mil mexiquenses se marchan a Estados Unidos a trabajar. En promedio, son 100 mexiquenses, la mayoría provenientes de zonas rurales y urbanas de alta marginalidad, quienes diariamente cruzan la frontera norte escapando del desempleo y la falta de oportunidades que priva en nuestra demarcación. En algunas zonas, como Tonatico o Coatepec Harinas, primeros lugares entre los municipios mexiquenses en migración a Estados Unidos, se registra incluso un fenómeno denominado “despoblamiento”. La mayoría de sus habitantes terminan siendo adultos mayores, niños y mujeres que viven de las remesas que los hombres en edad productiva envían desde Estados Unidos.
De los más de dos mil millones de dólares que anualmente envían los migrantes mexiquenses a sus familias, dependen buena parte de éstas comunidades que gracias a ellas atenúan su precariedad. Son ya más de un millón de mexiquenses quienes viven y trabajan en Estados Unidos y a cuyo trabajo y esfuerzo hay que atribuir que las cifras de pobreza y desempleo en el estado no sean aún más alarmantes.
Sin embargo, en el contexto de la actual crisis económica internacional, se prevé el regreso de algunos de ellos y, más importante aún, una reducción importante que ya se registra en el monto de remesas recibidas.
En definitiva, el combate a la pobreza debe convertirse en una altísima prioridad del gobierno del Estado. La generación de empleos, de proyectos productivos, de oportunidades para el desarrollo humano y de mejoras sustanciales en la educación y capacitación para la vida laboral son políticas cuya implementación en todo el estado no pueden esperar más. En contraste, el Presupuesto de 2009 contempló más de 177 millones de pesos al gasto en imagen del gobierno estatal, la cifra más alta en la historia de nuestra entidad.
La madrugada del 17 de marzo pasado, los mexiquenses recibimos una alarmante noticia para nuestra seguridad. En sendas operaciones simultáneas, comandos armados y encapuchados tomaron por asalto los destacamentos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) de Tenancingo y Zumpahuacán con el objetivo de sustraer más de 35 armas de grueso calibre, 21 armas cortas, siete escopetas, cinco rifles de asalto y aproximadamente 537 cartuchos así como equipos de radio comunicación. Cuando personal del Ejército Mexicano acudió en apoyo de los policías estatales, se registraron una serie de enfrentamientos tras de los cuales fue posible la captura de 9 de los aproximadamente 30 sicarios que, se calcula, participaron en este atraco. Autoridades estatales y federales informaron haber tomado conocimiento de este ilícito pero hasta el momento de escribir estas líneas no hay resultados claros de las investigaciones.
Este desafortunado evento no puede pasar inadvertido toda vez que es emblemático de la vulnerabilidad que sufrimos los mexiquenses frente al crimen organizado. Si quienes trabajan para protegernos sufren de esta manera sus embates, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?
Lo cierto es que este hecho está íntimamente relacionado con un contexto sumamente negativo para el desempeño reciente de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE). En tres años, el gobernador Peña Nieto se ha visto obligado a cambiar al titular de la misma en cuatro ocasiones. El primero fue Wilfrido Robledo Madrid quien renunció, en febrero de 2007, en medio de un escándalo por la contratación de su hijo Mario Robledo Segura como subdirector de los cuerpos auxiliares de la entidad. Robledo Madrid fue además el encargado del desempeño de la Agencia durante los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de 2006. Por ello ha sido señalado por distintas organizaciones de derechos humanos y por el propio ministro José Ramón Cossío de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el principal responsable de uno de los eventos de tortura y abuso más graves que el país haya registrado en los últimos años.
A Robledo Madrid, le siguió en el cargo Héctor Jiménez Baca, removido un año después a causa de la recomendación emitida en su contra por la Comisión estatal de derechos humanos que le acusaba de haber autorizado que más de 500 internos del penal de Neza – Bordo fueran desnudados para controlar un motín registrado en enero de 2008. No es tampoco un secreto que durante su gestión el sur del estado vivió un aumento acelerado de las ejecuciones, los feminicidios y, en general, los delitos violentos.
A Jiménez Baca sucedió en el puesto Germán Garcíamoreno quien renunció el 6 de marzo pasado, apenas unos días antes del atraco. Su renuncia pareció consecuencia obvia de escándalos como el de los policías obligados a trabajar de meseros en actos navideños encabezados por el gobernador. A Garcíamoreno también se le atribuye la reactivación del programa “Vigilantes Voluntarios” mediante el cual los uniformados, en lugar de combatir a la delincuencia, recaban información, puerta por puerta, de los habitantes de distintos municipios mexiquenses lo cual ha dado lugar a fundadas sospechas sobre el posible uso electoral de esos datos. Actualmente, el titular de la Agencia estatal es David Garay Maldonado, ex secretario de seguridad del Distrito Federal y hasta hace algunas semanas, director del Centro de Estudios sobre Seguridad Pública y Desarrollo Policial del Estado de México.
La sucesión de funcionarios demuestra que, en términos generales, el Estado de México carece de un rumbo claro en la materia. Van cuatro titulares de la ASE y el Gobierno del Estado de México no ha sido capaz de efectuar mejoras sustanciales a la profesionalización y depuración de los cuerpos policíacos y ha sido omisa, según sugerencias de observadores internacionales, en atacar la impunidad y resolver graves fallas operativas.
En todo caso, existen propuestas que podrían dar mayor certidumbre, legitimidad y solidez al desempeño de la ASE. Me refiero a la Iniciativa que, informó el Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, estará presentando en el Congreso mexiquense para que los legisladores locales ratifiquen el nombramiento del titular de la Agencia tal y como sucede con la designación del Procurador general de Justicia de la entidad. Otra propuesta relevante tiene que ver con la creación de un órgano independiente que concentre y sistematice las cifras de incidencia delictiva para evitar la distorsión que la propia Agencia podría haber hecho de las mismas.
Sin embargo será condición esencial para el fortalecimiento y profesionalización de la Agencia el esclarecimiento total y satisfactorio de este infortunado evento. Como segundo paso, el nuevo titular de la Agencia está obligado a diseñar una estrategia de combate al crimen organizado garantizando, en todo momento, los derechos humanos de los mexiquenses.
Artículo públicado el 29 de marzo de 2009 en Milenio-Diario, EDOMEX
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