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Gráfico: milenio.com
La divulgación del proyecto que preparó el ministro Arturo Zaldívar, sobre la solicitud de amparo directo promovida por Florence Cassez ante la Suprema Corte, ha provocado un importante debate sobre la importancia del debido proceso, el derecho consular y los derechos de las víctimas de delitos tan graves como el secuestro. Por un lado el ministro Zaldívar presenta, en su proyecto, un caso con severas irregularidades. Sostiene que, durante su detención, Florence Cassez fue privada del derecho fundamental de los detenidos extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular. Pero, peor aún, que se violentó su derecho fundamental a ser puesta a disposición inmediata ante el Ministerio Público luego de su detención. Habla de un montaje mediático que deformó la realidad con el fin de exponer a una persona frente a la sociedad como culpable de un hecho delictivo, antes de que los hechos se ventilaran en un proceso judicial. De acuerdo con el ministro Zaldívar, esto tuvo un efecto corruptor en todos el proceso penal y por tanto la evidencia incriminatoria está viciada. Por otro lado, hay numerosas voces que insisten en la necesidad de respetar los derechos de las víctimas, la forma en que la veracidad de sus testimonios se ha venido acreditando y desde luego la necesidad de castigar a quienes hayan viciado el proceso sin que esto se traduzca en la liberación automática de la inculpada. Señalan además que la lucha contra el secuestro en nuestro país se vería seriamente mermada, tanto a nivel procesal como simbólico, con la eventual liberación de Cassez y que, en definitiva, errores y vicios de procedimiento, por graves que sean, no pueden ser usados como único argumento para que el inculpado, sin más, abandone la cárcel y se invalide todo el juicio. Según esta postura. la presencia de indicios que sustentan la veracidad de los testimonios de las víctimas, y que fueron valorados positivamente en las sentencias de primera y segunda instancia, merece que el juicio y sus resultados no se invaliden del todo.
Es claro que hay argumentos de peso de ambos lados y que, en todo caso, conviene encontrar una solución intermedia que se aparte del falso debate entre si es más importante el respeto a los estándares internacionales y nacionales del debido proceso o la protección de los derechos de las víctimas. No hay que hurgar demasiado en la historia del derecho procesal penal para identificar una alternativa que bien podría reunir esta característica. Me refiero concretamente a la revisión y eventual reposición del proceso penal. Ese es finalmente el criterio que han adoptado dos importantes tribunales internacionales fallando a favor de México en distintos casos de violaciones al derecho consular de mexicanos en Estados Unidos. En el caso Avena, la Corte Internacional de Justicia determinó que la revisión y reconsideración de los juicios y las sentencias, por ejemplo mediante la celebración de nuevos procesos judiciales, era un mecanismo adecuado de reparación del daño cometido por el Estado al violar los derechos consulares de los implicados. Igualmente, ese ha sido el criterio de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos especialmente en su Opinión Consultiva 16/99 cuando determinó que la asistencia consular es un componente esencial del debido proceso y que la reposición del procedimiento está plenamente acreditada por el derecho procesal como una alternativa importante para desagraviar los vicios que pudieran presentarse. En todo caso la primera sala de la Suprema Corte tiene la última palabra y, sea cual sea su decisión final, es motivo de encomio descubrir que ejerce plenamente su potestad en materia de control constitucional y que sin su reciente activismo no puede entenderse la construcción de un estado de derecho cada vez más sólido en nuestro país.
Artículo publicado el pasado 17 de marzo en Milenio Diario, estado de México
El martes pasado la UNICEF presentó en México su Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2012: Niñas y Niños en un Mundo Urbano de la UNICEF. Se trata de un análisis sin precedentes en la medida en que evalúa las implicaciones que el proceso de urbanización, en marcha en prácticamente todo el mundo, tiene para la situación general de la niñez. Según el informe, hay una paradoja que explica bien la falta de políticas públicas orientadas hacia un problema en trepidante ascenso. Mientras el concepto de ciudad se ha venido asociando históricamente con el empleo, el desarrollo y el crecimiento económico, cientos de millones de niños y niñas sufren los embates de un modelo de urbanización que no toma en cuenta sus necesidades y que es completamente omisa frente a la violación de sus derechos esenciales. La UNICEF plantea así la dicotomía entre un porcentaje de la niñez que disfruta las ventajas que ofrece la vida urbana y otro que vive en condiciones infrahumanas de marginación y precariedad. Pero lo peor de su situación, sustenta el informe, es su relativa invisibilidad. Tanto la información estadística, como los programas de desarrollo tienden a poner mayor atención a lo que sucede en las zonas rurales y no hacen lo suficiente para esclarecer las brutales disparidades en las tasas de supervivencia, el estado nutricional, la educación y la salud que se registran entre barrios y asentamientos urbanos al interior de las ciudades. 43% de la niñez global vive en zonas urbanas, gran parte de ellos vive en barrios marginados y una alarmante proporción sencillamente vive en la calle. Todos ellos experimentan altos niveles de vulnerabilidad y de violaciones sistemáticas a sus derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño. El acceso de la niñez a la salud y a la higiene, a la educación y en general a su protección frente a los abusos de todo género está muy lejos de alcanzar una situación satisfactoria en el planeta. A este diagnóstico habría que agregar también el agravamiento de sus condiciones de vida a partir de desafíos que van desde la migración de niños a las ciudades, donde su vulnerabilidad aumenta exponencialmente, hasta los efectos de la crisis económica actual y la violencia urbana.
El Informe promueve no sólo la consciencia pública sobre este fenómeno sino además políticas enfocadas a satisfacer las necesidades y prioridades particulares de los niños que experimentan marginación urbana. Por ello, en voz de su Director Ejecutivo, Anthony Lake, la UNICEF alabó el programa Oportunidades y se refirió a él como un ejemplo que muchos otros países deberían emular en el combate a la marginación infantil de naturaleza urbana. De esta manera se reconoce que, si bien nos falta mucho por hacer en esta materia, México ha hecho un trabajo muy serio y una inversión sin precedentes para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio vinculados a la protección infantil. Vale la pena considerar, al menos, tres aspectos. En primer lugar, en junio de 2011, los legisladores reformamos la Constitución para cumplir con los derechos infantiles que se consagran en los Tratados Internacionales en la materia –dimos rango constitucional al precepto del “interés superior del niño”. En segundo lugar, en los últimos años, se alcanzó la cobertura universal en la educación primaria, se redujo en más del 60% la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años y se avance de manera contundente en las metas referentes al acceso a vivienda, agua y servicios de salud. Finalmente, tal y como lo anunció el Presidente Calderón, México invertirá un monto sin precedentes, 570 mil millones de pesos este año al desarrollo integral de niños y adolescentes. Es desde luego un honor pero también una gran responsabilidad ser sede de la presentación de este Informe Global. Es encomiable el esfuerzo de UNICEF para con este tema y por ello la mejor manera de honrarlo y unirse a él es trabajar incansablemente, como hasta ahora, en lograr un México digno, seguro y justo para nuestra niñez.
Foto: oem.com.mx | Firma del acuerdo el pasado 16 de febrero de 2012
En el contexto actual de lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado en México, resultaba evidente la vulnerabilidad de un sector de la población. Me refiero al constituido por niñas, niños y adolescentes víctimas de la delincuencia y de situaciones de violencia criminal. De ahí que mediante un esfuerzo conjunto sin precedentes, el Presidente de la República así como diversas Secretarias de Estado, el DIF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la representación de UNICEF en México suscribieron, el jueves pasado, el Acuerdo para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en escenarios de delincuencia organizada. De lo que se trata es de preservar la integridad física, emocional y psicológica de los menores con independencia de cómo se han visto involucrados en escenas de violencia criminal. Esto supone, además, capacitar al personal que participa en operativos contra la delincuencia para que sepan la manera idónea de actuar ante la presencia de un menor, proteger su identidad y la confidencialidad de sus datos personales y recibir, en todo momento, atención especializada y un trato digno con respecto a su género y edad. Se trata, desde luego, de un esfuerzo más por armonizar nuestras políticas públicas con las mejores prácticas internacionales que tutelan, sobre cualquier otra consideración, el interés superior del niño como columna vertebral en la actuación del Estado. El Acuerdo reivindica un punto central de cualquier estrategia del Estado para combatir la delincuencia –atender el sufrimiento de las víctimas- y le da una visibilidad pública al sufrimiento infantil como nunca antes. Todos hemos visto el dolor de niños que de la noche a la mañana se convierten en huérfanos a manos de la delincuencia, el desconcierto de miles de jóvenes que arrastrados por múltiples causas terminan engrosando las filas del crimen con profundas consecuencias psicológicas, hemos sufrido con ellos cuando desaparecen sus familiares, cuando atestiguan el asesinato de sus padres, de sus hermanos. Todos estos niños, niñas y adolescentes necesitan mucha atención. Necesitan el respaldo del Estado y de la sociedad no sólo para brindarles la atención psicológica, legal y económica que resulta indispensable en el corto plazo sino para garantizarles un futuro mejor, libre de violencia, y colmado de oportunidades para su desarrollo en todos los planos. Necesitan que todos juntos evitemos procesos de revictimización y de mayor vulneración de sus derechos. Como afirma la UNICEF, la idea es crear una cadena de protección a la infancia dirigida a ayudarles a superar lo que han vivido siempre de manera involuntaria.
Un esfuerzo de esta naturaleza exige, sin embargo, un esfuerzo mayor de parte de los otros Poderes de la Federación. En el legislativo tenemos una importante tarea pendiente. Por un lado, la institucionalización de esfuerzos como éstos mediante nuevos dispositivos legales y, por el otro, un proceso integral de armonización de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en nuestro derecho interno. En el judicial, hay mucho que puede hacerse aún para mejorar la atención que se brinda a estos niños en su calidad de víctimas y no se diga al que se les otorga en su calidad de acusados de alguna conducta delictiva. Aún mayúsculo, el esfuerzo vale la pena. No hay que olvidar que es fundamentalmente por ellos, por su tranquilidad y su bienestar, la lucha que día a día todos los mexicanos libramos contra la delincuencia.
Foto: El Universal | Firma del decreto de promulgación de la reforma constitucional a los artículos 3 y 31 que obliga al Estado a impartir educación media superior
Esta semana el Presidente Felipe Calderón firmó un decreto histórico. Se trata de la séptima reforma que en materia educativa, se realiza a la Constitución Mexicana desde su promulgación en 1917. El decreto reforma los artículos 3 y 31 de la Constitución con el objetivo fundamental de otorgarle a la educación media superior en México carácter obligatorio. En consecuencia, por primera vez en su historia, el Estado Mexicano asume un compromiso extraordinario con garantizar el acceso a la educación básica, media y media superior a todos los niños y jóvenes mexicanos. Por supuesto esto exige un enorme esfuerzo que se proyecta concluirá, en el año 2022, cuando se logre la cobertura universal del bachillerato en México. Sin embargo, ya están colocadas las bases para que, incluso antes, en 2015, México cuente con una cobertura de al menos 85%. Desde luego que no se trata de un asunto menor por varias razones. La primera es que, como explicó el Subsecretario de Educación Superior Rodolfo Tuirán, mucho del desarrollo económico y social de México depende precisamente del fortalecimiento de la educación media superior. Quienes cursan el bachillerato acceden a mejores niveles salariales y, por ende, a mejores condiciones de vida. Esa es una lección que viene directamente del sudeste asiático quienes, en su momento, hicieron una fuerte apuesta por el robustecimiento de la cobertura, la infraestructura y los contenidos de la educación media superior.
La segunda es que nuestro país comenzará a remontar una situación lamentable que venimos arrastrando por décadas en materia de acceso a la educación media superior. De acuerdo con información reciente dada a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México junto con Turquía destaca entre los miembros de este organismo por tener el mayor porcentaje de jóvenes sin acceso al bachillerato. Ya sea por deserción, casi siempre originada por razones socioeconómicas o por lo que se denomina fracaso escolar, por falta de cobertura suficiente en distintas zonas del país y por insuficiencias importantes en el mejoramiento de calidad del magisterio entre otras carencias institucionales, México se ubica prácticamente al final de la lista.
Mientras países como Corea o República Checa el número de jóvenes, de entre 25 y 34 años sin bachillerato es inferior al 10%, México tiene, igual que Turquía, 58% de sus jóvenes sin educación media superior. La deserción escolar, especialmente durante el bachillerato, impide el acceso a los conocimientos y las habilidades indispensables para que cientos de miles de jóvenes se inserten con éxito en el mercado laboral. Pero si bien, en principio, esta es una responsabilidad del Gobierno Federal, las entidades federativas tienen también en sus manos gran parte de la solución. Lamentablemente, el estado de México es de nuevo un botón de muestra de lo que no se ha hecho al respecto. De acuerdo con información oficial difundida esta semana, nuestra Entidad tiene un déficit del 36% en la atención a los jóvenes que tratan de ingresar al bachillerato en la entidad. Es decir, de los 800 mil alumnos que egresan cada año de las secundarias mexiquenses, alrededor de 288 mil, por distintas razones, no consiguen ingresar a las preparatorias. Desde luego que faltan planteles pero también políticas adecuadas para impedir la deserción, y reducir la reprobación sin comprometer la calidad educativa. Sin duda, el decreto que incluye al bachillerato dentro del universo de niveles educativos obligatorios exige esfuerzos importantes para todos y esto incluye, por supuesto, a estados y municipios del País.
Artículo publicado el pasado 11 de febrero en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: gerenciasocial.net
Hace algunos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de España, publicó el informe: El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres. Se trata no sólo de un diagnóstico meticuloso sobre la situación de las mujeres en América Latina sino además un Compendio extraordinario de lo mucho que nos falta por hacer para tomar “la ruta hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales”. El análisis es desde el principio demoledor. De acuerdo con el informe, “las mujeres tienen menores posibilidades que los hombres de satisfacer sus necesidades básicas, tales como la alimentación el acceso a vivienda y a servicios de salud especializados, siguen particularmente expuestas a formas de violencia física y sexual, y tienen opciones limitadas de obtener un trabajo decente y de incidir en la agenda pública de sus países”. Desde luego, el hallazgo más importante tiene que ver con la identificación de factores estructurales específicos que explican no solo el lento avance que registra la región en materia de combate a la discriminación y la desigualdad sino, incluso, el empeoramiento de condiciones en algunos países. En el diagnóstico resalta, en primer lugar, la pobreza como el origen de esta condición estructural. Aunque afecta a todos, el impacto de la pobreza en las mujeres es mayor al considerar la discriminación de la que son objeto.
Sin embargo, identifica también factores específicos. Entre los más importantes, destacan los del ámbito laboral y concretamente lanza un argumento muy persuasivo al respecto. En una palabra, advierte que buena parte de la discriminación laboral contra las mujeres, la brecha salarial entre sexos, la prevalencia del acoso sexual en el trabajo, entre otros lastres, tienen relación directa con la debilidad del marco normativo para el acceso a la justicia. Es decir, no hay suficientes mecanismos para que las mujeres recurran efectivamente a los tribunales, se impongan sanciones a quienes violen sus derechos y se repare adecuadamente el daño ocasionado. El informe se ocupa además del derecho a la educación y aquí viene otro hallazgo. Aunque advierte que existe un incremento notable en el número de mujeres que completan su educación superior, ello no se traduce en mejores empleos y salarios. Y esto apunta directamente a otro fenómeno que los países latinoamericanos no han sido capaces de combatir. Me refiero a las políticas para el acceso y control de recursos económicos por parte de las mujeres. Es decir, los límites al ejercicio de sus derechos a la propiedad, la vivienda, la tierra y la herencia, entre otros ámbitos, ha minado gravemente su capacidad para empoderarse. Factores sociales y culturales refuerzan esta condición estructural que las aleja del crédito, la inversión productiva, los servicios financieros, la formación empresarial y un largo etcétera. Sin duda la lectura de este informe y la atención a sus recomendaciones, es tarea obligada de nuestro país y del resto de los países latinoamericanos para cerrar estas brechas en el año venidero.
Gráfico: oelnu.org
Este es precisamente el título de la campaña que ONUSIDA, con la colaboración de otras instituciones, ha lanzado para comunicar el ambicioso objetivo que aspira a reducir a cero los nuevos casos de infección por el VIH-SIDA, la discriminación así como las muertes relacionadas con esta pandemia. Se trata de un esfuerzo de difusión sin precedentes que, en el contexto del Día Mundial contra el VIH-SIDA, contribuirá enormemente al compromiso asumido por la comunidad internacional en junio pasado durante la Reunión de Alto Nivel sobre el SIDA de la Asamblea General de la ONU. En aquel momento se recordó que en 2011 se cumplen 30 años del descubrimiento del SIDA y que, en ese lapso, esta pandemia se había cobrado alrededor de 25 millones de vidas y el sufrimiento de más de 60 millones de víctimas. Más aún se informó que, a diario, 7 mil personas se infectan con el virus de los cuales mil son niños. Peor aún, las deficiencias institucionales y la escasa financiación de programas en grandes regiones geográficas del planeta han hecho que por cada persona que inicia el tratamiento, dos contraigan la infección. Con todo, el Informe presentado por el secretario general intitulado Unidos por el acceso universal: hacia el logro de cero nuevos casos de infección por el VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el SIDA subraya la forma en que la tasa mundial de nuevos casos de infección disminuye, el acceso al tratamiento especializado aumenta y la manera en que, en general, el mundo ha venido haciendo progresos importantes en lo que se denomina la reducción de la transmisión materno-infantil. Y es precisamente de este diagnóstico de donde surge este compromiso político de gran envergadura para vencer al SIDA y concretamente para lograr, en 2015, el acceso universal a la prevención, el tratamiento, y la atención al VIH, uno de los elementos fundamentales de las Metas del Milenio.
En México esta declaración con compromisos claros a nivel global se ha convertido en un eje rector de nuestra política de salud. Si bien aún tenemos mucho por hacer, desde 2007 a la fecha México ha invertido prácticamente 8 mil millones de pesos para la compra de medicamentos antirretrovirales para los pacientes que viven con VIH/SIDA y carecen de seguridad social. Esto no sólo es muy superior a la media mundial sino que es superior a la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por otro lado, el número de pacientes que recibieron tratamiento especializado se incrementó exponencialmente al pasar de 20 mil en 2007 a prácticamente 50 mil en 2011. Pero si hay una asignatura pendiente en nuestro país en la prevención y combate al SIDA, ésta tiene que ver más bien con su dimensión estatal y local. El estado de México, por ejemplo, ocupa el segundo lugar a nivel nacional en el número de casos de VIH por su altísima tasa de incidencia. Y esto ha venido afectando especialmente a las comunidades más marginadas en algunos de sus municipios más deprimidos económicamente o bien los más poblados. Ya son más de 8 mil quinientos muertos en la entidad desde hace 24 años y la tasa de infección sigue presentando cifras escandalosas. Es hora de hacer conciencia sobre este hecho y emprender una cruzada contra el SIDA en el estado de México, especialmente en Netzahualcóyotl, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán y Toluca. En definitiva, una campaña informativa de gran calado, en el contexto de estos esfuerzos globales puede hacer la diferencia. Pero se requiere también de un compromiso mayor para apoyar a las víctimas y respaldar la labor de trabajadores sociales, personal médico, y todos quienes día a día se enfrentan a la letalidad de esta monstruosa enfermedad. Avanzar hacia una generación sin VIH tiene que ser una prioridad de todos y esto exige un deber mayor para los estados que presentan el mayor atraso en la realización de este objetivo.
Artículo publicado el pasado 3 de diciembre en Milenio Diario, estado de México
La presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf, la activista Leymah Gbowee y Tawakel Karman, de Yemen, ganadoras del Premio Nobel de la Paz | Foto: cnn.mexico.com
El anuncio que el Comité Nobel Noruego hiciera hace algunos días sobre las ganadoras del Premio Nobel de la Paz 2011 viene a subrayar el valor agregado, específico y particular, que las mujeres somos capaces de imprimir a la actividad política y primordialmente a los procesos de paz y conciliación alrededor del mundo. Después de una ardua deliberación, se anunció la concesión de este importante galardón a tres mujeres –dos liberianas y una yemení- cuyo activismo ha sido invaluable para, por un lado, reivindicar los derechos políticos de las mujeres en regímenes de corte autoritario y, por el otro, dar futuro a procesos de paz, reconciliación y democratización de sus respectivas sociedades.
En primer lugar, se reconoció a Ellen Johnson Sirleaf, quien a sus 72 años de edad consiguió ser la primera mujer africana electa democráticamente como Presidenta de la República Liberiana. Desde 2006, Sirleaf ha venido transformando radicalmente la situación general de su país y ha conseguido pasos muy importantes en el fortalecimiento de la unidad, la reconstrucción y la reconciliación nacional después de poco más de veinte años de una cruenta guerra civil. Por otro lado, se otorgó el Premio Nobel a Leymah Roberta Gbowee, otra liberiana que como Sirleaf, desde la trinchera de las organizaciones femeninas de la sociedad civil consiguió forzar la negociación y acuerdo de las facciones en pugna una vez caído el brutal régimen de Charles Taylor. Gbowee logró además organizar a mujeres cristianas y musulmanas de Monrovia, la capital liberiana, para hacer jornadas de rezos por la paz y acciones de resistencia civil que han servido de inspiración a movimientos similares en Sudán, Zimbabwe y otros países africanos. Finalmente, en una especie de reconocimiento simbólico a muchos de los movimientos pacíficos de la denominada Primavera Árabe, el Comité Noruego decidió premiar también a Tawakul Karman, una activista yemení quien a través de una organización llamada Mujeres Periodistas Sin Cadenas, se convirtió en el rostro más visible de las protestas multitudinarias que en ese país han venido cimbrando al régimen de Saleh. Conocida como la “madre de la revolución” y con apenas 32 años, Karman es un símbolo además de un nuevo movimiento democrático con profunda vocación pro derechos humanos y de equidad de género al interior de la religión islámica incluso en su vertiente conservadora. Como bien afirmó el Presidente del Comité Noruego, la inclusión de Karman es “señal de que la Primavera Árabe no puede triunfar si no es incluyente con las mujeres”. Más aún, se trata de un reconocimiento al alto nivel de compromiso que las mujeres en el mundo adquieren con la paz, la dignidad y el coraje de su impulso de cambio, así como a los valores de tolerancia, respeto y concordia que encarnan su lucha especialmente en sociedades que cargan toda clase de heridas y confrontaciones históricas.
Definitivamente, creo que vale la pena resaltar que esta edición del Premio Nobel de la Paz viene a dar un renovado impulso a una vieja tesis de la Organización de las Naciones Unidas, según la cual hay una fuerte correlación entre una cuota alta de participación de las mujeres en procesos de paz y reconstrucción posbélica y una solidez importante de las instituciones y los pactos democráticos y de justicia emanados de esos procesos. Ojalá las galardonadas pudieran venir a México y compartir con nosotros su perspectiva sobre tan importantes asuntos.
Artículo publicado el pasado 8 de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: Milenio Diario
El jueves pasado, los Senadores de la República aprobamos una reforma constitucional, avalada ya previamente por la Cámara de Diputados, para incorporar el derecho al agua entre los derechos esenciales que tutela nuestra Carta Magna. De tal suerte, y una vez que la reforma sea avalada por la mayoría de los Congresos estatales, el artículo 4 constitucional obligará al Estado a garantizar a los mexicanos, en todo momento y circunstancia, “el acceso, disposición y saneamiento” del agua para consumo personal y doméstico “en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. En la reforma se reivindica además el derecho de toda persona a un ambiente sano y se establece la responsabilidad en la que incurre quien provoque, mediante cualquier acción, daño o deterioro ambiental. Más aún, se establece que la ley definirá la manera en que se garantizará el acceso equitativo y sustentable de los recursos hídricos mediante esquemas de participación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios de nuestro país. Se trata de una decisión sin precedentes que tendrá un impacto muy positivo sobre las políticas públicas y las dotaciones presupuestales en este rubro. Pero quizá su mayor impacto tendrá que ver con una reducción sistemática de las desigualdades en materia de acceso al agua, especialmente de agua potable. Con ello no sólo comenzará a resolverse un añejo problema heredado de décadas de inacción gubernamental sobre el particular sino que comenzará a armonizarse plenamente un derecho bien establecido en múltiples Tratados y Convenciones Internacionales (así como en los denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio) que, sin embargo, no contaba con un instrumento vinculante en nuestro país.
Cabe señalar que en México aproximadamente 10 millones de personas viven sin acceso a servicios de agua potable mientras 14 millones no cuentan con instalaciones de drenaje adecuadas. Por si fuera poco, la disponibilidad de agua por habitante no es la misma en todo el país y mientras en algunas regiones hay una abundancia que incluso provoca el despilfarro, en otras ésta alcanza niveles cada vez más escasos. De ahí la importancia de plasmar en la ley este derecho y, en consecuencia, esforzarse para que los mexicanos contemos, en el menor tiempo posible, con los mecanismos que le den plena exigibilidad jurídica y administrativa. Para ello, sin embargo, se requiere también de un fuerte compromiso de la ciudadanía en su conjunto a favor de la protección y el uso racional del agua, de un trabajo continuo y sistemático para el desarrollo de infraestructura en el país así como de un cambio sustancial en la manera en que priorizamos el tema del agua frente a muchos otros.
No hace falta ahondar en las razones por las cuales la provisión suficiente y sustentable de agua es ya un tema de seguridad nacional en buena parte de las democracias del mundo. El hecho es que frente a un bien tan esencial para la vida y, al mismo tiempo, tan escaso es menester cambiar nuestras percepciones mediante las cuales se da por hecho, por ejemplo, que la habrá por siempre. Y ese es otro elemento importante de cualquier reforma constitucional en la medida en que tiene el objetivo de sensibilizar sobre asuntos clave para la estabilidad y el desarrollo de nuestro país que antes permanecían relegados en la agenda pública.
Artículo publicado el pasado 1° de octubre en Milenio Diario, estado de México
Gráfico: wordpress.com
Hace aproximadamente tres semanas, el estado de Veracruz se vio inmerso en una controversial y peligrosa discusión sobre terrorismo y redes sociales. Entre la comunidad de Boca del Río circulaban ya, desde hacía algún tiempo, rumores sobre inminentes ataques a centros educativos por parte de organizaciones criminales. De acuerdo con fuentes periodísticas, una semana antes aparecieron mantas en diversos puntos de la ciudad advirtiendo sobre ello. Como era previsible, la falta de información y de un pronunciamiento oficial por parte del gobierno estatal propició las condiciones idóneas para el esparcimiento de rumores como éste que, por su naturaleza, generaron una cadena de reacciones de pánico. En este contexto de zozobra y desinformación, los rumores fueron ganando terreno en las redes sociales. Mucho de lo que se escuchaba en las calles era replicado por toda clase de reporteros ciudadanos quienes, como los denominados twitteros, enviaron mensajes de alerta con información falsa sobre el presunto ataque a escuelas primarias. La reacción no se hizo esperar y el caos se apoderó de Boca del Río.
En consecuencia, el gobierno estatal acusó de terroristas y saboteadores a dos twitteros, cateó sus domicilios sin orden judicial, les confiscó ciertos bienes y los mantuvo prácticamente incomunicados hasta que un juez les dictó auto de formal prisión en medio de un proceso plagado de irregularidades. Ante semejante aberración jurídica, las voces críticas contra esta decisión, tanto en México como desde el extranjero, se multiplicaron y ejercieron una presión importante sobre el gobierno de Javier Duarte. Después de semanas de alertar sobre las implicaciones de este artero atentado contra los derechos humanos y la libertad de expresión, el gobierno estatal decidió desistirse de la acción penal. No obstante lo hizo mediante otro recurso sumamente desafortunado. Me refiero a la aplicación, de manera retroactiva, de una nueva y peligrosa legislación aprobada hace algunos días en el Congreso estatal que introduce el delito de “perturbación del orden público” en el Código penal. Horas después, los acusados fueron liberados sin cargos.
Ante este fenómeno, no faltan las voces que hablan de una indispensable regulación de las redes sociales. Sin embargo, el problema de fondo tiene que ver con el nivel de compromiso de las autoridades locales con los derechos humanos. Es un recurso fácil culpar a lo que se publica en las redes sociales de los problemas de inseguridad y violencia que vive Veracruz y concretamente Boca del Río, donde recientemente aparecieron 35 cadáveres torturados debajo de un puente vial. Es también razonablemente sencillo tipificar nuevos delitos mediante legislaciones irresponsables, intolerantes y autoritarias, así como potencialmente anticonstitucionales, aunque al final generen más problemas de los que resuelve. Lo verdaderamente difícil es asumir combatir al crimen con la ley en la mano, sin caer en tentaciones autoritarias, y respetando en todo momento los derechos humanos.
La ley “antirumores” recientemente aprobada en el Congreso local no solo contiene disposiciones preocupantes por su parecido con legislaciones totalitarias en el mundo -al abrir un espacio enorme de discrecionalidad para interpretar lo que constituye una “perturbación del orden público”- sino que nos hace recordar la monstruosa historia priísta de tipificación de derechos como delitos. Se viene a la mente, de inmediato, el delito de “disolución social” que le permitió al régimen autoritario castigar por décadas múltiples libertades ciudadanas. Se trata, como entonces, de un peligro real para la democracia y de una legislación que no podemos pasar por alto.
Artículo publicado el pasado 24 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
