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La semana pasada, el mundo entero se estremeció ante una trágica y macabra noticia. El hallazgo de una narcofosa con 72 cadáveres de inmigrantes centro y sudamericanos en un rancho del municipio de San Fernando en Tamaulipas puso en claro, de nueva cuenta, la urgencia de tomar medidas contundentes no sólo para combatir al crimen organizado sino, quizá más importante aún, para cerrar el paso a la impunidad. La historia, que nos llena a todos los mexicanos de vergüenza, no ocurrió como resultado de la cruenta batalla entre cárteles del narcotráfico quienes, atemorizados y debilitados por la acción gubernamental, buscan desesperadamente la manera de reclutar personas como sicarios para sus organizaciones delictivas. Sin duda éste es el lamentable contexto, el de la violencia y el narcotráfico en Tamaulipas -un estado que desde hace algún tiempo libra una dura batalla contra el fantasma de la ingobernabilidad a manos del crimen organizado- pero no es el asunto de fondo.
La brutal matanza de transmigrantes hondureños, ecuatorianos, salvadoreños y brasileños -14 mujeres entre ellos- es sobretodo el resultado de la impunidad, la corrupción y la negligencia con que autoridades de todos los niveles de gobierno han venido actuando para permitir la operación impune de bandas dedicadas al tráfico de personas. Es además el resultado de la ineficacia para resolver un acuciante problema que hemos abordado en múltiples ocasiones. Me refiero a la peligrosidad y la corrupción que ha venido acentuándose en nuestra frontera sur así como a nuestra incapacidad crónica para predicar con el ejemplo en materia migratoria ante los Estados Unidos. Frente a la tragedia de nuestros connacionales indocumentados, quienes todos los días hacen una peligrosa travesía por desiertos y vías inhóspitas con tal de encontrar una mejor calidad de vida en Estados Unidos, México no ha hecho lo necesario para garantizar, precisamente, un tránsito legal, ordenado y seguro (la triada que exigimos con vehemencia a los estadounidenses) para los cientos de miles de transmigrantes indocumentados quienes atraviesan territorio mexicano en busca del mismo destino.
Es verdad que hay avances y que el balance no es del todo negativo. Ahí están los albergues para migrantes, los Oficiales de Protección a la Infancia, la reforma a la ley que descriminalizó a los indocumentados, la multiplicación de los Grupos Beta en distintos puntos del territorio nacional, los programas de repatriación, entre otros logros relevantes. Sin embargo, no hemos hecho aún lo necesario para deshacernos de una de las peores herencias del viejo régimen. Me refiero a la corrupción y la impunidad de la que gozan quienes extorsionan, maltratan, abusan y explotan a los inmigrantes durante el vía crucis que viven al cruzar nuestro país. Si bien este lastre se ha venido combatiendo con éxito en algunos estados de la República, la verdad es que en la mayoría goza de cabal salud. Peor aún, en algunos se ha venido registrando un verdadero florecimiento de la industria del secuestro de migrantes en México, tal y como lo sustenta un reciente informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, cobra relevancia el señalamiento que el quinto visitador de la Comisión, Mauricio Farah, ha hecho con respecto a que el Estado Mexicano no ha sido capaz de impulsar una política migratoria integral para detener la extorsión y el plagio de centroamericanos que cruzan por nuestro país. En los últimos años se ha venido documentando una realidad que, sin embargo, tiene larga data. Se trata de la explotación sistemática, de carácter laboral y sexual, la violencia, los abusos y el secuestro de que son víctimas miles de transmigrantes en los municipios fronterizos de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Tan sólo entre finales de 2008 y mediados de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó poco menos de 10 mil migrantes secuestrados sobretodo en los estados de la República por donde pasan los trenes de carga que utilizan los migrantes para llegar a los Estados Unidos, es decir, por Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, el estado de México y Tamaulipas, entre otros. Por supuesto que para la operación de estos grupos criminales se requiere de la connivencia de autoridades federales, estatales y municipales. Se requiere de una amplia colusión con autoridades, con agentes migratorios y con policías, con autoridades judiciales y políticas, para explicar la impunidad de la que gozan los polleros, su fuerte relación con los cárteles de la droga y las extensas redes de tráfico de armas, drogas, personas y órganos con las que están estrechamente asociados.
Por ningún motivo podemos permitir que esta abominable masacre quede impune. Pero menos aún debemos permitir que se repita. El combate al narcotráfico, desde luego, debe continuar. Pero urge, a la par, una nueva política migratoria, una fuerte inversión en materia de seguridad e infraestructura en nuestra frontera sur, una nueva ley que armonice los compromisos de carácter internacional con los que México ha venido obligándose y nuevas políticas públicas para proteger los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados. Urgen también acciones decididas y esfuerzos mayores de cooperación internacional para combatir la extorsión en sus múltiples manifestaciones, desarticular estas redes de abuso y explotación a inmigrantes, así como la generación de nuevos mecanismos de intercambio de información y cooperación entre distintas dependencias gubernamentales con atribuciones en este campo. Pero principalmente urge una estrategia para derrotar a la corrupción y a la impunidad. En este sentido, el nuevo plan de acción anunciado por el Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, es un primer paso conveniente y encomiable, aunque lamentablemente tardío.
Artículo publicado el pasado 4 de septiembre en Milenio Diario, estado de México
Ilustración: www.eleconomista.com.mx
Durante su pasada visita a México, el jefe de la oficina de control de drogas de la Casa Blanca, Gil Kerlikowske, presentó una serie de propuestas con el objetivo de fortalecer la estrategia mexicana contra el narcotráfico al tiempo que hizo patente su respaldo y admiración por la lucha decidida que ha emprendido el gobierno del presidente Calderón contra este flagelo. Kerlikowske se reunió con el Presidente Calderón y con altos funcionarios del gobierno mexicano, elogió el programa para abrir tribunales especializados en materia de drogas e hizo un inequívoco señalamiento sobre la necesidad de mejorar la cooperación bilateral para la reducción de su consumo. No obstante, hizo una revelación sumamente preocupante para el futuro de la cooperación entre México y Estados Unidos contra el narcotráfico y particularmente para la evolución de la denominada Iniciativa Mérida. Kerlikowske se refirió a que, previo a la próxima liberación y entrega de recursos programados en esta etapa de la Iniciativa Mérida, la secretaria de Estado Hillary Clinton deberá analizar la situación de los derechos humanos con el fin de determinar si nuestro país obtiene o no la aprobación o certificación estadounidense en esta materia. Esto como resultado de las denuncias de algunas organizaciones no gubernamentales que señalan a integrantes del Ejército Mexicano cometiendo abusos y distintos ilícitos en el marco de su combate al narcotráfico.
El problema de la declaración no reside en la posible injerencia sobre la situación de los derechos humanos en México. Los derechos humanos son parte de un régimen de observancia internacional que está por encima de soberanías o fronteras. Esta ha sido la política del gobierno mexicano desde el año 2000 cuando se formuló una invitación abierta a los distintos organismos internacionales en la materia para visitar nuestro país y cooperar en el mejoramiento de nuestro esquema de protección de los derechos humanos. Desde entonces, nuestra participación en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas así como en otros foros que convocan a la comunidad internacional ha sido de apertura y disposición al diálogo en esta materia.
No es eso lo que preocupa de la declaración de Kerlikowske sino el planteamiento de que volveremos en nuestra relación bilateral a la etapa –que creíamos plenamente superada- de las certificaciones. Sin duda, resulta muy difícil imaginar a los Estados Unidos o a cualquier otro país, erigirse en autoridad absoluta en esta materia en la que aún todos tenemos mucho que aportar y mejorar. Pero peor aún resulta constatar que la cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado esté supeditada a una “evaluación” o una serie de condiciones que en definitiva no están en consonancia con el grado de confianza y convergencia que deberíamos tenernos. Somos dos socios que habitamos en el mismo vecindario y que nos defendemos de una poderosa amenaza común.
La cooperación implica una dosis de buena fe y confianza que no debería ponerse en tela de juicio. Implica también, especialmente en este caso, una noción de responsabilidad compartida para instrumentar una respuesta integral de carácter binacional. Supone, además, un sentido –hasta ahora ausente- de la urgencia para poner en marcha estos mecanismos.
Es decepcionante comprobar que para la liberación de recursos, el documento de aprobación debe pasar por un tortuoso mecanismo de firmas, cartas de acuerdo, informes de impacto y, por si fuera poco, ahora por esta certificación del Departamento de Estado. La lentitud burocrática para la liberación y entrega de recursos, los condicionamientos y supervisiones sobre su utilización, y las declaraciones de los funcionarios estadounidenses deben hacernos reflexionar sobre la importancia de construir una auténtica relación de cooperación –y no de asistencia unilateral- con nuestro vecino del norte.
Y es que no hay nada más alejado de la realidad que esta supuesta carta de impunidad para los militares e integrantes de otras corporaciones que incurren en abusos. Durante la administración del Presidente Calderón, doce militares mexicanos han sido condenados y 53 más se encuentran actualmente procesados por crímenes como homicidio, secuestro, tortura, extorsión y uso innecesario de armas.
Por supuesto, esto es parte de un proceso en el que la cooperación internacional juega un papel crucial. La ayuda en especie, el equipo para respaldar la capacitación y el adiestramiento de agentes policíacos, los aviones de rastreo-vigilancia y la tecnología de vanguardia para la inteligencia, reacción e investigación son cruciales para gradualmente ir retirando al Ejército mexicano de estas tareas y mejorar la formación, en materias como la protección de los derechos humanos, de las distintas fuerzas del orden. Mientras más se retrase esta ayuda, mientras más obstáculos se establezcan para su entrega, mientras más condiciones se impongan desde Washington para su liberación, más difícil será lograr este objetivo que, por el momento, no es viable.
Artículo publicado el pasado 1º de agosto en Milenio Diario, EdoMéx
No cabe duda que el Presidente Calderón está encabezando una fuerte batalla contra el narcotráfico lo que ha comenzado a minar sensiblemente la fuerza de los carteles de la droga y la estructura operativa y de mando de las cúpulas criminales. Se ha golpeado con eficacia al tráfico y la comercialización de drogas, se está golpeando también a la estructura de complicidad política, judicial y empresarial en la que opera y, sin duda, se está librando una dura batalla contra fenómenos directamente asociados con este terrible lastre como el lavado de dinero y el tráfico de armas.
Sin embargo, es el momento de emprender con fuerza una estrategia complementaria para no sólo afectar la oferta de droga sino, además, reducir su demanda. Eso implica, por supuesto, robustecer una campaña de prevención, rehabilitación y tratamiento de las adicciones.
El problema de las drogas, nos recuerda la Organización de las Naciones Unidas, sigue siendo un reto mundial que pone en grave peligro la salud y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes, además de que socava la estabilidad socioeconómica y política, entorpece el desarrollo sostenible, genera pobreza así como desintegración social y familiar.
Se calcula que tan sólo en Estados Unidos, el impacto económico de la drogadicción es multimillonario. Según estas estimaciones, el costo total del abuso de sustancias en este país, incluyendo costos relacionados a la salud y al crimen así como a la pérdida de productividad excede el medio billón de dólares anuales. Por supuesto, Estados Unidos, sigue siendo el principal país consumidor de droga en el mundo con más de 22 millones de personas con problemas de adicciones. Sin embargo, en México, las cifras de adicciones comienzan a ser también preocupantes.
De acuerdo con información oficial, en México el consumo de drogas asciende aproximadamente a 500 toneladas anuales y el mercado mexicano de drogas supera los 450 millones de dólares anuales. Además, el número de consumidores de drogas en México –especialmente marihuana y cocaína- aumentó 51% de 2002 a 2008. Lamentablemente, la mayoría de estos nuevos adictos son jóvenes entre los 12 y los 17 años de edad.
De ahí la importancia que tiene armonizar nuestras estrategias de reducción de la oferta con la reducción de la demanda y, por tanto, la puesta en marcha de iniciativas para la prevención, la educación, el tratamiento y la rehabilitación de las personas que sufren de adicciones.
Foto: www.impreso.milenio.com
Por supuesto, el financiamiento a estas acciones preventivas y de rehabilitación nunca es suficiente. Por ello, la reciente aprobación de la Ley de Extinción de Dominio representa una oportunidad extraordinaria para aprovechar lo que se ha venido haciendo en casos de decomisos. Un caso emblemático son los 205 millones de dólares en efectivo que fueron decomisados al empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon. La tercera parte de esos recursos se destinaron fundamentalmente a la creación de Centros para el control y tratamiento de adicciones. Se trata de 70 de los 300 Centros Nueva Vida que se construirán durante la administración del presidente Felipe Calderón. Actualmente, los centros ubicados en los estados de Guanajuato, Sonora y Durango, entre otros, se han erigido precisamente utilizando el dinero que Ye Gon obtuvo de su venta ilícita de pseudoefedrina a los cárteles de la droga para la producción de metanfetaminas.
Con la Ley de Extinción de Dominio, recientemente aprobada por el Congreso, se otorga al Estado las facultades necesarias para atacar a las organizaciones criminales ahí donde más les duele: los recursos financieros, el dinero en efectivo, la posesión de inmuebles y otras propiedades. Sería pertinente utilizar estos recursos que serán decomisados fundamentalmente para una gran campaña de prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas que sufren de adicciones en México.
De esta manera estaríamos invirtiendo sobre todo en la población más vulnerable y susceptible a engancharse con la utilización de las drogas. Me refiero a los jóvenes mexicanos con quienes hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para mostrarles los efectos perjudiciales del abuso de drogas, para incluirlos en nuevos y amplios proyectos de empleo, actividades deportivas, artísticas, culturales y recreativas y, en general, para ponerlos en el centro de las políticas públicas.
Artículo publicado el pasado 6 de junio del 2009 en Milenio – EdoMéx.
Es indudable que la lucha contra el narcotráfico ha encontrado en la administración del presidente Calderón un parteaguas importante en la historia reciente de México. Día tras día, en una guerra sin cuartel, el Ejército y las fuerzas del orden en nuestro país han venido cerrándole espacios a la delincuencia organizada y rescatando a amplias franjas de la sociedad de este flagelo que venía haciendo estragos cada vez mayores. Sin embargo, la violencia generada por los cárteles de la droga, así como por la producción y tránsito de toneladas de estupefacientes -principalmente hacia Estados Unidos- es tan sólo un aspecto de este complejo fenómeno. Otro elemento importante sigue siendo, sin duda alguna, el tema de salud pública que se ha venido generando por su creciente consumo en nuestro país. En efecto, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en sólo seis años el número de personas adictas a las drogas ilegales aumentó en un 50% así como 30% el número de personas que refieren haberlas consumido alguna vez. Pero quizá el peor hallazgo de esta encuesta tiene que ver con la forma en que los jóvenes han venido exponiéndose cada vez más al consumo de droga y a sus múltiples y nocivos efectos. De entrada, la citada encuesta reveló que hasta 43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está plenamente expuesto a todas las drogas ilegales pero principalmente a las más nocivas: cocaína, crack y metanfetaminas en varias combinaciones.
Ante este diagnóstico nada esperanzador, la Secretaría de Salud refiere que, sin incluir tabaco y alcohol, existen más de 500 mil personas quienes, por su adicción a drogas ilegales, requieren de atención especializada, más de 4 millones de ellos que necesitan intervenciones breves y, finalmente, el 80% de la población que requiere de algún tipo de medidas de prevención universal contra las drogas. De ahí el compromiso del Gobierno Federal para la construcción de 310 Centros de Atención Primaria en Adicciones “Nueva Vida” y el diseño de políticas públicas para lograr el tratamiento y rehabilitación de los adictos.
En este contexto se inscribe el paquete de reformas que recientemente aprobamos en el Congreso a fin de combatir eficazmente el narcomenudeo y abordar el consumo desde su vertiente de salud pública. Los detractores de esta iniciativa han señalado que se trata de una medida de legalización de la droga y que con ella aumentará el consumo. Ambos argumentos son rotundamente falsos. De entrada, la reforma parte de un diagnóstico realista en donde es preciso separar la represión sobre el crimen organizado y las acciones preventivas y de rehabilitación frente a los consumidores que sufren de adicción. El punto fino de esta discusión tiene que ver, por tanto, con plantear la descriminalización, exclusivamente, de la tenencia de ciertas drogas para consumo personal. Quien siendo farmacodependiente sea descubierto portando drogas para su consumo -en las dosis mínimas aprobadas por la ley para la mariguana, la cocaína, las metanfetaminas y otras drogas ácidas- simplemente se le recomendará acudir a un Centro de Rehabilitación. A la tercera vez que fuese sorprendido, el Ministerio Público podrá obligarle a acudir a una de estas unidades médicas y psicológicas. El farmacodependiente no tiene porque ser necesariamente un delincuente. En primera instancia es un enfermo que necesita atención especializada para rehabilitarse de su condición. Sin embargo, si porta mayores dosis de droga que las permitidas por la ley, aun siendo para su consumo personal, no podrá sustraerse de la sanción penal –de 10 meses a 3 años de prisión- y tampoco podrá escapar de una rehabilitación obligatoria. Con esta reforma, es razonable pensar que el consumo antes de alentarse se verá disminuido ante estos dispositivos que gradualmente harán ingresar a miles de adictos a los centros de salud.
Otra bondad de la reforma tiene que ver con combatir todos –la Federación y los Estados de la República- el narcomenudeo. El combate a esta práctica ya no será exclusivo de la Federación sino también de las entidades federativas para cuya inacción ya no habrá excusa ni pretexto. La ley plantea, además, sanciones de 4 y hasta 15 años de cárcel a quien sea sorprendido con dosis de droga con el fin de comerciarlas o incluso de suministrarlas gratuitamente. De esta manera, se enfrentará directamente a los distribuidores de droga y a las denominadas narcotienditas. Al mismo tiempo la reforma contempla sanciones que podrían duplicarse en caso de que el delito se cometa cerca de escuelas y cárceles así como para aquellas personas que porten drogas siendo funcionarios públicos.
Es importante dejar claro que no se legalizó el comercio de la droga. Al contrario, se dotó al Estado de elementos que distinguen contundentemente entre un adicto y un vendedor de droga.
Cualquier incremento en el consumo de drogas depende del aumento de la oferta pero, en contraste, con la aprobación de esta ley la oferta se verá disminuida y con la atención a los adictos, también la demanda de drogas se irá reduciendo. En breve, el presidente Calderón estará ratificando esta importante reforma y con ello dando un paso sustancial para rescatar a millones de jóvenes de las garras del hampa y la drogadicción.
Artículo publicado el 16 de mayo de 2009 en Milenio – EdoMéx
La madrugada del 17 de marzo pasado, los mexiquenses recibimos una alarmante noticia para nuestra seguridad. En sendas operaciones simultáneas, comandos armados y encapuchados tomaron por asalto los destacamentos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) de Tenancingo y Zumpahuacán con el objetivo de sustraer más de 35 armas de grueso calibre, 21 armas cortas, siete escopetas, cinco rifles de asalto y aproximadamente 537 cartuchos así como equipos de radio comunicación. Cuando personal del Ejército Mexicano acudió en apoyo de los policías estatales, se registraron una serie de enfrentamientos tras de los cuales fue posible la captura de 9 de los aproximadamente 30 sicarios que, se calcula, participaron en este atraco. Autoridades estatales y federales informaron haber tomado conocimiento de este ilícito pero hasta el momento de escribir estas líneas no hay resultados claros de las investigaciones.
Este desafortunado evento no puede pasar inadvertido toda vez que es emblemático de la vulnerabilidad que sufrimos los mexiquenses frente al crimen organizado. Si quienes trabajan para protegernos sufren de esta manera sus embates, ¿qué podemos esperar los ciudadanos?
Lo cierto es que este hecho está íntimamente relacionado con un contexto sumamente negativo para el desempeño reciente de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE). En tres años, el gobernador Peña Nieto se ha visto obligado a cambiar al titular de la misma en cuatro ocasiones. El primero fue Wilfrido Robledo Madrid quien renunció, en febrero de 2007, en medio de un escándalo por la contratación de su hijo Mario Robledo Segura como subdirector de los cuerpos auxiliares de la entidad. Robledo Madrid fue además el encargado del desempeño de la Agencia durante los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de 2006. Por ello ha sido señalado por distintas organizaciones de derechos humanos y por el propio ministro José Ramón Cossío de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el principal responsable de uno de los eventos de tortura y abuso más graves que el país haya registrado en los últimos años.
A Robledo Madrid, le siguió en el cargo Héctor Jiménez Baca, removido un año después a causa de la recomendación emitida en su contra por la Comisión estatal de derechos humanos que le acusaba de haber autorizado que más de 500 internos del penal de Neza – Bordo fueran desnudados para controlar un motín registrado en enero de 2008. No es tampoco un secreto que durante su gestión el sur del estado vivió un aumento acelerado de las ejecuciones, los feminicidios y, en general, los delitos violentos.
A Jiménez Baca sucedió en el puesto Germán Garcíamoreno quien renunció el 6 de marzo pasado, apenas unos días antes del atraco. Su renuncia pareció consecuencia obvia de escándalos como el de los policías obligados a trabajar de meseros en actos navideños encabezados por el gobernador. A Garcíamoreno también se le atribuye la reactivación del programa “Vigilantes Voluntarios” mediante el cual los uniformados, en lugar de combatir a la delincuencia, recaban información, puerta por puerta, de los habitantes de distintos municipios mexiquenses lo cual ha dado lugar a fundadas sospechas sobre el posible uso electoral de esos datos. Actualmente, el titular de la Agencia estatal es David Garay Maldonado, ex secretario de seguridad del Distrito Federal y hasta hace algunas semanas, director del Centro de Estudios sobre Seguridad Pública y Desarrollo Policial del Estado de México.
La sucesión de funcionarios demuestra que, en términos generales, el Estado de México carece de un rumbo claro en la materia. Van cuatro titulares de la ASE y el Gobierno del Estado de México no ha sido capaz de efectuar mejoras sustanciales a la profesionalización y depuración de los cuerpos policíacos y ha sido omisa, según sugerencias de observadores internacionales, en atacar la impunidad y resolver graves fallas operativas.
En todo caso, existen propuestas que podrían dar mayor certidumbre, legitimidad y solidez al desempeño de la ASE. Me refiero a la Iniciativa que, informó el Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, estará presentando en el Congreso mexiquense para que los legisladores locales ratifiquen el nombramiento del titular de la Agencia tal y como sucede con la designación del Procurador general de Justicia de la entidad. Otra propuesta relevante tiene que ver con la creación de un órgano independiente que concentre y sistematice las cifras de incidencia delictiva para evitar la distorsión que la propia Agencia podría haber hecho de las mismas.
Sin embargo será condición esencial para el fortalecimiento y profesionalización de la Agencia el esclarecimiento total y satisfactorio de este infortunado evento. Como segundo paso, el nuevo titular de la Agencia está obligado a diseñar una estrategia de combate al crimen organizado garantizando, en todo momento, los derechos humanos de los mexiquenses.
Artículo públicado el 29 de marzo de 2009 en Milenio-Diario, EDOMEX
ASE - Foto: www.elsiglodetorreon.com.mx
