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La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.
Foto: Antonio López, Milenio
La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.
Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.
Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.
Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.
Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.
Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx
Ilustración: WordPress.com
Una vez más, y en observancia del mandato constitucional correspondiente, se acerca el proceso mediante el cual el Senado de la República elegirá alnuevo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2009-2014. La importancia de este proceso es evidente en virtud de la relevancia intrínseca de este órgano autónomo. La creación de la CNDH en 1992, y más aún, su evolución a órgano no jurisdiccional del Estado Mexicano en 1999, fueron capítulos cruciales en nuestra transición a la democracia. A partir de entonces, la creación de la figura del Ombudsman, la estructura de las cinco visitadurías y el sistema de quejas, recomendaciones y observaciones públicas introdujo a nuestro país al grupo de países que cuentan con Defensorías del Pueblo o estructuras autónomas para proteger los derechos esenciales de los ciudadanos en su interacción con el Estado. Sin la participación activa de la CNDH señalando abusos, recomendando cambios de fondo, atendiendo peticiones ciudadanas, conciliando conflictos y monitoreando la situación de distintos grupos y zonas de vulnerabilidad en esta materia, no se entiende la actualidad política y social de nuestro país.
Sin embargo, la trascendencia de esta sucesión en particular es aún mayor a causa de dos circunstancias especiales. En primer lugar, la situación de los derechos humanos en nuestro país ha mejorado sustancialmente con el devenir de los años. Hay un consenso prácticamente generalizado según el cual a partir del año 2000 las instituciones del Estado mexicano se han hecho mucho más conscientes de la necesidad de proteger los derechos humanos y colaborar de cerca con los organismos públicos, nacionales e internacionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil en su activa promoción. Sin embargo, aun estamos lejos de una situación idónea en este sentido. El diagnóstico de los derechos humanos en nuestro país señala aún grandes espacios de impunidad, vacíos graves en la impartición de justicia, vicios del pasado que son aún vigentes sobretodo en comunidades marginadas, patrones de abuso que algunas autoridades no hacen sino perpetuar y condiciones estructurales que hacen muy difícil el trabajo de las redes de protección de los derechos humanos. El reciente caso de doña Jacinta Marcial, condenada en un proceso colmado de irregularidades a 21 años de prisión por un delito que evidentemente no cometió, y liberada tras tres años de detención arbitraria, es tan sólo una muestra de que esta es otra de nuestras asignaturas pendientes. A este contexto habría que agregar que hay actores políticos que insisten en contrarreformas que atentan directamente contra los derechos esenciales, grupos que pugnan por hacerlos a un lado al proponer acciones regresivas en distintos rubros y otros más que siguen visualizando a los derechos humanos como un obstáculo para hacer cumplir la ley o preservar el orden.
A la importantísima tarea de coadyuvar con el Poder Legislativo a armonizar, en nuestro derecho interno, buena parte de las disposiciones pro homine que se encuentran en los tratados que nuestro país ha ratificado, se suman una serie de desafíos prácticos que convocarán al nuevo presidente de la CNDH a vigilar incansablemente temas tan vigentes como acuciantes. Destacan los temas de la frontera sur y los derechos humanos de los migrantes, la protección de los derechos de la infancia, el combate a la violencia de género, la trata de personas y la explotación sexual, entre muchos otros que ya alcanzan proporciones alarmantes.
En segundo lugar, esta transición al frente de la CNDH es relevante toda vez que en el Poder Legislativo visualizamos como prioridad una reforma que, entre otros elementos, eleve a rango constitucional la protección de los derechos humanos – a fin de hacerlos plenamente exigibles- los convierta además en ejes rectores de la educación y la política exterior de México así como establecer mecanismos para que las personas recurran a tribunales mediante el recurso de amparo cuando consideren que les han sido vulnerados. Además la reforma debería plantearse el fortalecimiento de la propia CNDH y su transformación en un organismo más eficaz y al mismo tiempo más austero. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.
De ahí la importancia de que este proceso se haga con la mayor transparencia y apertura, ponderando los méritos profesionales de cada candidato y sus respectivas visiones sobre los derechos humanos en nuestro país, evaluando el desempeño de cada aspirante en tareas relacionadas con estos temas y observando minuciosamente que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Por ello, invito a todos aquellos mexicanos y mexicanas que cumplan con el perfil delineado por la convocatoria y que cuenten con una verdadera vocación para defender y ampliar la esfera de los derechos humanos, a que se registren antes del 9 de octubre y contribuyan así, desde su trinchera, a consolidar un auténtico estado democrático y de derecho.
Artículo publicado el pasado 3 de octubre del 2009 en Milenio Diario Estado de México
El próximo 1º de septiembre arranca una nueva Legislatura del Congreso de la Unión y, con ella, la necesidad de hacer frente a retos mayúsculos en nuestro país. En el contexto de una crisis económica global que amenaza al empleo, la inversión y el crecimiento, en un momento álgido de nuestra lucha contra el crimen organizado y durante un periodo de tres años que se antoja crucial para el futuro de México, los integrantes de la LXI Legislatura tenemos la oportunidad de hacer realidad muchas ideas para resolver los problemas prioritarios de nuestro país.
Los partidos políticos, sin duda, tenemos agendas legislativas las cuales a pesar de obvias diferencias, mantienen algunas coincidencias muy relevantes. En temas propios de una reforma del Estado, la opinión mayoritaria de los líderes de las distintas fuerzas políticas es a favor, por ejemplo, de la reelección legislativa. Sin duda, urge legislar para crear esta figura, demarcar sus alcances y establecer sus límites –personalmente creo que uno o dos periodos consecutivos sería suficiente-. Se registra un consenso cada vez mayor a favor de reducir el número de legisladores así como de efectuar una nueva reforma electoral que enmiende algunos elementos que, durante la pasada jornada, probaron su ineficacia para regular los comicios.
Esta agenda, que distintos actores empresariales, intelectuales y sociales están promoviendo, podríamos denominarla de competitividad, y se basa sobre todo en las conclusiones del más reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Aborda, entre otros, los siguientes aspectos prioritarios: 1) Maximizar la renta petrolera mediante una auténtica reforma energética que abriera a la inversión privada la exploración y extracción de petróleo al tiempo de flexibilizar sustancialmente la regulación del sector, 2) Otorgar mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia legislando para que tenga mayores prerrogativas sobre más mercados, imponga multas mayores, regule sindicatos y genere un clima de competencia en los distintos sectores productivos especialmente en el de las telecomunicaciones (a este punto volveremos más adelante), 3) Mantener un equilibrio presupuestal para, antes de pensar en elevar impuestos, asegurarnos de que se utilicen y recauden con eficiencia, quizá mediante la creación de una Comisión Federal de Eficiencia Presupuestal y la homologación de la Cuenta Pública Nacional, 4) Crear un sistema de seguridad social universal para los mexicanos así como permitir la libre competencia de los aseguradores privados , 5) Diseñar una nueva estrategia comercial para privilegiar sus relaciones con países clave con los que no hay tratado de libre comercio y que son grandes potencias importadoras -como China e India-, desarticular políticas proteccionistas como el uso de cuotas antidumping y antisubvenciones así como hacer una desgravación arancelaria mayor de productos industriales y otros bienes, 6) Hacer una fuerte apuesta a favor de la inversión urgente para la capacitación informática en todos los niveles educativos, eliminar la denominada “marginación digital”, multiplicar centros de capacitación y aprendizaje fuera de la estructura educativa formal, crear un Sistema Nacional de competencias laborales empresariales para enseñar a competir a los mexicanos en un mundo cada vez más globalizado así como cambiar el modelo universitario para ajustarlo a los estándares internacionales reflejados en el Proceso de Bolonia, entre otras reformas.
A estas ideas de gran valía para desahogar una agenda de competitividad, algunos autores han pugnado recientemente por una agenda anti monopólica. Es el caso de Jorge Castañeda y Manuel Rodríguez Woog quienes, en un libro y un artículo de reciente aparición, proponen una serie de reformas para asegurar el desmantelamiento de uno de los elementos clave del viejo régimen y cuya presencia explica en buena medida el rezago de México: las corporaciones y los monopolios públicos y privados. Han propuesto además una agenda para la protección social y ciertas reformas institucionales –en donde convergen ampliamente con el IMCO-. Coincido con los autores cuando sustentan que este no es un programa de gobierno sino una agenda para la discusión durante los próximos tres años. Eso es precisamente uno de los principales cometidos de la nueva Legislatura. Con estas ideas, y muchas otras provenientes de la propia sociedad civil, de organizaciones empresariales, agencias internacionales y los propios partidos políticos, puede comenzar una reflexión y un debate parlamentario que eventualmente provoque cambios trascendentales para México.
Foto: www.redescolar.ilce.edu.mx
Artículo publicado el pasado 15 de agosto de 2009 en Milenio Diario Estado de México
No cabe duda que el Presidente Calderón está encabezando una fuerte batalla contra el narcotráfico lo que ha comenzado a minar sensiblemente la fuerza de los carteles de la droga y la estructura operativa y de mando de las cúpulas criminales. Se ha golpeado con eficacia al tráfico y la comercialización de drogas, se está golpeando también a la estructura de complicidad política, judicial y empresarial en la que opera y, sin duda, se está librando una dura batalla contra fenómenos directamente asociados con este terrible lastre como el lavado de dinero y el tráfico de armas.
Sin embargo, es el momento de emprender con fuerza una estrategia complementaria para no sólo afectar la oferta de droga sino, además, reducir su demanda. Eso implica, por supuesto, robustecer una campaña de prevención, rehabilitación y tratamiento de las adicciones.
El problema de las drogas, nos recuerda la Organización de las Naciones Unidas, sigue siendo un reto mundial que pone en grave peligro la salud y el bienestar de la humanidad, en particular de los niños y los jóvenes, además de que socava la estabilidad socioeconómica y política, entorpece el desarrollo sostenible, genera pobreza así como desintegración social y familiar.
Se calcula que tan sólo en Estados Unidos, el impacto económico de la drogadicción es multimillonario. Según estas estimaciones, el costo total del abuso de sustancias en este país, incluyendo costos relacionados a la salud y al crimen así como a la pérdida de productividad excede el medio billón de dólares anuales. Por supuesto, Estados Unidos, sigue siendo el principal país consumidor de droga en el mundo con más de 22 millones de personas con problemas de adicciones. Sin embargo, en México, las cifras de adicciones comienzan a ser también preocupantes.
De acuerdo con información oficial, en México el consumo de drogas asciende aproximadamente a 500 toneladas anuales y el mercado mexicano de drogas supera los 450 millones de dólares anuales. Además, el número de consumidores de drogas en México –especialmente marihuana y cocaína- aumentó 51% de 2002 a 2008. Lamentablemente, la mayoría de estos nuevos adictos son jóvenes entre los 12 y los 17 años de edad.
De ahí la importancia que tiene armonizar nuestras estrategias de reducción de la oferta con la reducción de la demanda y, por tanto, la puesta en marcha de iniciativas para la prevención, la educación, el tratamiento y la rehabilitación de las personas que sufren de adicciones.
Foto: www.impreso.milenio.com
Por supuesto, el financiamiento a estas acciones preventivas y de rehabilitación nunca es suficiente. Por ello, la reciente aprobación de la Ley de Extinción de Dominio representa una oportunidad extraordinaria para aprovechar lo que se ha venido haciendo en casos de decomisos. Un caso emblemático son los 205 millones de dólares en efectivo que fueron decomisados al empresario de origen chino, Zhenli Ye Gon. La tercera parte de esos recursos se destinaron fundamentalmente a la creación de Centros para el control y tratamiento de adicciones. Se trata de 70 de los 300 Centros Nueva Vida que se construirán durante la administración del presidente Felipe Calderón. Actualmente, los centros ubicados en los estados de Guanajuato, Sonora y Durango, entre otros, se han erigido precisamente utilizando el dinero que Ye Gon obtuvo de su venta ilícita de pseudoefedrina a los cárteles de la droga para la producción de metanfetaminas.
Con la Ley de Extinción de Dominio, recientemente aprobada por el Congreso, se otorga al Estado las facultades necesarias para atacar a las organizaciones criminales ahí donde más les duele: los recursos financieros, el dinero en efectivo, la posesión de inmuebles y otras propiedades. Sería pertinente utilizar estos recursos que serán decomisados fundamentalmente para una gran campaña de prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas que sufren de adicciones en México.
De esta manera estaríamos invirtiendo sobre todo en la población más vulnerable y susceptible a engancharse con la utilización de las drogas. Me refiero a los jóvenes mexicanos con quienes hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para mostrarles los efectos perjudiciales del abuso de drogas, para incluirlos en nuevos y amplios proyectos de empleo, actividades deportivas, artísticas, culturales y recreativas y, en general, para ponerlos en el centro de las políticas públicas.
Artículo publicado el pasado 6 de junio del 2009 en Milenio – EdoMéx.
www.milenio.com Foto: Héctor Téllez
Una de las manifestaciones más alarmantes y conocidas de la discriminación hacia las mujeres es la violencia que se ejerce en los espacios íntimos, y que ha adquirido dimensiones de un problema social que se padece a nivel internacional. Nuestro país no es la excepción. De acuerdo con datos del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, casi la mitad de las mujeres mexicanas ha sufrido un incidente de violencia de pareja (47%). No obstante, la expresión más álgida de la violencia contra la mujer, lo constituye el abominable feminicidio.
A pesar de que en el imaginario nacional e internacional el feminicidio en México sigue íntimamente asociado a Ciudad Juárez, la realidad es que no es Chihuahua sino el Estado de México la entidad que más muertes de mujeres registra en el país. Tan solo de agosto a diciembre de 2008, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó 264 feminicidios en 12 estados de la República Mexicana de los cuales 94 casos ocurrieron en el Estado de México. Esta tendencia no es nueva toda vez que la misma fuente revela que durante el año pasado se cometieron 156 crímenes de este tipo en la entidad.
Con apego a cifras aportadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México -del año 2000 al 2008- 641 mujeres han sido asesinadas en nuestra demarcación. Peor aún, tan sólo entre 2006 y 2008, se registraron 362 feminicidios y al menos el 52% de los casos, lo cual parece una estimación excesivamente conveniente para el gobierno del Estado, no ha sido aún resuelto. En un comparativo incluso superficial de estas cifras, la entidad mexiquense tiene, en los últimos años, al menos el doble de feminicidios que Ciudad Juárez.
Los asesinatos de mujeres en el Estado de México se han venido multiplicando como resultado de una serie de factores que han venido apuntando distintos especialistas. El investigador Nelson Arteaga de la UAEM ha señalado la marginación económica y educativa así como los altos niveles de pobreza y hacinamiento que registran algunos municipios mexiquenses. Desde 2007, en promedio, según la propia Procuraduría Estatal, una mujer es asesinada cada dos días en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán o los Reyes la Paz que son los municipios donde en buena medida se concentran estos crímenes. Además de estos componentes, es necesario insistir en que la violencia contra las mujeres obedece también a un fenómeno social de desigualdad y relaciones asimétricas de poder entre géneros.
La atención que el gobierno del estado ha dado a esta problemática está muy lejos de ser la adecuada. En su momento, la fiscal especial para la atención de homicidios dolosos contra mujeres y delitos relacionados con violencia sexual y familiar, Myrna Araceli García Morón, minimizó la importancia del problema de un modo atroz. En su oportunidad, la fiscal declaró sin ningún rubor que en 2007 “tuvimos 156 víctimas de homicidios dolosos en contra de mujeres con 150 averiguaciones previas iniciadas. Si lo dividimos entre el número de habitantes del Estado de México, que son 15 millones, las cifras que nos reportan en términos estadísticos no son significativas”.
Más allá de esta penosa declaración, la carencia de políticas públicas y de reformas legislativas integrales en la materia ha producido este desastre que no puede pasar inadvertido, mucho menos en el contexto de la pasada celebración del Día Internacional de la Mujer. A la desafortunada desaparición del Instituto Mexiquense de la Mujer se suman una serie de omisiones e insuficiencias que es importante enfrentar. Para ello destacan, entre otras acciones, las de tipificar el feminicidio a nivel federal y local, acorde con la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como legislar en el ámbito local para criminalizar la violación entre cónyuges así como hacer un esfuerzo para armonizar la legislación del estado con los principales instrumentos internacionales en materia de sanciones y acciones de prevención para estos casos.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y muchas otras organizaciones no gubernamentales han hecho recomendaciones pertinentes como la atracción de los casos por parte de la Fiscalía Especializada de Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas así como la creación de un gran Banco de Datos sobre feminicidios que sirva a las autoridades para darles seguimiento expedito.
En ocasión de la próxima renovación del Congreso local y federal, es importante que los distintos actores políticos recuperen esta agenda y la traduzcan en reformas puntuales que busquen garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Artículo publicado en Milenio-Diario EDOMEX el 15 de marzo del 2009
