El pasado 15 de junio, se celebró la quinta edición del Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez. Desde el 2006 la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido el abuso y el maltrato a la vejez como un grave asunto de salud pública y una grave violación a los derechos humanos. Por ello, convocó a la celebración anual de esta conmemoración con el fin de divulgar información relacionada con este fenómeno y promover un creciente involucramiento de autoridades, instituciones y grupos de la sociedad civil en la protección de este grupo altamente vulnerable.

La gravedad de estas prácticas no sólo tiene que ver con las escandalosas cifras de maltrato que se verifican anualmente alrededor del mundo sino, más importante aún, con el hecho de que éste ha sido un tema marginal y largamente ignorado en la agenda de los gobiernos, las organizaciones internacionales, los centros académicos y los organismos públicos de defensa de los derechos humanos. De manera afortunada, esta situación ha comenzado a cambiar. En Europa, por ejemplo, el envejecimiento de la población ha provocado una nueva reflexión sobre el maltrato a los adultos mayores y una serie de medidas legislativas y de políticas públicas –tanto a nivel comunitario como nacional- para prevenir, castigar y educar sobre la importancia de proteger sus derechos y su dignidad.

En nuestro país, sin embargo, aún falta mucho por hacer. Si bien el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (INAPAM) ha hecho un trabajo muy importante sobretodo en lo que respecta a la de la denuncia al maltrato y la orientación jurídica a las víctimas, las políticas actuales resultan insuficientes tanto a nivel federal como a nivel estatal. Parte de esta insuficiencia tiene que ver con la complejidad de identificar y establecer medidas para prevenir y erradicar los casos de violencia física, psicológica, emocional y patrimonial que sufren millones de ancianos. Más difícil aún resulta combatir y erradicar una cultura del desprecio, el despojo y la segregación del adulto mayor que desafortunadamente, y para vergüenza de todos, sigue existiendo en nuestro país. El caso es especialmente crítico toda vez que comienza a registrarse, como en Europa, una acelerada transición demográfica hacia el aumento en el número de adultos mayores. Y peor aún, un crónico empobrecimiento que las políticas tradicionales y de corte asistencialista no son capaces de remontar.

Actualmente, y de acuerdo con cifras oficiales de la CONAPO, viven en México 9.4 millones de adultos mayores. 35% de ellos, sin embargo, no cuentan con seguridad social. De acuerdo con distintas proyecciones, en el 2030 tendremos 20 millones de adultos mayores y, de seguir con la tendencia actual, prácticamente la mitad de ellos no tendrán cobertura social alguna. Pero eso no significa que el resto viva en una situación económica y social deseable. De hecho, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), tan sólo 17.2% de la tercera edad no vive en condiciones de pobreza y/o de vulnerabilidad social. Eso supone que más del 80% de adultos de edad avanzada en México viven con alguna carencia económica y social que les impide disfrutar a plenitud de una vida digna y decorosa. En concreto, el 82.8% experimenta algún grado de pobreza multidimensional y, una importante proporción de esta cifra, ha sufrido algún tipo de violencia. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2004 y 2008 se registraron poco menos de 53 mil muertes violentas entre la población de adultos mayores. En ese mismo periodo, más de 2,300 adultos mayores se quitaron la vida y eso da cuenta del maltrato psicológico, el abandono y la depresión del que son víctimas muchos de nuestros ancianos.

Urge por ello el establecimiento de una cultura de respeto, solidaridad, protección y reconocimiento social de los adultos mayores. Hace falta también la generación de estrategias que enfaticen el apoyo comunitario, la solidaridad intergeneracional y la prevención de actos de discriminación al interior de las propias familias. De acuerdo con una encuesta realizada recientemente por El Colegio de México, tan solo en el Distrito Federal, el 36% de los casos de abuso contra la tercera edad son perpetrados por sus propios hijos y más del 10% por sus nietos. Hace falta también un marco jurídico nacional que de manera más enfática castigue los actos de discriminación, abuso y maltrato aún aquellos que se cometen por negligencia u omisión, en consonancia con el Plan de Acción de la Organización de las Naciones Unidas. Más aún, hace falta, una Convención Internacional para la Protección de los Adultos Mayores que le imponga a los países firmantes una serie de compromisos de vanguardia en esta dirección.

Los adultos mayores tienen mucho que aportar al desarrollo de su entorno inmediato. Sus experiencias y su talento, su sabiduría y sus anhelos deben ser plenamente aprovechados y valorados por la sociedad en su conjunto. Por ello, es necesario trabajar para cambiar las actitudes discriminatorias que estereotipan y excluyen a las personas por su edad. La educación pública, en sus distintos niveles escolares, debería incluir temas de gerontología a fin de hacer conscientes a los jóvenes de hoy de que nos convertiremos en los adultos mayores del mañana.  Por ello, hay que redoblar el esfuerzo y diseñar una política de Estado contra la discriminación a los adultos mayores y por la protección de sus derechos al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a una vida libre de violencia y maltrato. Hay que recordar que, como afirmó Juan Pablo II, una sociedad debe ser juzgada sobre la base del trato que da a sus miembros más débiles, es decir, la niñez y los ancianos.

Artículo publicado el pasado 26 de junio en Milenio Diario, estado de México

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