Recientemente, en páginas de este diario, se publicó un espléndido trabajo noticioso de Martha D. Gómez sobre el trabajo infantil en el Estado de México en el contexto de la conmemoración del Día Mundial contra el trabajo infantil.

Foto: www.piwdw.org

En él se demuestra, con datos divulgados por Mario Luis Fuentes, presidente del Consejo Consultivo de la UNICEF, que de 4 millones de niños que habitan en la entidad, más de 312 mil, es decir, el 8 por ciento son obligados a trabajar. De ellos, la gran mayoría se encuentra en edades de entre los cinco y los diez años, además de que más de la mitad no han cursado ningún grado de educación básica.

En el Estado de México, desafortunadamente, municipios como Metepec, Chimalhuacán y Chalco tienen grandes zonas donde niños y niñas trabajan jornadas enteras para satisfacer las carencias propias pero principalmente las de sus familias. La pobreza y la marginación sigue siendo una razón principal para el trabajo infantil. Pero a sus causas están también asociados otros lastres como las redes de prostitución y abuso sexual a menores, la explotación laboral que sufren muchos de ellos como resultado de su situación de calle y, por supuesto, las bandas organizadas de narcomenudistas que los enganchan a las drogas o que los reclutan como burros o mulas, como se les denomina comúnmente, para transportarlas.

De acuerdo con información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, hay casi 14 mil niños trabajando en las calles de nuestra entidad. La mayoría se ubican en las demarcaciones urbanas de Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. De ellos, calcula la Secretaría del Trabajo, alrededor de 2 mil 500 son víctimas de de este tipo de abusos.

Por supuesto, en el Estado de México se registra una realidad que no es ajena al resto de la República. En México, con base en información oficial del Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)  hay alrededor de 3 millones 600 mil niños que trabajan. De ellos, casi un tercio son niñas y alrededor de un millón tienen menos de 14 años.

Muchos de ellos trabajan en los centros urbanos pero una alta proporción lo hace también en actividades agrícolas. Según el Informe que la Secretaría del Trabajo entregó al Senado de la República en abril pasado, hay un millón 500 mil menores que laboran como jornaleros agrícolas. Ahí se enfrentan a riesgos distintos pero igualmente altísimos. Organizaciones no gubernamentales han documentado casos de niños que pierden extremidades al usar máquinas para el trabajo rural y otros más que pierden la vida en las duras faenas del campo. De acuerdo con la organización civil Thais Desarrollo Social, 600 mil niños entre los 6 y 14 años laboran jornadas de hasta 12 horas, la cuarta parte de ellos nunca han asistido a la escuela, la mayoría no recibe un salario, labora seis días a la semana y más del 35% no gozan de descansos. Este tipo de trabajo infantil es especialmente nocivo toda vez que asemeja una especie de esclavitud que resulta absolutamente inaceptable en nuestros tiempos.

Ya sea en el campo o en la ciudad, su importancia para el ingreso familiar es crucial. Según UNICEF los niños aportan hasta el 41% del ingreso del hogar en promedio y de ahí el falso argumento de que combatir el trabajo infantil resulta prácticamente imposible por el contexto de pobreza en el que se desenvuelven.

Ante estos datos francamente alarmantes, el Estado Mexicano, la Federación y los Estados, deben redoblar esfuerzos para combatir el trabajo infantil. El trabajo infantil, reiteran expertos, no soluciona la pobreza. Por el contrario, genera situaciones que perpetúan la pobreza toda vez que los niños abandonan la escuela, difícilmente consiguen una infancia feliz y se desarrollan en un contexto opresivo que les obstaculizará un desarrollo óptimo como seres humanos responsables y económicamente productivos.

Sin duda, es una obligación del Estado proteger a los niños de la explotación laboral que sufren, sobretodo en el contexto de una crisis económica global que puede provocar que más niños se conviertan en víctimas de explotación laboral y otros abusos. El artículo 123 constitucional es muy claro en este sentido y toca a las autoridades de los tres niveles de gobierno aplicarlo literalmente para impedir, de entrada, que los menores de 14 años trabajen así como regular la contratación laboral de los adolescentes menores de 16 años. Además, necesitamos una política clara para evitar que menores de edad sean contratados como jornaleros agrícolas o en empleos de alto riesgo y vulnerabilidad. A la luz de esta realidad, deberíamos reevaluar la pertinencia de ratificar el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo y, en general, de establecer políticas de vanguardia para que, en regiones donde el trabajo infantil está generalizado, se establezcan becas o estímulos específicos que les permitan estudiar y hacer una verdadera aportación para que sus familias superen la pobreza.

Artículo publicado el pasado 20 de junio de 2009 en Milenio Diario EdoMéx