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Es indudable que la lucha contra el narcotráfico ha encontrado en la administración del presidente Calderón un parteaguas importante en la historia reciente de México. Día tras día, en una guerra sin cuartel, el Ejército y las fuerzas del orden en nuestro país han venido cerrándole espacios a la delincuencia organizada y rescatando a amplias franjas de la sociedad de este flagelo que venía haciendo estragos cada vez mayores. Sin embargo, la violencia generada por los cárteles de la droga, así como por la producción y tránsito de toneladas de estupefacientes -principalmente hacia Estados Unidos- es tan sólo un aspecto de este complejo fenómeno. Otro elemento importante sigue siendo, sin duda alguna, el tema de salud pública que se ha venido generando por su creciente consumo en nuestro país. En efecto, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en sólo seis años el número de personas adictas a las drogas ilegales aumentó en un 50% así como 30% el número de personas que refieren haberlas consumido alguna vez. Pero quizá el peor hallazgo de esta encuesta tiene que ver con la forma en que los jóvenes han venido exponiéndose cada vez más al consumo de droga y a sus múltiples y nocivos efectos. De entrada, la citada encuesta reveló que hasta 43% de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está plenamente expuesto a todas las drogas ilegales pero principalmente a las más nocivas: cocaína, crack y metanfetaminas en varias combinaciones.

Ante este diagnóstico nada esperanzador, la Secretaría de Salud refiere que, sin incluir tabaco y alcohol, existen más de 500 mil personas quienes, por su adicción a drogas ilegales, requieren de atención especializada, más de 4 millones de ellos que necesitan intervenciones breves y, finalmente, el 80% de la población que requiere de algún tipo de medidas de prevención universal contra las drogas. De ahí el compromiso del Gobierno Federal para la construcción de 310 Centros de Atención Primaria en Adicciones “Nueva Vida” y el diseño de políticas públicas para lograr el tratamiento y rehabilitación de los adictos.

En este contexto se inscribe el paquete de reformas que recientemente aprobamos en el Congreso a fin de combatir eficazmente el narcomenudeo y abordar el consumo desde su vertiente de salud pública. Los detractores de esta iniciativa han señalado que se trata de una medida de legalización de la droga y que con ella aumentará el consumo. Ambos argumentos son rotundamente falsos. De entrada, la reforma parte de un diagnóstico realista en donde es preciso separar la represión sobre el crimen organizado y las acciones preventivas y de rehabilitación frente a los consumidores que sufren de adicción. El punto fino de esta discusión tiene que ver, por tanto, con plantear la descriminalización, exclusivamente, de la tenencia de ciertas drogas para consumo personal. Quien siendo farmacodependiente sea descubierto portando drogas para su consumo -en las dosis mínimas aprobadas por la ley para la mariguana, la cocaína, las metanfetaminas y otras drogas ácidas- simplemente se le recomendará acudir a un Centro de Rehabilitación. A la tercera vez que fuese sorprendido, el Ministerio Público podrá obligarle a acudir a una de estas unidades médicas y psicológicas. El farmacodependiente no tiene porque ser necesariamente un delincuente. En primera instancia es un enfermo que necesita atención especializada para rehabilitarse de su condición. Sin embargo, si porta mayores dosis de droga que las permitidas por la ley, aun siendo para su consumo personal, no podrá sustraerse de la sanción penal –de 10 meses a 3 años de prisión- y tampoco podrá escapar de una rehabilitación obligatoria. Con esta reforma, es razonable pensar que el consumo antes de alentarse se verá disminuido ante estos dispositivos que gradualmente harán ingresar a miles de adictos a los centros de salud.

Otra bondad de la reforma tiene que ver con combatir todos –la Federación y los Estados de la República- el narcomenudeo. El combate a esta práctica ya no será exclusivo de la Federación sino también de las entidades federativas para cuya inacción ya no habrá excusa ni pretexto. La ley plantea, además, sanciones de 4 y hasta 15 años de cárcel a quien sea sorprendido con dosis de droga con el fin de comerciarlas o incluso de suministrarlas gratuitamente. De esta manera, se enfrentará directamente a los distribuidores de droga y a las denominadas narcotienditas. Al mismo tiempo la reforma contempla sanciones que podrían duplicarse en caso de que el delito se cometa cerca de escuelas y cárceles así como para aquellas personas que porten drogas siendo funcionarios públicos.

Es importante dejar claro que no se legalizó el comercio de la droga. Al contrario, se dotó al Estado de elementos que distinguen contundentemente entre un adicto y un vendedor de droga.

Cualquier incremento en el consumo de drogas depende del aumento de la oferta pero, en contraste, con la aprobación de esta ley la oferta se verá disminuida y con la atención a los adictos, también la demanda de drogas se irá reduciendo. En breve, el presidente Calderón estará ratificando esta importante reforma y con ello dando un paso sustancial para rescatar a millones de jóvenes de las garras del hampa y la drogadicción.

Artículo publicado el 16 de mayo de 2009 en Milenio – EdoMéx