Esta semana, la respetada organización Transparencia Internacional dio a conocer desde su sede en Berlín, Alemania, los resultados del último Índice de Percepción de la Corrupción que, año tras año, ubica los niveles de percepción de corrupción en el sector público de 180 países. Transparencia Internacional define corrupción como el abuso del servicio público para el beneficio particular e identifica como fenómenos asociados, entre otros, el soborno a funcionarios públicos, pagos irregulares en contrataciones, malversación de fondos públicos y utilización de información gubernamental para privilegiar determinados intereses privados.
Mediante encuestas realizadas a expertos, empresas y otros actores protagónicos de la sociedad civil, el IPC posiciona estos países en una escala de 0 (donde se percibe más corrupción) a 10 (donde se percibe menos corrupción) aunque no ofrece un diagnóstico particular que explique la puntuación que cada uno de ellos recibe. Sin embargo, el Informe ofrece un diagnóstico regional en donde de alguna manera explica los bajos niveles que muchos de los países latinoamericanos obtuvieron. Mientras Nueva Zelandia, Dinamarca y Singapur mantienen las primeras posiciones con las más altas calificaciones (9.2-9.4), varios países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, registran una calificación muy baja. Según el informe, varios factores de incidencia sobre este resultado tienen que ver con la desigualdad en el ingreso -que a su vez provoca más sobornos- con una percepción generalizada de corrupción en el Poder Judicial y con la presencia de amplias redes que, lícitas e ilícitas, consiguen desvirtuar las políticas públicas en su beneficio y aprovechar los espacios de impunidad que aún no han podido eliminarse en nuestros países. El informe cita, además, el contexto de la crisis financiera internacional y la presencia de problemas institucionales importantes en países que, como el nuestro, debieran ser referentes en esta lucha.
De acuerdo con estos resultados, México cayó 17 lugares con respecto a su ubicación en 2007 al posicionarse en 2008 en el sitio 89 de la lista con una calificación de 3.3 compartida con Lesotho, Malawi, Moldavia y Ruanda, entre otros países. Desde luego que, aún tratándose de percepciones y no de una medición basada en realidades empíricas, el retroceso es muy grave. Las causas seguramente están relacionadas con los aspectos ya citados del Informe y su diagnóstico regional para América Latina y el Caribe. Aunque hay avances sustantivos en materia de transparencia, fiscalización del gasto público y combate a la corrupción, informes como este son bienvenidos y cruciales para el mejoramiento de la administración pública así como para la consolidación de un auténtico Estado democrático y de derecho en nuestro país. Son muchas las sugerencias que la presidenta de la organización, Huguette Labelle, ha realizado y tienen cabida en nuestro país. Para Labelle, contener la corrupción implica “un activo control por parte del Poder Legislativo, un Poder Judicial eficiente, organismos de auditoría y lucha contra la corrupción con recursos adecuados”, así como una enérgica aplicación de la ley, transparencia presupuestal y espacios amplios para el ejercicio profesional de los medios independientes de comunicación. Buena parte de estos temas están en la agenda pendiente de nuestra reforma del Estado y es pertinente recordar que aún falta mucho por hacer en la meteria.
Sin embargo, cabe señalar que la corrupción, siendo un problema grave a nivel nacional no está igualmente presente en todos los estados y municipios de la República. Según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que publicó Transparencia Mexicana en 2008, la entidad con el mayor nivel de corrupción, tanto en términos absolutos como en términos relativos en nuestro país es el Estado de México. Basta con observar que el 18% de los actos de corrupción ocurrieron en territorio mexiquense para constatar que el problema no es nacionalmente homogéneo y que por tanto requiere, a la par de una fuerte política federal, un esfuerzo focalizado ante la gravedad de algunas realidades locales.
El próximo año se llevarán a cabo procesos electorales en trece entidades de la República y con la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010 se puede abrir un nuevo capítulo de corrupción y retroceso en materia de transparencia. A pesar de las múltiples voces a favor de colocar candados en la utilización de los recursos que los Estados ejercerán el próximo año, la mayoría priísta en la Cámara de Diputados eliminó importantes reglas de rendición de cuentas incluidas por el Ejecutivo en el proyecto original a fin de dejar un gran margen a la discrecionalidad presupuestal de sus gobernadores. Ese tipo de acciones ponen en entredicho el compromiso de algunas fuerzas políticas con la generación de mejores condiciones para la transparencia y el combate a la corrupción y condenan al país a una situación lamentable en estos rubros.
Artículo publicado el pasado 21 de noviembre en Milenio Estado de México













