El nuevo rostro de la migración mexiquense en Estados Unidos

La crisis financiera que desde los Estados Unidos impacta al mundo ha sido determinante para el retorno a México de miles de connacionales que trabajaban  con documentos o sin ellos en la Unión Americana. Sin embargo, también ha sido la causa primordial para identificar un nuevo perfil de esta migración. Tradicionalmente, la migración mexicana a Estados Unidos ha estado relacionada con la mano de obra poco calificada, principalmente agrícola y en el sector de la construcción. Sin embargo, la crisis ha dejado sin trabajo a muchos de ellos y ha generado mayores incentivos para otro tipo de vacantes.

Foto: vivirmexico.com

Para muestra basta revisar los datos que la Universidad Autónoma del Estado de México ha divulgado recientemente sobre nuestros migrantes en los Estados Unidos. Según el investigador Juan Gabino González Becerrill, el retorno no ha sido tan grande como se esperaba toda vez que el migrante se ha adaptado a las nuevas condiciones de crisis y, en consecuencia, ha incursionado en nuevos sectores de la actividad productiva ya sea con una baja o alta calificación profesional. Por ejemplo, muchos de ellos que perdieron sus empleos en la industria de la construcción se han organizado y actualmente se desempeñan en el sector servicios, especialmente en el ramo restaurantero. En ese sentido la migración mexiquense no se ha detenido y, como afirma González Becerrill, incluso ha aumentado toda vez que, con base en cifras oficiales, durante la administración de Enrique Peña Nieto aproximadamente 150 mil mexiquenses han salido de sus hogares en Amatepec, Coatepec Harinas, Tejupilco, Tonatico, Tlatlaya y Zacualpan, entre muchos otros, para buscar mejores oportunidades en los Estados Unidos.

Otros, sin embargo, se están marchando cada vez en mayores volúmenes bajo condiciones totalmente distintas.  La Secretaría del Trabajo en el Estado de México, por ejemplo, informó recientemente que se encuentra diseñando e implementando programas para enviar a otras entidades de la República o al extranjero mano de obra calificada que no encuentra aquí oportunidades laborales de relevancia. Con un índice de desempleo mayor a la media nacional alcanzando ya el 5% el Estado de México está exportando buena parte de su capital humano. Trabajadores provenientes de todo tipo de industrias, personal calificado en distintos rubros y cada vez más profesionistas consiguen migrar a otros países y principalmente a los Estados Unidos. De 2005 a 2008, advirtió el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, aumentó en un 50%, el número de mexicano residentes en ese país con alta escolaridad rebasando ya los 450 mil. Indudablemente muchos de ellos no desempeñan labores profesionales o especializadas sino que aceptan prácticamente cualquier clase de trabajo así sea bajo la lógica del subempleo. Los menos consiguen desenvolverse profesionalmente en áreas que requieren de una alta calificación académica y laboral. Sin embargo todos, sin excepción, están poniendo su talento y creatividad, su trabajo duro y empeñoso, sus mayores o menores habilidades, para el desarrollo de un país distinto al suyo.

De ahí la preocupación por lo que se ha venido denominando “fuga de cerebros”. Aunque contribuyen notablemente al prestigio de su país de nacimiento, los talentos en el exterior no siempre cuentan con el apoyo o los incentivos necesarios para su regreso. Eso, por supuesto, no es culpa suya sino de los gobiernos que son incapaces de generar la infraestructura y las reformas económicas necesarias para retenerlos o para beneficiarse de los conocimientos y las habilidades que muchos de ellos adquirieron fuera. Y es que la fuga de cerebros no es un fenómeno negativo siempre y cuando el Estado haga esfuerzos importantes para facilitar su regreso o su vinculación con el desarrollo nacional.

Un tema fundamental tiene que ser aumentar los recursos que se otorgan al desarrollo tecnológico y la investigación científica en nuestro país. No es un secreto que investigadores mexicanos de gran prestigio se sienten poco o nada motivados para trabajar en un país que destina tan pocos recursos y políticas a la ciencia. Esa fue una de las conclusiones principales a la que un grupo de científicos reunidos en la Academia Mexicana de Ciencias llegó en junio de 2009. Además, recomendaron un programa de repatriación y retención de científicos e investigadores mexicanos así como la generación de proyectos encaminados a aumentar la masa crítica de académicos en nuestro país.

Desde luego que es imposible e indeseable detener los procesos migratorios que no solo ocurren en Norteamérica sino en el resto del mundo. Muchos de ellos obedecen a circunstancias estructurales muy lejos de ser transformadas en el corto y mediano plazo. Pero los políticos necesitamos hacer mucho más para generar mejores condiciones en materia de competitividad, empleo, educación y desarrollo económico, científico y tecnológico. La fuga de talentos es un fenómeno que, en nuestras actuales circunstancias, deberíamos buscar activamente aminorar. Ese debe ser un esfuerzo nacional pero también un esfuerzo focalizado en las demarcaciones que presentan niveles crecientes de estas nuevas variantes de migración como el Estado de México donde la pobreza, la desigualdad y la escasez de oportunidades son el pan de cada día.

Artículo publicado el pasado 31 de octubre en Milenio Diario, EdoMéx

Por una reforma migratoria integral, en México

La cuádruple condición de México como país de destino, origen, tránsito y retorno de migrantes es prácticamente única en el mundo, por lo menos en relación con la cantidad de personas involucradas en estos intercambios. La complejidad de esta realidad y el desafío institucional que representa ha sido reconocida por  múltiples organizaciones y expertos internacionales quienes han venido aconsejando hacer un esfuerzo para hacer las adecuaciones legales pertinentes en nuestro orden jurídico interno. No es difícil advertir que nuestra Ley General de Población se ha convertido en una legislación inadecuada y antediluviana en un contexto cada vez más demandante de soluciones concretas ante una multiplicidad de fenómenos tan novedosos como complejos.

Foto: Antonio López, Milenio

La presencia de más de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos y el drama de cientos de miles de connacionales que cruzan anualmente la frontera norte explica que, en buena medida, el tema de la frontera sur no haya estado históricamente en el centro de nuestra agenda pública. Y sin embargo, en este preciso momento, cientos, tal vez miles de inmigrantes, principalmente centroamericanos, ingresan a México por los distintos puntos de internación de la frontera sur para buscar mejores condiciones de vida en nuestro país o en Estados Unidos. Aunque el fenómeno no es del todo nuevo, recientemente ha adquirido una relevancia sin precedente. Y es que mientras los mexicanos exigimos de los Estados Unidos una serie de actitudes, normas y políticas públicas para un flujo migratorio legal, ordenado y seguro, no hemos sido capaces de crear una política migratoria moderna y consistente con nuestras convicciones en materia de derechos humanos.

Las respuestas que ha dado nuestro país para regular los flujos migratorios que se han venido multiplicando desde países centroamericanos han sido insuficientes en parte porque necesitamos aún un esfuerzo legislativo. Esta situación exige que nuestro país haga un esfuerzo no tanto para actualizar una añeja Ley de Población como la vigente sino para, de hecho, elaborar una nueva Ley migratoria que refleje no sólo los avances legales y conceptuales que en materia de derechos humanos se han venido dando en los últimos años sino, además, que siente las bases para una nueva política migratoria más humana, moderna y a tono con la necesidad de garantizar mejores oportunidades para el desarrollo en la región sur-sureste. Más importante aún, por congruencia básica con nuestra lucha a favor de los derechos humanos, con nuestra política exterior y con nuestros compromisos internacionales en materia de protección de los migrantes, los indocumentados en México deben dejar de ser extorsionados, lastimados o discriminados para comenzar a ser tratados como trabajadores que buscan mejores oportunidades para sus familias.

Elementos básicos de esta nueva ley deberán de garantizar que sus disposiciones no sean discriminatorias ni restrictivas, que no abra márgenes de discrecionalidad para las autoridades que en buena medida facilitan los abusos que actualmente se registran, que se establezcan estaciones y albergues migratorios modernos, adecuados y con visión de derechos humanos, que atienda directamente el problema de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños migrantes no acompañados, que proteja y honre la tradición de refugio y asilo que ha distinguido a nuestro país en el mundo, que establezca mejores mecanismos de movilidad internacional de trabajadores, que brinde seguridad y certeza jurídica a los inmigrantes, que favorezca la reunificación familiar y que sin menoscabar los derechos humanos se ocupe de los múltiples retos que en materia de seguridad e impartición de justicia presenta nuestra frontera con Centroamérica.

Desde luego que México no emprende este esfuerzo a partir de cero. Varios aciertos de política pública han sido, con todo y sus limitaciones, programas de protección al migrante, tales como el Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos, la creación de los Oficiales de Protección de la Infancia (OPIS), los esquemas de trabajo temporal que se han instrumentado, por ejemplo, en Chiapas así como la emisión de circulares y procedimientos para la identificación de víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo estas acciones no son suficientes para diseñar e instrumentar una nueva política migratoria. En definitiva, hay que cambiar las disposiciones legales que limitan el ejercicio de los derechos esenciales de los migrantes indocumentados en nuestro país y especialmente aquellas disposiciones que restringen el acceso de éstos a los servicios que proporciona el Estado. Más aún, hay que transformar por completo la cultura que impide a muchos de ellos acudir a los servicios médicos o educativos ante el temor de ser descubiertos y repatriados. Este y otros temas deben ser armonizados en nuestra legislación con respecto a los Tratados Internacionales en la materia, especialmente con la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares de la cual, nuestro país fue un activo promotor.

Sin duda, una de las prioridades de esta Legislatura deberá ser el análisis de fondo de nuestra ley migratoria y eventualmente la aprobación de una nueva legislación que atienda esta realidad. De otra manera, estaríamos condenados a un rezago legislativo e institucional que resulta ya intolerable.

Artículo publicado el pasado 24 de octubre en Milenio Diario EdoMéx

Barack Obama: premio Nobel de la paz 2009

Foto: nuovosoldo.wordpress.com

El pasado 9 de octubre, el Comité noruego que determina año tras año a los ganadores del Premio Nobel en distintas disciplinas decidió entregar los galardones correspondientes a la edición 2009 a un selecto grupo de personalidades de la ciencia, la cultura y la política internacional quienes a, su juicio, han hecho contribuciones sobresalientes a la sociedad contemporánea. De esta manera, el Comité decidió otorgar el Premio Nobel de Literatura a la escritora alemana Herta Müller por sus novelas y ensayos críticos contra la opresión de la dictadura rumana de Ceauşescu,  el de Economía a los estadounidenses Elinor Ostrom y Oliver E. Williamson por sus trabajos sobre “gobernanza” económica, el de Medicina a los estadounidenses Elizabeth Blackburn, Jack Szostak y Carol Greider por sus investigaciones sobre el cáncer y el envejecimiento celular, el de Química al ingles Venkatraman Ramakrishtan, la israelí Ada E. Yonath y el estadounidense Thomas A. Steitz por sus estudios sobre la estructura y funciones de los ribosomas y el de Física al chino Charles K. Kao y a los estadounidenses Willard S. Boyle y George E. Smith por sus investigaciones sobre telecomunicaciones y fibra óptica. Sin embargo, el galardón que más controversia levantó fue el Premio Nobel de la Paz 2009 otorgado al presidente estadounidense Barack Obama por sus “extraordinarios esfuerzos en el fortalecimiento de la diplomacia y la cooperación entre los pueblos del mundo”.

Con la llegada de Barack Obama a la presidencia estadounidense, agregó el Comité, “la diplomacia multilateral ha recuperado un puesto prioritario” y enfatizó que el premio era además un reconocimiento al compromiso del presidente estadounidense con un mundo libre de armas nucleares y un futuro sustentable de combate al cambio climático. “Muy pocas veces -dijo Thorbjoern Jagland, presidente del comité- una persona le había dado a la gente tanta esperanza para un futuro mejor”.

El propio presidente estadounidense se declaró sorprendido y honrado por esta decisión y agregó que aceptaba el premio como un “llamamiento a la acción” para que, entre otras cosas, la comunidad internacional trabaje en conjunto para resolver problemas como el cambio climático, la proliferación nuclear y el conflicto árabe – israelí en el Medio Oriente. “Para ser honesto”, dijo Obama, “no creo merecerme estar en compañía de todas aquellas figuras transformadoras que han sido honradas con este premio”.

Con esta decisión Barack Obama es el tercer presidente estadounidense que recibe el premio durante su mandato constitucional después de Theodore Roosevelt en 1906 y Woodrow Wilson en 1919. Como era previsible, las críticas no se hicieron esperar. Voces dentro y fuera de Estados Unidos han puesto en entredicho esta decisión desde distintos puntos de vista. Unos señalan que es un premio otorgado sólo con base en intenciones, otros mantienen que se trata de una decisión con oscuros fines políticos y no falta quien menciona que el Premio es más un repudio a antecesor que un reconocimiento concreto al trabajo de Obama. Y sin embargo, el propio presidente del Comité del Nobel de la Paz ha lanzado una pregunta muy importante que justifica por mucho este galardón. Jagland afirmó “Alfred Nobel escribió que el premio debería ser para aquella persona que más hubiera contribuido al desarrollo de la paz en el año previo. Por tanto, ¿quién ha hecho más que Barack Obama?”. Esta pregunta, en efecto, nos remite a una realidad palpable: hoy el mundo puede tener prácticamente los mismos conflictos pero un nivel inferior de tensiones que hace un año y esto, en buena medida, es gracias a los esfuerzos de una nueva administración estadounidense. La decisión de reconstruir las relaciones entre Estados Unidos y el mundo musulmán, la distensión que ha significado el rechazo al escudo antimisiles que el ex presidente Bush pretendía construir en Europa Oriental, las determinaciones sobre la cárcel de Guantánamo y el giro en la estrategia contra el terrorismo han aliviado buena parte de estas tensiones.

Las intenciones, por lo tanto, no son tan sólo eso. Representan un compromiso que con el Premio en la mano será difícil rehuir. En ese sentido, el Premio Nobel de la Paz lejos de ser solamente un reconocimiento es también una condecoración que responsabiliza aún más al presidente estadounidense con los valores de la paz, la cooperación, la diplomacia y el derecho internacional. De entrada será un incentivo mayor para el galardonado a fin de condensar un compromiso global en contra el cambio climático durante la próxima conferencia mundial de Copenhague. Será, además, un aliciente importante para un retiro responsable y acompañado de medidas para el restablecimiento de la normalidad en Irak, para una nueva ronda de negociaciones en el conflicto palestino, para un eficaz replanteamiento de la economía global luego de la crisis financiera, para el mejoramiento de los dañados vínculos transatlánticos, para la implementación de una nueva visión sobre el desarme internacional y, por supuesto, para una nueva relación entre Estados Unidos y América Latina. Por ello, Obama no sólo merecía el Premio sino que el mundo necesitaba que lo recibiera para construir una mejor perspectiva sobre una paz estable y duradera ante multiples desafíos globales.

Artículo publicado el pasado 17 de octubre en Milenio Diario EdoMéx

El robo de vehículos en el Estado de México

En fechas recientes, una de las expresiones delincuenciales más nocivas para la sociedad -el robo de autos- ha venido aumentando en niveles francamente alarmantes en el Estado de México. Diariamente, según cifras oficiales, se registran entre 125 y 130 robos de autos en la entidad, aproximadamente el 35% de ellos con altos niveles de violencia. Además, de acuerdo con estadísticas provenientes de la Fiscalía Especial para Combatir los Delitos relacionados con el Transporte, este año se registra una tendencia a la alza con más de 16 mil averiguaciones previas, lo cual supone un incremento del 13% con respecto al mismo periodo en el año 2008. En ese sentido, las autoridades han mencionado que tan sólo el 35% de los vehículos robados cuenta con seguro lo cual hace aún más nocivo este delito. Aunque en lo que va del año se han recuperado más de 2 mil vehículos, muchos de ellos no son reclamados  toda vez que nunca fueron objeto de una denuncia judicial.  Si bien el Distrito Federal cuenta con el mayor porcentaje de robo de vehículos -con el 34 por ciento- , el Estado de México prácticamente ha llegado a un nivel similar con el 31% seguido muy de lejos por Nuevo León con el 14%  y Chihuahua y Jalisco con un 10% respectivamente.  Por supuesto, este fenómeno requiere de una política consistente a nivel local para darle fin. Es indispensable mejorar los sistemas de vigilancia, por ejemplo mediante el aumento de colocación de cámaras de video, y aumentar las penas a quienes cometan este ilícito en nuestra demarcación a fin de que, por ejemplo, se conviertan sin excepción en delitos graves sin derecho a fianza. Habría que hacer, además, un esfuerzo para fortalecer un mecanismo de alerta temprana que opere en estos casos.

Sin embargo, el robo de vehículos también tiene que ver con redes nacionales y transnacionales que operan con impunidad disfrutando de altos grados de convivencia con algunas autoridades. Algunas de ellas se concentran en el robo de vehículos de lujo y cuentan con una red capaz de “maquillarlos”, es decir alterar algunos elementos que hacen posible su identificación, y de contactar directamente con compradores en México o el extranjero. En nuestro país, operan bandas que son capaces de enviar los vehículos robados, en pocos días e incluso horas, a distintos puntos ilegales de venta en Centro, Sudamérica y Europa. Vehículos robados en México se han encontrado en países tan remotos como Rusia, Bulgaria o Finlandia. En Finlandia, precisamente, se encontró un automóvil Mercedes Benz robado en la zona conurbada del Estado de México, mismo que fue  recuperado en 2008 gracias a un Convenio firmado con la INTERPOL.

Por supuesto, en la cadena delictiva, el robo de vehículos debe ser visto como una prioridad para prevenir otros delitos. Y es que en vehículos robados se transporta droga y mercancía ilegal y en ellos los delincuentes perpetran otros crímenes, especialmente el secuestro y el robo a casa habitación.

Recientemente, el caso de “El Lobo” ejemplifica muy bien parte de esta realidad. En efecto, Joel Alejandro Valladolid Hernández intentó robar en septiembre del 2007 el automóvil del Procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera. Recientemente detenido a bordo de un vehículo robado en la colonia La Perla, en Nezahualcóyotl, el delincuente confirmó dedicarse al robo de vehículos en el Estado de México y el Distrito Federal, pero también a otros delitos. De hecho, “El Lobo” enfrentó un proceso por homicidio y cuenta con un amplio historial criminal. Lo peor del caso, sin embargo, es que su detención fue producto de la casualidad y no de una investigación seria y profesional como la que debería darse en la persecución de este tipo de ilícitos.

Por todo lo antes dicho, es necesario que en el contexto actual de crisis económica -que exige más sacrificios de los mexiquenses para hacerse de un patrimonio, por ejemplo, adquirir un automóvil- se presenta la urgente necesidad de que el Gobierno Estatal trabaje en una estrategia bien estructurada y efectiva, a fin de combatir esta terrible expresión de la delincuencia y que nuestro derecho a la seguridad se vea garantizado.

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Artículo publicado el pasado 10 de octubre en Milenio Diario EdoMéx

Sucesión en la CNDH

Ilustración: WordPress.com

Una vez más, y en observancia del mandato constitucional correspondiente, se acerca el proceso mediante el cual el Senado de la República elegirá alnuevo Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el periodo 2009-2014. La importancia de este proceso es evidente en virtud de la relevancia intrínseca de este órgano autónomo. La creación de la CNDH en 1992,  y más aún, su evolución a órgano no jurisdiccional del Estado Mexicano en 1999, fueron capítulos cruciales en nuestra transición a la democracia. A partir de entonces, la creación de la figura del Ombudsman, la estructura de las cinco visitadurías y el sistema de quejas, recomendaciones y observaciones públicas introdujo a nuestro país al grupo de países que cuentan con Defensorías del Pueblo o estructuras autónomas para proteger los derechos esenciales de los ciudadanos en su interacción con el Estado. Sin la participación activa de la CNDH señalando abusos, recomendando cambios de fondo, atendiendo peticiones ciudadanas, conciliando conflictos y monitoreando la situación de distintos grupos y zonas de vulnerabilidad en esta materia, no se entiende la actualidad política y social de nuestro país.

Sin embargo, la trascendencia de esta sucesión en particular es aún mayor a causa de dos circunstancias especiales. En primer lugar, la situación de los derechos humanos en nuestro país ha mejorado sustancialmente con el devenir de los años. Hay un consenso prácticamente generalizado según el cual a partir del año 2000 las instituciones del Estado mexicano se han hecho mucho más conscientes de la necesidad de proteger los derechos humanos y colaborar de cerca con los organismos públicos, nacionales e internacionales, así como con las organizaciones de la sociedad civil en su activa promoción. Sin embargo, aun estamos lejos de una situación idónea en este sentido. El diagnóstico de los derechos humanos en nuestro país señala aún grandes espacios de impunidad, vacíos graves en la impartición de justicia, vicios del pasado que son aún vigentes sobretodo en comunidades marginadas, patrones de abuso que algunas autoridades no hacen sino perpetuar y condiciones estructurales que hacen muy difícil el trabajo de las redes de protección de los derechos humanos.  El reciente caso de doña Jacinta Marcial, condenada en un proceso colmado de irregularidades  a 21 años de prisión por un delito que evidentemente no cometió, y liberada tras tres años de detención arbitraria, es tan sólo una muestra de que esta es otra de nuestras asignaturas pendientes. A este contexto habría que agregar que hay actores políticos que insisten en contrarreformas que atentan directamente contra los derechos esenciales, grupos que pugnan por hacerlos a un lado al proponer acciones regresivas en distintos rubros y otros más que siguen visualizando a los derechos humanos como un obstáculo para hacer cumplir la ley o preservar el orden.

A la importantísima tarea de coadyuvar con el Poder Legislativo a armonizar, en nuestro derecho interno, buena parte de las disposiciones pro homine que se encuentran en los tratados que nuestro país ha ratificado, se suman una serie de desafíos prácticos que convocarán al nuevo presidente de la CNDH a vigilar incansablemente temas tan vigentes como acuciantes. Destacan los temas de la frontera sur y los derechos humanos de los migrantes, la protección de los derechos de la infancia, el combate a la violencia de género, la trata de personas y la explotación sexual, entre muchos otros que ya alcanzan proporciones alarmantes.

En segundo lugar, esta transición al frente de la CNDH es relevante toda vez que en el Poder Legislativo visualizamos como prioridad una reforma que, entre otros elementos, eleve a rango constitucional la protección de los derechos humanos – a fin de hacerlos plenamente exigibles- los convierta además en ejes rectores de la educación y la política exterior de México así como establecer mecanismos para que las personas recurran a tribunales mediante el recurso de amparo cuando consideren que les han sido vulnerados. Además la reforma debería plantearse el fortalecimiento de la propia CNDH y su transformación en un organismo más eficaz y al mismo tiempo más austero. En efecto, la reforma vendría a cambiar muchas de las omisiones de nuestra Constitución que, en el pasado, sirvieron a la conformación de un régimen autoritario que limitaba las libertades, ocultaba al mundo la realidad nacional e inhibía la formación de ciudadanos conscientes de su papel como sujetos de derechos inalienables.

De ahí la importancia de que este proceso se haga con la mayor transparencia  y apertura, ponderando los méritos profesionales de cada candidato y sus respectivas visiones sobre los derechos humanos en nuestro país, evaluando el desempeño de cada aspirante en tareas relacionadas con estos temas y observando minuciosamente que cumplan con los requisitos de la convocatoria. Por ello, invito a todos aquellos mexicanos y mexicanas que cumplan con el perfil delineado por la convocatoria y que cuenten con una verdadera vocación para defender y ampliar la esfera de los derechos humanos, a que se registren antes del 9 de octubre y contribuyan así, desde su trinchera, a consolidar un auténtico estado democrático y de derecho.

Artículo publicado el pasado 3 de octubre del 2009 en Milenio Diario Estado de México

El Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas

El pasado 23 de septiembre se conmemoró, en prácticamente todo el mundo, el Día Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas. La importancia de divulgar esta cruzada es evidente en la medida en que se trata de dos fenómenos –profundamente asociados entre sí- que día con día cobran numerosas víctimas y lastiman a amplias franjas de la población más vulnerable en nuestras sociedades. Además, se trata de problemas que lejos de estar plenamente resueltos desafían la capacidad de las autoridades nacionales e internacionales para hacerles frente.

A 10 años de la conferencia de Bangladesh –donde se llevó a cabo la Conferencia Mundial de la Coalición contra el tráfico de Personas y a partir de la cual esta conmemoración anual tiene lugar- los retos son mayúsculos. La trata de personas y la explotación sexual son prácticas a partir de las cuales se benefician poderosas redes transnacionales del crimen las cuales obtienen ganancias multimillonarias que, entre otras cosas, les permiten corromper autoridades y conquistar grandes áreas de impunidad.  Y lo que es más grave aún, muchas de estas redes operan impunemente en distintos países del mundo en consecuencia de la indiferencia que han adoptado sus respectivas sociedades frente a este flagelo. En ocasiones, aduciendo reglas no escritas o cierto “relativismo cultural”, los abusos, la explotación y distintas formas de agresión contra las mujeres y los niños son prácticas comunes y ampliamente toleradas.

Foto: www.elespectador.com

De acuerdo con distintas estimaciones las actividades relacionadas con estos ilícitos tales como el turismo sexual, la pornografía infantil y el trabajo forzoso se calculan económicamente en 32 mil millones de dólares anuales, sin tomar en cuenta el costo que para los países más afectados representan los gravísimos e irreversibles daños físicos, psicológicos y sociales de las víctimas.

La esclavitud del siglo XXI –como algunos la han denominado- se beneficia además de su carácter subrepticio y del apoyo que recibe de ciertos grupos de considerable poderío económico. De acuerdo con un reciente reporte del Departamento del Trabajo del Gobierno estadounidense, hay más de 58 países en donde niños, hombres y mujeres, prácticamente esclavizados cosen prendas de vestir, cosechan café, recolectan productos mineros y elaboran ladrillos. Son en total 122 productos en 58 países del mundo que se venden en buena parte del planeta. Pero eso tan sólo en lo que respecta a esta faceta de la explotación. Hablando de explotación sexual, 4 millones de mujeres y niñas son reclutadas anualmente para prostituirse y muchas más son víctimas de abusos permanentes sin que deriven jamás en una denuncia judicial.

En México hay avances sustanciales pero retos y omisiones aún muy graves. La estructura institucional y legal para dar la batalla contra estos lastres se ha fortalecido recientemente y sin embargo su pleno aprovechamiento está lejos de ser satisfactorio. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, informó recientemente que de enero de 2008 a la fecha, la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas (FEVIMTRA) ha atendido a 48 víctimas y puesto en marcha 39 averiguaciones previas. Aunque ya estableció un programa para generar acciones de prevención y capacitar a los ministerios públicos en estas materias, el número de casos es indicativo no de nuestro avance sino de nuestro rezago. Casos emblemáticos como el de “Casitas del Sur”, entre otros, reflejan muy bien el reto que entraña para la impartición de justicia en nuestro país. Además, nuestra triple condición de país de envío, recepción y tránsito de migrantes complican mucho más nuestra situación.  Cientos de miles de personas cruzan la frontera norte del país como víctimas de ese delito y cientos de miles más llegan a México en la misma calidad. Para clarificarlo basta un botón de muestra. Tan sólo en México hay, según el INEGI, 16 mil menores -mexicanos y extranjeros- en las garras del turismo sexual y la pornografía.

Saltan a la vista, por tanto, los desafíos que enfrentamos en esta materia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha venido insistiendo en la necesidad de que el país desarrolle sistemas de seguimiento y sistematización de la información para combatir estos delitos. Además, distintas organizaciones no gubernamentales han señalado que es necesario homologar la legislación penal en las 32 entidades federativas para una eficaz coordinación en la persecución y prevención de estas prácticas. Desde luego, hacen falta más y mejores campañas de difusión sobre trata de personas para sensibilizar a la población sobre la importancia de denunciar y rechazar este fenómeno. Sin menoscabo de los esfuerzos nacionales hay que emprender nuevos mecanismos de cooperación internacional. Especialmente uno con los Estados Unidos para dar fin a la triste situación actual en la que nuestro país es el segundo- después de Tailandia- que más víctimas de trata le provee.  Pero antes que todo esto, lo prioritario en esta lucha tendría que ser una transformación cultural de fondo para que en ninguna familia, institución, grupo étnico, religioso o social de este país, se tolere la trata o la explotación en cualquiera de sus múltiples y nocivas modalidades.

Artículo publicado el pasado 26 de septiembre en Milenio Diario del EdoMéx

El PAN a 70 años de su fundación

Foto: Rodolfo Valtierra

Hace exactamente setenta años, un grupo de mexicanos descontentos con el régimen autoritario que comenzaba a gestarse en México,  fundaron el Partido Acción Nacional. Bajo el liderazgo bifronte de Don Manuel Gómez Morín y Don Efraín González Luna, el PAN fue creado con un objetivo en mente quizá más trascendental que la propia conquista del poder. La idea fundamental era crear ciudadanía, forjar una cultura política democrática, convertir a los militantes en soldados de una transición política pacífica y gradual hacia un pluralismo mayor basado en principios éticos sobre el quehacer público y la responsabilidad de gobernar. Alguna vez, Don Adolfo Christlieb, Presidente Nacional del PAN de 1962 a 1968, señaló que entre las tareas más importantes del partido se encontraban las de orientar a la opinión pública frente a la información oficial, vigilar y criticar al poder político desde una visión distinta sobre los problemas nacionales, ofrecer soluciones alternativas a los mismos y emprender la preparación de los ciudadanos para que, en un futuro, pudieran asumir el poder.

Por tanto el PAN se convirtió en una fuerza opositora, responsable y reformista, que aportó mucho al desarrollo político e institucional de México. Sin el PAN, así como sin los partidos de izquierda, la transición democrática que vive nuestro país hoy sería prácticamente imposible.  El PAN fue siempre una alternativa clara a la ideología dominante, puso el énfasis en las libertades cívicas y en los derechos humanos como contrapunto al autoritarismo y la arbitrariedad de los gobiernos emanados del PRI, fue una fuerza transformadora de la sociedad mexicana enfatizando la importancia del bien común y su participación legislativa fue crucial para promover cambios trascendentales para el país.

Por supuesto, esto no siempre fue fácil. Acción Nacional perseveró cuando el ideal democrático parecía imposible, combatió el fraude electoral y la hegemonía de un partido que fue creado desde el poder y fue un actor primordial para garantizar una transición pacífica en el año 2000.

Como se ha venido mencionando, el setenta aniversario del partido no puede encontrarlo en mejor momento. El PAN encabeza el Gobierno Federal, los gobiernos de 9 estados de la Federación, 495 presidencias municipales y muchos otros espacios de toma de decisiones. El PAN tiene, además, la mayoría en la Cámara de Senadores, cuenta con 143 diputaciones federales y 340 diputaciones locales en toda la República.

El panismo gobierna y ha rendido, en lo general, buenos resultados. Es justo reconocerlo. Pero es igualmente justo hacer una pausa en el camino y efectuar una reflexión autocrítica.  El ejercicio del poder impacta sobre la imagen y la eficacia de cualquier partido político en el mundo. Existe un desgaste natural y yerros que están a la vista de todos. El equilibrio entre el pragmatismo y la doctrina sigue siendo un dilema que en el PAN aun no resolvemos del todo. Corremos el riesgo de ver diluida nuestra identidad y de repetir conductas a las que históricamente nos opusimos. De ahí la importancia de hacer un esfuerzo mayúsculo y atender la importante convocatoria que a los panistas nos ha hecho nuestro Presidente Nacional. César Nava enumera 10 compromisos para renovar y modernizar pero también, de cierta forma, hacer volver al PAN a sus orígenes.

Se trata de fortalecer la estructura interna de nuestro partido para conseguir una verdadera presencia nacional, formar a nuevas generaciones de líderes y transformar nuestros procesos de afiliación para atraer a los mejores ciudadanos quienes, electos democráticamente, se convertirán en candidatos idóneos por su perfil independiente y representativo de los distintos sectores sociales. Además, toca al PAN atajar de lleno los actos de corrupción en los que incurren militantes y funcionarios panistas mediante la aplicación sistemática de nuestra normatividad interna para sancionarlos sin excepciones así como cerrar el paso a las autoridades caciquiles que impiden en distintos estados de la República la celebración de elecciones democráticas y equitativas.

El reto tiene que ver, además, con construir un nuevo modelo de ejercicio público que haga evidente la aportación panista en los tres órdenes de gobierno, que priorice una agenda social contra la pobreza y por el desarrollo integral de los mexicanos y que impulse una agenda antimonopólica  a favor de la competitividad de nuestro país.

Y yo agregaría, desde las respectivas responsabilidades de partido y gobierno, abordar en este trienio que comienza las reformas que urgen a México por sus efectos sobre el bienestar de la población. Me refiero, entre otras, a la reforma educativa, otro emblema que históricamente ha abanderado Acción Nacional desde hace setenta años.

Esos serian, desde mi punto de vista, los mejores regalos que podríamos darle a nuestro querido Acción Nacional para celebrar el legado de sus fundadores y el ideario que nos da sustento.

Artículo publicado el pasado 19 de septiembre de 2009 en Milenio Diario, Estado de México

Zonas de desastre en el Estado de México

La semana pasada en este espacio abordamos los efectos de la prolongada sequía en nuestro país y nos referíamos a la escasez de agua que azota y continúa afectando al Distrito Federal y el Estado de México. Paradójicamente, las torrenciales lluvias que se registraron el domingo pasado provocaron un desastre de enormes proporciones en distintos municipios mexiquenses. La tormenta logró acumulaciones de hasta 110 litros de agua por metro cuadrado y dejó bajo el agua más de 2 mil viviendas, locales comerciales, hospitales, escuelas y prácticamente buena parte de las colonias y fraccionamientos privados de Atizapán, Tultitlán y Tlalnepantla, especialmente en Valle Dorado, que quedó prácticamente devastado, y donde miles de familias lo perdieron todo. La tormenta abrió un boquete de aproximadamente 45 metros de largo en la tubería del Emisor Poniente, parte fundamental del Sistema de Desagüe del Valle de México y que, a diferencia de otros, estaba exclusivamente destinado a desalojar aguas pluviales para evitar inundaciones. Además, en Atizapán se desbordaron los ríos Moritas, Cóporo, San Javier y el propio canal del municipio. El centro de Atizapán, permaneció incomunicado y completamente inundados el Palacio Municipal y el Hospital Salvador González Herrejón. En el referido municipio, manzanas enteras de Valle Dorado, Arboledas y en muchas otras demarcaciones del norponiente del estado, se siguen viviendo horas de angustia por esta proliferación de aguas negras y pluviales.

En consecuencia, personal del Ejército mexicano se vio en la necesidad de aplicar el plan DN-III en auxilio a la población afectada, personal de Protección Civil, cuerpos policíacos y de bomberos han venido rescatando a la población que quedó prácticamente atrapada y más de 200 médicos y enfermeras han comenzado a vacunar a las víctimas contra el tétanos, la hepatitis y otras enfermedades infecciosas que se propagan con facilidad en situaciones similares.

A tres fallecimientos, se suman cuantiosas pérdidas materiales y una situación alarmante por sus implicaciones en materia de salud pública, seguridad, servicios básicos e infraestructura. Mientras continúan las obras de limpieza, el gobierno estatal en coordinación con el gobierno federal han venido evaluando los daños y ejecutando las primeras acciones encaminadas a reparar los daños y resarcir, en lo posible, a las víctimas.

Desde el Senado de la República, en virtud de una proposición con punto de acuerdo que presenté ante la asamblea el pasado martes 8 de septiembre del presente año, exhortamos al Ejecutivo Federal a efectuar la declaratoria de zona de desastres para los municipios afectados a fin de que se liberasen los recursos necesarios para hacer frente a la contingencia a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). En consecuencia, la Secretaría de Gobernación emitió ya la declaratoria de desastre natural para las colonias afectadas y dispuso la liberación de recursos del FONDEN para atender las necesidades más apremiantes de los damnificados. Esto de manera adicional a los fondos de ayuda directa que ha ofrecido el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado a través de la Comisión Nacional de Vivienda, el Fondo de Empresas y otros mecanismos para ayudar a los habitantes de estos municipios a recuperarse de esta calamidad, reparar sus inmuebles y en cierta medida volver a la normalidad.

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Sin embargo, esta catástrofe habla de la relevancia que tiene el tema del agua para la acción cotidiana de gobierno. No basta con atender oportunamente este tipo de emergencias. Es necesario prevenir, con inversión y obras públicas, la incidencia de este tipo de siniestros.

Es importante que todos los niveles de gobierno y las distintas dependencias involucradas con este tipo de asuntos, cobren conciencia de la gran prioridad que representa un eficaz y sistemático mantenimiento de la infraestructura hidráulica en el subsuelo. Es necesario insistir en la construcción de un nuevo Emisor para captar la totalidad de agua en caso de trombas como éstas y aprovechar de la forma más óptima posible el agua pluvial. Ello, a fin de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos del estado de México y evitar que en lo sucesivo las familias mexiquenses vuelvan a perder parte de su patrimonio.

Es también primordial entender que la abundancia de agua residual y la escasez de agua potable son caras de la misma moneda y que, por tanto, para el bienestar de los mexicanos es fundamental impulsar juntos acciones inmediatas, Gobierno y sociedad, Ejecutivo y Legislativo, autoridades federales, estatales y municipales, para garantizar una eficaz administración del agua en nuestro país.

Finalmente y no menos importante, al gobierno del Estado de México toca hacer su parte y dejar de lado la comunicación social y las relaciones públicas para dar sustento a una acción de gobierno que hoy está siendo severamente cuestionada por los damnificados.

Artículo publicado el pasado 12 de septiembre de 2009 en Mileno Diario, EdoMéx

El desafío del agua en México

Tal y como lo mencionó el Presidente Calderón durante su Tercer Informe de Gobierno, México vive lo que puede llegar a ser la peor sequía en 60 años. Esto, por supuesto, tiene un impacto negativo en la producción agrícola y ganadera, pero obviamente devela un problema aún mayor: la escasez del agua para el uso humano en la República Mexicana y una situación especialmente crítica en la Ciudad de México y el área metropolitana. De acuerdo con el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, los cortes de agua que se han registrado recientemente tienen el objetivo de ahorrarla y almacenarla para usarse durante el periodo de enero-mayo, temporada en la que se prevé dejará de llover y para la cual no hay suficiente líquido. Esto implica que ceteris paribus, sin ahorros, inversiones, mejoras hidráulicas y tecnológicas, la ciudad de México y algunas zonas del Estado de México se quedarían prácticamente sin agua en algún momento del 2010.

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Las siete presas que conforman el denominado Sistema Cutzamala –y que abastecen una parte del agua que se consume en el Distrito Federal y especialmente la zona oriente del Estado de México- están a un nivel global del 44% de su capacidad y, algunas de ellas, como la de Villa Victoria, está apenas en alrededor del 23% por lo que la Comisión Nacional del Agua la ha cerrado a fin de permitir que aumente su nivel de almacenamiento. En consecuencia, algunas delegaciones del Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México sufren de cortes de agua de entre el 30% y el 40% del flujo usual que, en los casos más extremos, llega a privarles de ella hasta por cuatro días a la semana.

A nivel nacional se contabiliza una reducción de prácticamente 398 milímetros de agua. De enero a julio sólo llovió un total de 364 milímetros en el contexto de una media histórica aproximada de 762 milímetros. Por tanto, ha llovido un 34% menos que en años anteriores.

La razón primordial de esta crisis tiene que ver, aunque no exclusivamente, con fenómenos asociados al cambio climático. De acuerdo con el secretario del Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada, la baja precipitación pluvial que hemos venido experimentando es una situación que regularmente se presenta cada nueve años a partir del fenómeno denominado como “El Niño”. De ahí la importancia de que sociedad y gobierno unamos esfuerzos para ahorrar el agua que será crucial para nuestro abasto en mayo o junio del próximo año. Es necesario, por ejemplo, cambiar nuestras regaderas, reducir nuestro tiempo en la ducha y en general transformar muchos de nuestros malos hábitos que no permiten un uso racional de este bien tan vital como escaso.

Sin embargo, esto no significa dejar de identificar un esfuerzo igualmente fundamental. Me refiero al esfuerzo legislativo y de políticas públicas que hay que emprender en esta materia. Aquí cobra relevancia la convocatoria que distintos expertos han lanzado al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales a fin de generar un Plan Hídrico Sustentable que convierta al agua en una prioridad presupuestaria, en un bien público al que todos los mexicanos tengan pleno acceso y en una herramienta fundamental para el desarrollo nacional. Mediante programas de esta naturaleza, podrían establecerse nuevos sistemas de recolección del agua de lluvia, nuevas obras hidráulicas que con tecnología permitan su potabilización y un regular desazolve de las tuberías, nuevas inversiones en el rubro que de manera indirecta garanticen el abasto para la producción agrícola y ganadera, mejoras en el sistema de cobro de agua para reducir en zonas urbanas el subsidio sobre su precio real –lo cual dicho sea de paso concientizaría a la población sobre la necesidad de cuidarla-,  así como establecer mayores multas y penalizaciones a quienes la desperdician. Esto implicaría también homologar el costo del agua en las distintas entidades de la República y probablemente dejar de otorgar esa facultad –la de decidir incrementos en las tarifas- a los gobiernos locales. No es razonable que en la Ciudad de México se paguen 2.50 pesos por metro cúbico mientras que en Aguascalientes o Baja California se paguen prácticamente 15 pesos.

Y es que, dejando de lado los catastrofismos y la politización que irresponsablemente algunos actores han venido promoviendo al discutir sobre este tema, la dotación de agua para la población es un tema de derechos esenciales pero también de seguridad nacional.

En el mundo, el agua es un recurso estratégico, caro y escaso que, como el petróleo, empieza a provocar severos conflictos de toda índole. Por ello, es importante que los actores políticos hagamos a un lado nuestras diferencias ideológicas y trabajemos codo a codo para superar este inmenso desafío. Sin agua, decía Carlos Castillo Peraza, se ahoga cualquier democracia. No permitamos que las próximas generaciones sufran de la escasez de un bien que alguna vez abundó y que es clave para la gobernabilidad, el desarrollo y la competitividad de México.

Artículo publicado el pasado 5 de septiembre en Milenio diario EdoMéx

La Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Foto: www.noticiasdealava.com | "Hoja de Ruta de Bali"

Del día 7 al 13 de diciembre de 2009, en Copenhague, tendrá lugar la Conferencia Mundial de la ONU sobre Cambio Climático, ocasión que reunirá al mayor número de estadistas hasta el momento para debatir ese tema. Durante esta Cumbre se dará seguimiento a la denominada hoja de ruta de Bali –sobre mitigación, adaptación, finanzas y tecnología para combatir el cambio climático- y se buscará específicamente resolver cuatro preguntas que ha lanzado a la comunidad participante Yvo de Boer, jefe sobre asuntos ambientales de la ONU: 1) ¿En qué medida los países industrializados cooperarán para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero?, 2) ¿En qué proporción los mayores países en desarrollo como China e India harán lo propio?, 3) ¿Cómo se financiarán los esfuerzos de los países en desarrollo para adaptar sus procesos industriales a la reducción de emisiones de gases contaminantes? y finalmente 4) ¿Cómo se administrará ese dinero? Aunque ese sería el estándar mínimo de éxito para la Cumbre, de Boer ha señalado que es altamente probable la firma de un Protocolo de Kyoto II que reemplace, en 2012, aquel que entró en vigor en febrero de 2005.

En general, es evidente cierto optimismo con respecto al cumplimiento de estos compromisos. En buena medida este estado de ánimo proviene de un cambio programático e ideológico de gran envergadura en la administración estadounidense. Barack Obama, bajo la influencia de su secretario de energía, el premio nobel Steven Chu, se ha convertido en un impulsor de acuerdos internacionales en materia ambiental y ha dejado atrás la reticencia del gobierno de Bush a comprometerse en la reducción de gases y en la financiación de amplios proyectos para la generación de energías alternativas. Obama, además, ha mostrado una gran capacidad de interlocución con chinos e indios, lo cual podría convencerles de cooperar más en estos asuntos. Bajo su liderazgo, el Protocolo de Kyoto II puede llegar a ser una realidad. La Unión Europea se ha fijado un objetivo de recorte de emisiones de 20% que podría incluso llegar al 30% de acuerdo con lo expresado por la actual presidencia sueca de la Unión. Si ese compromiso se extendiera a Estados Unidos, China e India, el futuro sería francamente promisorio.

Pero no todo el escenario es alentador. La crisis económica ha golpeado fuertemente la inversión que países en desarrollo efectuaban para generar fuentes renovables de energía. La reducción de los precios del petróleo ha generado también una fuerte presión financiera sobre proyectos contra el cambio climático cuya prioridad disminuye en los presupuestos públicos.

Esta precariedad presupuestal y política no se corresponde con el sentido de la urgencia que deberían generar los datos con que contamos sobre el cambio climático y sus efectos. Alrededor de 325 millones de personas se ven fuertemente afectadas por el cambio climático y aproximadamente 310 mil personas mueren anualmente por fenómenos causados o asociados al calentamiento global como hambre, enfermedades y fenómenos meteorológicos extremos. De acuerdo con información de la Comisión Europea, las pérdidas económicas que el cambio climático genera llegan ya a los 125 mil millones de dólares anuales y aún resultan imponderables las implicaciones que traerán las nuevas lluvias torrenciales, las olas de calor extremo, el descongelamiento del Ártico y las migraciones forzadas a causa de este grave trastorno ambiental ocasionado por el hombre. Además del impacto en los ecosistemas, se prevé la extinción de animales y plantas, la disminución en la producción de alimentos a escala global y una reducción notable del abasto de agua potable que afectaría a un sexto de la población mundial.

Sin exagerar, el futuro del medio ambiente es lo que estará en juego en Copenhague. México tiene una política sólida en esta materia y propuestas concretas para, por ejemplo, establecer un Fondo Verde encargado del financiamiento de proyectos de eficiencia energética, reforestación, manejo de residuos urbanos, rellenos sanitarios y energías renovables.

Sin duda, nuestra participación será clave para generar un compromiso internacionalmente vinculante así como para mantener y fortalecer nuestro liderazgo en esta materia en América Latina. El papel de México como interlocutor entre el G5 y el G8 también es relevante para convencer a los países desarrollados de la importancia de hacer compromisos ambiciosos para la reducción de emisiones propias y de hacer contribuciones financieras adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo para que todos los países –sin importar su capacidad económica- tengan oportunidad de implementar las mismas medidas contra este flagelo.

Artículo publicado el pasado 29 de agosto de 2009 en Milenio Diario EdoMéx